/ miércoles 27 de marzo de 2019

Diputados perfilan eliminar las evaluaciones a maestros

La CNTE obtendría su principal demanda: suspender las evaluaciones de este año y todos los maestros que perdieron el empleo por los exámenes de años pasados se reintegrarán a su antigua plaza

Luego de días de protestas magisteriales de la CNTE, las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales de San Lázaro perfilan eliminar de la Reforma Educativa la evaluación como requisito para el ingreso y permanencia maestros.

De acuerdo a los artículos transitorios del dictamen de la reforma constitucional en materia educativa, se derogará la Ley del Servicio Profesional Docente, la cual establece que todo maestro que quiera una plaza debería de presentar una evaluación, y aquellos profesores en servicio también tendrían que presentar una para mantenerse al frente de grupo.

También se establece que quedan suspendidas las evaluaciones de este año y todos los maestros que perdieron el empleo por los exámenes de años pasados se reintegrarán a su antigua plaza.

Finalmente, se da a los legisladores 120 días (tras la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación) para publicar las leyes secundarias donde se establecerá el método de asignación de plazas.

Se abroga la Ley del INEE

A partir de la entrada en vigor de la nueva Reforma Educativa, se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efecto, los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarios a este decreto.

El dictamen que se discute en las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se destaca el respeto a los derechos adquiridos por maestros y maestras, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva o con las disposiciones de nueva creación.

Además, en el artículo tercero, quedan sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que afectaron la permanencia de las maestros y maestros en el servicio.

El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del organismo a que se refiere la fracción novena del artículo tercero constitucional, y la Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros, a más tardar en un plazo de 120 días luego de la entrada en vigor del Decreto.

Asimismo, el Congreso deberá expedir las leyes generales en materia de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación a más tardar en el año 2020.

También el Congreso deberá realizar las reformas a la legislación secundaria correspondiente a más tardar en un plazo de 120 días.

Las legislaturas de los estados, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia.

Para la integración de la primera la Junta Directiva del organismo al que se refiere la fracción novena del artículo tercero constitucional, el Senado designará a sus cinco integrantes en un plazo de 30 días naturales.

Los periodos son: dos nombramientos por un periodo de cinco años, dos nombramientos por un periodo de seis años y un nombramiento por un periodo de siete años.

Luego de días de protestas magisteriales de la CNTE, las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales de San Lázaro perfilan eliminar de la Reforma Educativa la evaluación como requisito para el ingreso y permanencia maestros.

De acuerdo a los artículos transitorios del dictamen de la reforma constitucional en materia educativa, se derogará la Ley del Servicio Profesional Docente, la cual establece que todo maestro que quiera una plaza debería de presentar una evaluación, y aquellos profesores en servicio también tendrían que presentar una para mantenerse al frente de grupo.

También se establece que quedan suspendidas las evaluaciones de este año y todos los maestros que perdieron el empleo por los exámenes de años pasados se reintegrarán a su antigua plaza.

Finalmente, se da a los legisladores 120 días (tras la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación) para publicar las leyes secundarias donde se establecerá el método de asignación de plazas.

Se abroga la Ley del INEE

A partir de la entrada en vigor de la nueva Reforma Educativa, se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efecto, los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarios a este decreto.

El dictamen que se discute en las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se destaca el respeto a los derechos adquiridos por maestros y maestras, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva o con las disposiciones de nueva creación.

Además, en el artículo tercero, quedan sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que afectaron la permanencia de las maestros y maestros en el servicio.

El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del organismo a que se refiere la fracción novena del artículo tercero constitucional, y la Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros, a más tardar en un plazo de 120 días luego de la entrada en vigor del Decreto.

Asimismo, el Congreso deberá expedir las leyes generales en materia de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación a más tardar en el año 2020.

También el Congreso deberá realizar las reformas a la legislación secundaria correspondiente a más tardar en un plazo de 120 días.

Las legislaturas de los estados, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia.

Para la integración de la primera la Junta Directiva del organismo al que se refiere la fracción novena del artículo tercero constitucional, el Senado designará a sus cinco integrantes en un plazo de 30 días naturales.

Los periodos son: dos nombramientos por un periodo de cinco años, dos nombramientos por un periodo de seis años y un nombramiento por un periodo de siete años.

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