México, Honduras, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala y Ecuador acordaron este viernes la creación de un Grupo de Acción Inmediata para investigar y castigar a los responsables del accidente en el que 55 migrantes fallecieron y más de un centenar resultaron heridos cuando viajaban a bordo de un tráiler de manera indocumentada hacia Estados Unidos.
➡️ Mayoría de migrantes en accidente de Chiapas eran de Guatemala: FGR
“No toleraremos la impunidad porque es inaceptable que las redes de tráfico de personas sigan siendo responsables de la pérdida de vidas humanas”, afirmó el canciller mexicano Marcelo Ebrard en un mensaje a medios donde estuvo acompañado del canciller de Guatemala, Pedro Brolo, así como de embajadores de Ecuador, Honduras, República Dominicana y Estados Unidos.
Explicó que el Grupo de Acción Inmediata acordado investigará, identificará, detendrá y presentará ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable del accidente.
Agregó que cada país asumirá las investigaciones en su territorio y además de las herramientas de cooperación jurídica, se establecerá un mecanismo para intercambiar información de manera fluida y de manera directa a partir de ayer mismo a fin de presentar a la brevedad resultados a las familias de las víctimas y a la opinión pública en general. Además dijo que el Grupo queda abierto a la participación de cualquier país de la región.
Ebrard Casaubón agregó que la atención de los heridos es y seguirá siendo prioritario para el gobierno mexicano. “El trágico accidente ocurrido ayer en Chiapas ha cobrado la vida hasta ahora de 55 personas de distintas nacionalidades y dejado un saldo de más de un centenar de heridos, todos presuntamente víctimas de una red de tráfico de personas, lamentamos las pérdidas de vidas al tiempo que hacemos votos por la pronta recuperación de los heridos”, dijo.
Por su parte, el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que catalogue el tráfico de personas como un delito federal e incluso lo incorpore como un delito en el tratado de extradición con su país.
“Es un llamado a los gobiernos para endurecer las penas de quienes lucran con la necesidad de personas vulnerables”, afirmó.
