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La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que han interpuesto 183 sanciones económicas con carácter resarcitorio, lo cual se traduce en cinco mil millones de pesos y ha destituido a 100 servidores públicos.
Sostuvo que después del relanzamiento de la dependencia a su cargo, las denuncias se incrementaron 40 por ciento, esto es cerca de 23 mil, y ya realizaron 18 mil investigaciones abiertas de presuntos actos de corrupción del primero de diciembre de 2018 a julio pasado.
Además, se impusieron cerca de dos mil sanciones a más de mil 400 servidores públicos. “Nos hemos concentrado en barrer las escaleras de arriba para abajo”, dijo.
Se refirió a más de 100 destituciones y a la inhabilitación sobre todo de directores, jefes de altos mandos, directores generales.
En conferencia de prensa en el recinto legislativo de San Lázaro al término de la firma del Convenio General de Colaboración con la dependencia a su cargo, adelantó:
“Tenemos nuevos proyectos, nuevas gobernanzas. Aparte de cumplir con la obligación de sancionar, investigar y de aplicar la responsabilidad correspondiente, trabajamos en positivo en el Padrón de Integridad Empresarial”.
Comentó que el tema de las controversias también crece. “Hemos resuelto muchas controversias y, no nos vamos a tener en este tema”.
Aseguró que la SFP ya se ganó la confianza de los ciudadanos. “En muy pocos meses, ni siquiera un año, tenemos cumplidos en este período, en este nuevo gobierno, la Función Pública hoy tiene más confianza ciudadana”.
Sobre el convenio, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmo que éste servirá para castigar a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción.
“Sí no hay castigo, el crimen queda a salvo. Y no he visto que se castigue por denuncia a la Fiscalía, todavía a ningún funcionario”, dijo.
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