/ miércoles 30 de junio de 2021

Elecciones 2021 deja 134 denuncias por violencia política de género

La mayor parte de las denuncias fueron de candidatas a diputadas federales. Al interior de los partidos también hubo casos en contra de mujeres

De septiembre de 2020 a junio del año en curso, se han presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 134 denuncias en materia de Violencia Política en Razón de Género (VPRG), de las cuales se determinó la incompetencia en 93 de ellas.

En sesión del Consejo General del organismo, el consejero Ciro Murayama Rendón precisó que se recibieron un total de 27 solicitudes de medidas cautelares; en nueve se determinó la procedencia parcial, en 17 se concluyó la improcedencia y, en un caso, se dejaron las medidas emitidas a otra autoridad, además de que se solicitaron 14 medidas de protección, de las cuales en 12 se negaron por no advertir riesgo.

“La mayor parte de las denuncias fueron de candidatas a diputadas federales, seguidas de militantes de partidos políticos (15) y candidatas a presidencia municipal (13)”, explicó.

Por lo que subrayó que con dichos datos se confirman dos grandes tendencias: que el foco de la violencia política es en el ámbito local e intrapartidista.

En tanto, la presidenta de la de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Carla Humphrey, destacó la importancia de lanzar alertas que permitan atender estos casos, ya que se advierte un incremento considerable en violencia política a pesar de los avances en la materia.

“Es necesario establecer mesas de trabajo entre las autoridades del Estado, los partidos políticos, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas y estrategias que permitan prevenir y atender estos casos”, señaló.

Llamó a los partidos políticos, a la militancia, a la ciudadanía y a las autoridades electorales a “eliminar expresiones violentas y actos tendientes a limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, pues quienes aspiran a cargos de elección popular o quienes ya ocupan un cargo público, tienen derecho al libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas inherentes al cargo que ocupan”.

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Por su parte, la Consejera Dania Ravel destacó que es a nivel local y en la vida interna de los partidos políticos donde se encuentra más violencia política contra las mujeres en razón de género.

“Muchas veces sutil y reiterada y que desafortunadamente aún está profundamente normalizada en distintos ámbitos de nuestra sociedad, por lo que la comisión de este tipo de conductas sigue siendo una desafortunada postal”, añadió.

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De septiembre de 2020 a junio del año en curso, se han presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 134 denuncias en materia de Violencia Política en Razón de Género (VPRG), de las cuales se determinó la incompetencia en 93 de ellas.

En sesión del Consejo General del organismo, el consejero Ciro Murayama Rendón precisó que se recibieron un total de 27 solicitudes de medidas cautelares; en nueve se determinó la procedencia parcial, en 17 se concluyó la improcedencia y, en un caso, se dejaron las medidas emitidas a otra autoridad, además de que se solicitaron 14 medidas de protección, de las cuales en 12 se negaron por no advertir riesgo.

“La mayor parte de las denuncias fueron de candidatas a diputadas federales, seguidas de militantes de partidos políticos (15) y candidatas a presidencia municipal (13)”, explicó.

Por lo que subrayó que con dichos datos se confirman dos grandes tendencias: que el foco de la violencia política es en el ámbito local e intrapartidista.

En tanto, la presidenta de la de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Carla Humphrey, destacó la importancia de lanzar alertas que permitan atender estos casos, ya que se advierte un incremento considerable en violencia política a pesar de los avances en la materia.

“Es necesario establecer mesas de trabajo entre las autoridades del Estado, los partidos políticos, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas y estrategias que permitan prevenir y atender estos casos”, señaló.

Llamó a los partidos políticos, a la militancia, a la ciudadanía y a las autoridades electorales a “eliminar expresiones violentas y actos tendientes a limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, pues quienes aspiran a cargos de elección popular o quienes ya ocupan un cargo público, tienen derecho al libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas inherentes al cargo que ocupan”.

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Por su parte, la Consejera Dania Ravel destacó que es a nivel local y en la vida interna de los partidos políticos donde se encuentra más violencia política contra las mujeres en razón de género.

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