/ martes 30 de abril de 2019

Diputados aprueban Ley de Austeridad Republicana

Dicha norma jurídica establece la obligatoriedad de los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos de dar cumplimiento a este ajuste que exige la nueva Administración Pública federal

Con el objeto de establecer medidas de ahorro en el gasto público y orientarlo a la satisfacción de necesidades generales, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Con 387 votos a favor y 33 en contra, los diputados federales aprobaron la expedición de la Ley federal de austeridad Republicana de Estado, como parte de las propuestas d campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha norma jurídica establece la obligatoriedad de los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos de dar cumplimiento a este ajuste que exige la nueva Administración Pública federal.

Para ello, también se avalaron reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En estas, se busca terminar con los lujos que contaban funcionarios y sus familias a disposición del erario público, así como todos esos privilegios, entre viajes, vehículos de lujo con blindaje, renta de aviones, renta de oficinas, boletos de clase premier, viáticos, seguros médicos, nepotismo y todos los excesos que se criticó en otras administraciones.

Se menciona que esta ley “tendrá por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvará a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”.

Para la vigilancia de la implementación y promoción de estas políticas y medidas de austeridad se formará un Comité de Evaluación.

En caso de encontrar violaciones a dichas medidas deberá iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En sus objetivos se enmarcan a la austeridad como un valor fundamental del servicio público mexicano; establecer las competencias de los entes públicos en la materia; detallar medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales; y crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad republicana.

De acuerdo a estos preceptos, los entes públicos deberán enfocar las medidas de austeridad referente en el gasto corriente no prioritario; prohibir toda duplicidad de funciones en las unidades que las conforman.

Igualmente, contempla que las dependencias y entidades de la Administración Pública no podrán tener sedes en el extranjero debido a que la ejecución de la política exterior, su dirección y administración corresponderá únicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Así mismo se hace hincapié en que no podrán constituir fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni hacer aportaciones o transferencias; al tiempo que estima que la SHCP contará con un sistema de información de los organismos ya existentes que manejen recursos públicos.

Dentro de las medidas de austeridad se prohíbe: la compra o venta de vehículos de lujo para servidores públicos, contrataciones de seguros de ahorro con recursos del Estado, así como exige previa justificación al realizar adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo.

Menciona que los vehículos aéreos propiedad del Ejecutivo Federal serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil así como al traslado de enfermos.

Obliga a las secretarías de la Función Pública y a la de Hacienda y Crédito Público a elaborar y remitir los lineamientos para regular estas medidas.

Para los servidores estima que estos se sujetarán a una remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en los presupuestos de egresos.

que no se autorizarán, por ningún motivo, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado, así como tampoco pensiones al titular del Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Con el objeto de establecer medidas de ahorro en el gasto público y orientarlo a la satisfacción de necesidades generales, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Con 387 votos a favor y 33 en contra, los diputados federales aprobaron la expedición de la Ley federal de austeridad Republicana de Estado, como parte de las propuestas d campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha norma jurídica establece la obligatoriedad de los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos de dar cumplimiento a este ajuste que exige la nueva Administración Pública federal.

Para ello, también se avalaron reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En estas, se busca terminar con los lujos que contaban funcionarios y sus familias a disposición del erario público, así como todos esos privilegios, entre viajes, vehículos de lujo con blindaje, renta de aviones, renta de oficinas, boletos de clase premier, viáticos, seguros médicos, nepotismo y todos los excesos que se criticó en otras administraciones.

Se menciona que esta ley “tendrá por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvará a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”.

Para la vigilancia de la implementación y promoción de estas políticas y medidas de austeridad se formará un Comité de Evaluación.

En caso de encontrar violaciones a dichas medidas deberá iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En sus objetivos se enmarcan a la austeridad como un valor fundamental del servicio público mexicano; establecer las competencias de los entes públicos en la materia; detallar medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales; y crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad republicana.

De acuerdo a estos preceptos, los entes públicos deberán enfocar las medidas de austeridad referente en el gasto corriente no prioritario; prohibir toda duplicidad de funciones en las unidades que las conforman.

Igualmente, contempla que las dependencias y entidades de la Administración Pública no podrán tener sedes en el extranjero debido a que la ejecución de la política exterior, su dirección y administración corresponderá únicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Así mismo se hace hincapié en que no podrán constituir fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni hacer aportaciones o transferencias; al tiempo que estima que la SHCP contará con un sistema de información de los organismos ya existentes que manejen recursos públicos.

Dentro de las medidas de austeridad se prohíbe: la compra o venta de vehículos de lujo para servidores públicos, contrataciones de seguros de ahorro con recursos del Estado, así como exige previa justificación al realizar adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo.

Menciona que los vehículos aéreos propiedad del Ejecutivo Federal serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil así como al traslado de enfermos.

Obliga a las secretarías de la Función Pública y a la de Hacienda y Crédito Público a elaborar y remitir los lineamientos para regular estas medidas.

Para los servidores estima que estos se sujetarán a una remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en los presupuestos de egresos.

que no se autorizarán, por ningún motivo, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado, así como tampoco pensiones al titular del Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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