La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, junto con especialistas y funcionarios federales, analizan una reforma de ley para crear un Registro nacional de chips de teléfonos móviles, para evitar que estos objetos electrónicos sean utilizados por la delincuencia para cometer delitos como la extorsión a través de llamadas o mensajes de texto.
Esta reforma, aseguran los legisladores, tiene como propósito que el Registro brinde seguridad a la población y, en particular, reduzca los delitos de extorsión; además de buscar regular el uso de chips en telefonía de prepago. Asimismo, se plantea salvaguardar datos de usuarios y subrayaron que de ninguna manera propone limitar el acceso a telecomunicaciones.
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Al realizar el foro virtual sobre “Registro de Usuarios de Telefonía Móvil”, los participantes expresaron sus opiniones en torno a las iniciativas de los diputados: Mario Delgado Carrillo (Morena), Manuel Gómez Ventura (Morena) y Silvano Garay Ulloa (PT), en donde se plantea reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la regulación de la venta de los chips.
En su oportunidad, el presidente de esta Comisión, diputado panista Víctor Manuel Pérez Díaz explicó que el análisis de 3 iniciativas ayudará al órgano que preside, a regular la compra de tarjetas SIM prepago, a fin de conocer quiénes son los dueños de las líneas telefónicas y reducir su uso en actos delictivos. A su vez, mencionó que hay cerca de 140 millones de líneas telefónicas y, de ellas, 122 millones son móviles.
“Nos interesa escuchar todos los puntos de vista sobre cuánto nos cuesta implementarlo y cuánto el no hacerlo”; también expresó que debemos hacer algo para crear un marco jurídico que ayude a solucionar el problema del mal uso de los chips, “pero en el marco del respeto a los derechos humanos; la presunción de inocencia no se puede evadir ni incluir en una iniciativa que pasará a ser política pública; hay que proteger los datos personales y visualizar la factibilidad económica de implementar el registro”, añadió.
Daniel Ríos Villa, vicepresidente de asuntos externos de AT&T México, comentó que distintos países de América Latina han decidido utilizar este registro, pero “no han encontrado evidencia clara ni contundente de que impacten en la reducción de delitos como la extorsión. Añadió que la ley tiene que garantizar la protección de datos personales y para ello es fundamental analizar su diseño “porque son más de cien millones de líneas y se necesita estudiar si es el mecanismo idóneo”.
El director de regulación de América Móvil, Daniel Bernal, consideró que “un registro de esta naturaleza no es una herramienta idónea para la lucha contra la delincuencia” y que todo mecanismo que limite el acceso a los servicios de telecomunicaciones atentará contra el acceso de los ciudadanos a los servicios de comunicaciones que hoy en día son el principal medio de acceso a la educación, salud y trabajo.
