/ miércoles 17 de febrero de 2021

Aprueban reforma para que el Estado atienda enfermedades mentales y adicciones

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con la mayoría de MORENA y sus aliados

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con la mayoría de MORENA y sus aliados, reformas a la Ley General de Salud para establecer que la salud mental y las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas del Gobierno.

Asimismo, plantean que el Estado “garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y adicciones a las personas en el territorio nacional”.

Sin embargo, la oposición advirtió que esta reforma es un conjunto de buenos deseos que no resuelve el problema de la salud mental ni el de las adicciones en México; sino, por el contrario, confunde el consumo problemático con la salud mental y estigmatiza a las personas al establecer que el consumo de sustancias psicoactivas es causa de trastornos mentales.

Además, la oposición advierte que esta reforma, incluye la posibilidad de que las personas sean, voluntaria o involuntariamente, internadas para su tratamiento violentando sus derechos humanos.

La reforma fue aprobada en lo general por 305 votos a favor de MORENA y sus aliados; 158 en contra de la oposición, principalmente del PAN, PRI, PRD y MC y seis abstenciones y turnada al Senado de la República para su revisión.

Por su parte, a nombre de MORENA, el diputado Jorge Luis Montes Nieves negó que el internamiento involuntario sea violatorio de los derechos humanos y que “es solamente transitorio para salvar la vida de los pacientes y de sus familias en situaciones extraordinarias”.

Sostuvo, además que, este internamiento “no es una constante y no lo establece así el dictamen. Y que es así, de esta manera, en tanto se recobra la capacidad del paciente de decidir sobre su internamiento voluntario”.

Durante el debate de esta reforma, la coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez Piña expresó que el dictamen “actúa desde una perspectiva paternalista” que no resuelve el problema.

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La perredista añadió que la reforma “no atiende de manera adecuada la calidad y el respeto de las garantías de las personas usuarias de los servicios, sino que, al contrario, estigmatiza, discrimina y violenta a las personas con uso problemático de sustancias y establece la grave posibilidad de privar de la libertad a las personas que sufren trastorno mental o tienen problemas con el uso de sustancias psicotrópicas a través de internamiento sin su consentimiento”, indicó la lideresa del PRD en la Cámara baja.

A su vez, a nombre de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), la diputada Martha Tagle Martínez expresó que el dictamen “no cumple ni siquiera con los mínimos básicos que se exigen” para atender las adicciones y enfermedades mentales de las personas, particularmente de las personas con discapacidad.

El dictamen, dijo, “no cumple con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues como se trata de una ley que afecta directamente a personas con discapacidad, necesariamente debieron ser consultados, lo que no ocurrió”.

Asimismo, indicó que esta reforma tampoco es consistente con el derecho al consentimiento informado, pues los supuestos para internamiento de una persona diagnosticada con una adicción, sin su consentimiento informado, “hace que peligre la decisión de la misma persona, al declarar que puede ser ejercido por un representante”, es decir que, ahora plantea extender a personas etiquetadas como adictas, como si tuvieran un trastorno mental.

En su oportunidad el PAN, coincidió con MC y, a través del diputado y médico Éctor Ramírez Barba, expresó que uno de los errores más graves del dictamen es vulnerar el derecho al consentimiento informado de las personas para decidir sobre su internamiento, a recibir tratamiento y establecer medidas coercitivas.

El diputado Ramírez Barba dijo que “no puede ser la Secretaría de Salud la que determine los términos del internamiento involuntario como propone Morena y sus aliados en este dictamen. Es una intervención indebida y violatoria del derecho a decidir y es violatoria de la autonomía de las personas”.

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De acuerdo con el dictamen aprobado, se enfatiza que toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, el sexo, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Además, establece que se entenderá por adicción al consumo repetido de varias sustancias psicoactivas hasta el punto en el que el consumidor se intoxica de forma continua, muestra deseo compulsivo de consumir y dificultad para interrumpir o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio.

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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con la mayoría de MORENA y sus aliados, reformas a la Ley General de Salud para establecer que la salud mental y las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas del Gobierno.

Asimismo, plantean que el Estado “garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y adicciones a las personas en el territorio nacional”.

Sin embargo, la oposición advirtió que esta reforma es un conjunto de buenos deseos que no resuelve el problema de la salud mental ni el de las adicciones en México; sino, por el contrario, confunde el consumo problemático con la salud mental y estigmatiza a las personas al establecer que el consumo de sustancias psicoactivas es causa de trastornos mentales.

Además, la oposición advierte que esta reforma, incluye la posibilidad de que las personas sean, voluntaria o involuntariamente, internadas para su tratamiento violentando sus derechos humanos.

La reforma fue aprobada en lo general por 305 votos a favor de MORENA y sus aliados; 158 en contra de la oposición, principalmente del PAN, PRI, PRD y MC y seis abstenciones y turnada al Senado de la República para su revisión.

Por su parte, a nombre de MORENA, el diputado Jorge Luis Montes Nieves negó que el internamiento involuntario sea violatorio de los derechos humanos y que “es solamente transitorio para salvar la vida de los pacientes y de sus familias en situaciones extraordinarias”.

Sostuvo, además que, este internamiento “no es una constante y no lo establece así el dictamen. Y que es así, de esta manera, en tanto se recobra la capacidad del paciente de decidir sobre su internamiento voluntario”.

Durante el debate de esta reforma, la coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez Piña expresó que el dictamen “actúa desde una perspectiva paternalista” que no resuelve el problema.

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La perredista añadió que la reforma “no atiende de manera adecuada la calidad y el respeto de las garantías de las personas usuarias de los servicios, sino que, al contrario, estigmatiza, discrimina y violenta a las personas con uso problemático de sustancias y establece la grave posibilidad de privar de la libertad a las personas que sufren trastorno mental o tienen problemas con el uso de sustancias psicotrópicas a través de internamiento sin su consentimiento”, indicó la lideresa del PRD en la Cámara baja.

A su vez, a nombre de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), la diputada Martha Tagle Martínez expresó que el dictamen “no cumple ni siquiera con los mínimos básicos que se exigen” para atender las adicciones y enfermedades mentales de las personas, particularmente de las personas con discapacidad.

El dictamen, dijo, “no cumple con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues como se trata de una ley que afecta directamente a personas con discapacidad, necesariamente debieron ser consultados, lo que no ocurrió”.

Asimismo, indicó que esta reforma tampoco es consistente con el derecho al consentimiento informado, pues los supuestos para internamiento de una persona diagnosticada con una adicción, sin su consentimiento informado, “hace que peligre la decisión de la misma persona, al declarar que puede ser ejercido por un representante”, es decir que, ahora plantea extender a personas etiquetadas como adictas, como si tuvieran un trastorno mental.

En su oportunidad el PAN, coincidió con MC y, a través del diputado y médico Éctor Ramírez Barba, expresó que uno de los errores más graves del dictamen es vulnerar el derecho al consentimiento informado de las personas para decidir sobre su internamiento, a recibir tratamiento y establecer medidas coercitivas.

El diputado Ramírez Barba dijo que “no puede ser la Secretaría de Salud la que determine los términos del internamiento involuntario como propone Morena y sus aliados en este dictamen. Es una intervención indebida y violatoria del derecho a decidir y es violatoria de la autonomía de las personas”.

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De acuerdo con el dictamen aprobado, se enfatiza que toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, el sexo, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Además, establece que se entenderá por adicción al consumo repetido de varias sustancias psicoactivas hasta el punto en el que el consumidor se intoxica de forma continua, muestra deseo compulsivo de consumir y dificultad para interrumpir o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio.

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