/ sábado 24 de agosto de 2019

Derechos Humanos no son patrimonio de partidos políticos o personas: CNDH

El Ombudsman hizo un llamado a trabajar y respetar la vigencia de las garantías de los ciudadanos

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostuvo que estos derechos “no son patrimonio de partidos políticos, grupos o personas en lo individual”.

También señaló que es responsabilidad de los legisladores trabajar para beneficio de México y de su sociedad, y no para imponer o pretender consolidar planes o programas, políticos o de gobierno.

Durante el informe de actividades legislativas de la senadora Kenia López Rabadán, realizado en la antigua sede del Senado de la República, el Ombudsman hizo un llamado a trabajar y respetar la vigencia de las garantías de los ciudadanos, y sostuvo que la defensa de los derechos humanos “no es algo que distinga o dependa de banderas, colores o partidos".

"Es un obligación y responsabilidad del Estado Mexicano, así como de todos los servidores públicos, quienes tenemos el mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, dijo.

Asimismo, dijo que luchar por los derechos humanos, representa un gran compromiso, e incumben a todos. Por esto, subrayó que, “los derechos humanos no son patrimonio de partidos políticos, grupos o personas en lo individual. Pertenecen y son inherentes a todas las personas, de ahí que estén por encima de cualquier diferendo o interés político, económico o ideológico”.

En este sentido, expuso que los derechos “son unos y son de todas y todos, con independencia de gobiernos o autoridades en el poder”.

“Quienes tienen a su cargo el ejercicio de la función legislativa, tienen la responsabilidad y la capacidad de lograr, mediante la emisión de instrumentos normativos pertinentes y oportunos, que México sea un país donde los derechos humanos tengan un reflejo real en la vida cotidiana de las personas, y en el que la ley sea efectivamente cumplida y aplicada”.

Por esto, dijo que “el Poder Legislativo tiene el deber y la responsabilidad de trabajar para beneficio de México y de su sociedad, no para imponer o pretender consolidar planes o programas, políticos o de gobierno, que lejos de procurar el interés y beneficio general, debiliten las instituciones democráticas y vulneren el reconocimiento y ejercicio de derechos”.

También llamó a que el Poder Legislativo siga siendo, “parte activa y central de nuestro sistema constitucional de pesos y contrapesos, pues afirmó que su tarea requiere autonomía, profesionalismo y un sólido compromiso con la verdad, los conocimientos objetivos y los hechos verificables”.

“Lo hemos señalado: las consignas políticas, las ideologías, las creencias o los deseos y aspiraciones personales o de grupo, no pueden ser la base sobre la que se construyan y emitan nuestras leyes”, dijo.

Por ello, precisó que en su elaboración se escuche a la sociedad, a las organizaciones civiles, a las víctimas, a la academia, a las instituciones y, en general, a los destinatarios de la norma, para que los instrumentos sean lo más adecuados y posibles.

“México requiere espacio de encuentro, respeto, pluralidad, diálogo y desarrollo. No perdamos los existentes”, concluyó.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostuvo que estos derechos “no son patrimonio de partidos políticos, grupos o personas en lo individual”.

También señaló que es responsabilidad de los legisladores trabajar para beneficio de México y de su sociedad, y no para imponer o pretender consolidar planes o programas, políticos o de gobierno.

Durante el informe de actividades legislativas de la senadora Kenia López Rabadán, realizado en la antigua sede del Senado de la República, el Ombudsman hizo un llamado a trabajar y respetar la vigencia de las garantías de los ciudadanos, y sostuvo que la defensa de los derechos humanos “no es algo que distinga o dependa de banderas, colores o partidos".

"Es un obligación y responsabilidad del Estado Mexicano, así como de todos los servidores públicos, quienes tenemos el mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, dijo.

Asimismo, dijo que luchar por los derechos humanos, representa un gran compromiso, e incumben a todos. Por esto, subrayó que, “los derechos humanos no son patrimonio de partidos políticos, grupos o personas en lo individual. Pertenecen y son inherentes a todas las personas, de ahí que estén por encima de cualquier diferendo o interés político, económico o ideológico”.

En este sentido, expuso que los derechos “son unos y son de todas y todos, con independencia de gobiernos o autoridades en el poder”.

“Quienes tienen a su cargo el ejercicio de la función legislativa, tienen la responsabilidad y la capacidad de lograr, mediante la emisión de instrumentos normativos pertinentes y oportunos, que México sea un país donde los derechos humanos tengan un reflejo real en la vida cotidiana de las personas, y en el que la ley sea efectivamente cumplida y aplicada”.

Por esto, dijo que “el Poder Legislativo tiene el deber y la responsabilidad de trabajar para beneficio de México y de su sociedad, no para imponer o pretender consolidar planes o programas, políticos o de gobierno, que lejos de procurar el interés y beneficio general, debiliten las instituciones democráticas y vulneren el reconocimiento y ejercicio de derechos”.

También llamó a que el Poder Legislativo siga siendo, “parte activa y central de nuestro sistema constitucional de pesos y contrapesos, pues afirmó que su tarea requiere autonomía, profesionalismo y un sólido compromiso con la verdad, los conocimientos objetivos y los hechos verificables”.

“Lo hemos señalado: las consignas políticas, las ideologías, las creencias o los deseos y aspiraciones personales o de grupo, no pueden ser la base sobre la que se construyan y emitan nuestras leyes”, dijo.

Por ello, precisó que en su elaboración se escuche a la sociedad, a las organizaciones civiles, a las víctimas, a la academia, a las instituciones y, en general, a los destinatarios de la norma, para que los instrumentos sean lo más adecuados y posibles.

“México requiere espacio de encuentro, respeto, pluralidad, diálogo y desarrollo. No perdamos los existentes”, concluyó.

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