El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó - con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones - las reformas al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar hasta con siete años de cárcel a quienes bloqueen casetas o vías de comunicación.
Durante la sesión, el Pleno aprobó la modificación presentada por Morena para estipular que se impondrá una sanción de tres meses a siete años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, unos 43 mil 440 pesos como máximo, a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, medios de transporte o interrumpan la construcción de dichas vías, así como aquellos que interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje para obtener un lucro. También a quienes total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte.
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Cabe resaltar que originalmente se planteaban hasta nueve años de prisión y 86 mil 880 pesos de multa, pero Morena decidió reducir esto.
Juanita Guerra, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Justicia, llamó a apoyar el dictamen, pues dijo que su finalidad es otorgar mejores servicios para los usuarios.
Señaló que la toma de casetas es una actividad ilícita que actualmente no cuenta con regulación afectando la seguridad pública y destacó que es necesario legislar en la materia. Además, afirmó que el libre derecho de manifestación se seguirá garantizando.
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El diputado morenista Francisco Javier Borrego Adame aseguró que la toma de las vías de comunicación representan una amenaza a la seguridad nacional y recordó que los bloqueos disfrazados de protesta social afectan a la Hacienda Pública de manera importante, pues esta sufre un detrimento significativo que se refleja en su balanza, asimismo, señaló que la cadena productiva se ve afectada por la falta de insumos o retrasos en la llegada de estos.
Recordó que datos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportan que tan sólo en la Caseta de Peaje de Tlalpan, durante el viernes 2 al domingo 4 de octubre, la afectación patrimonial por las cuotas que se dejaron de cobrar ascendió a más de 2 millones 985 mil 304 pesos por bloqueos y en ese lugar lo que empezó con un peaje libre terminó en un boteo voluntario, lo cual enfatizó no tolera la ciudadanía.
No obstante, durante la discusión legisladores de Morena y el PT se dividieron en dos grupos que confrontaron entre sí, pues argumentaron que esta reforma condenaba la protesta social.
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El diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que no estaba de acuerdo con el desorden que existe en la toma de casetas por grupos de la delincuencia, pero refutó que el dictamen es incorrecto y subrayó que la iniciativa abre el camino a la represión del pueblo.
Advirtió que la reforma le da la espalda a la lucha social y es un despropósito el castigo para integrantes de grupos sociales que alzan la voz para exigir que se resuelvan sus problemáticas.
Igualmente, el diputado morenista Rubén Cayetano García expuso que la iniciativa es de corte neoliberal y está moralmente obligado a votar en contra de la reforma, pues puede ser usada para reprimir movimientos sociales y que se debe privilegiar el diálogo antes que reprimir con cárcel.
Incluso, el panista Jorge Luis Preciado refirió que vale la pena analizar el derecho al libre tránsito y el derecho a la libre manifestación en este dictamen.
Su compañero de bancada, Irán Santiago Manuel, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), adelantó que los diputados afines al magisterio votarían en contra de esta reforma, pues dijo que estaba seguros que este tipo de leyes podían ser usadas en contra.
No obstante, la reforma fue aprobada en lo particular y general, por lo que la Mesa Directiva remitió la minuta a la Cámara de Senadores.
