/ jueves 10 de marzo de 2022

Empresario ligado a Odebrecht es contratista de Dos Bocas

Vínculos de Juan Carlos Tapia con Emilio Lozoya no impiden que participe en su construcción

Aunque su nombre y compañía aparecen ligados a Emilio Lozoya y al caso Odebrecht y en investigaciones sobre robo de hidrocarburos, Juan Carlos Tapia Vargas, dueño de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), ahora es contratista de la refinería Olmeca, uno de los proyectos estrella de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No ganó sus nuevos contratos bajo la razón social de Citapia, empresa que aparece en las investigaciones, sino a través de otras firmas de reciente creación o que se constituyeron tiempo atrás, pero se les cambió el nombre. En todas aparecen como accionistas el empresario hidalguense, su familia y otros asociados.

➡️ México se estanca en el índice de percepción de corrupción

El 26 de julio de 2019, PTI Infraestructura de Desarrollo, filial de Pemex Transformación Industrial, adjudicó a la empresa Mexicana de Recipientes a Presión S.A. de C.V. –en asociación con Kellogg Brown & Root, LLC y Constructora Hostotipaquillo, S.A. de C.V.– el contrato PTI-ID-S-007/2019 para el “Desarrollo del Paquete 6 de la Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”.

El monto del contrato fue de 78 millones 430 mil dólares (mil 495 millones de pesos al tipo de cambio de ese día), sin incluir IVA, según se lee en el acta de fallo.

Mexicana de Recipientes a Presión se constituyó el 22 de enero de 2007 por Juan Carlos Tapia Vargas, Selene Martínez Abarca y Gilberto Juan Tapia Vargas. También figura como accionista Carlos Morín Montes, quien se ha identificado como director jurídico de Citapia.

El 20 de noviembre de 2020, la compañía cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos, S.A. de C.V. (Proesa), según actas del Registro Público de Comercio en poder de El Sol de México.

El 6 de junio de 2019, casi dos meses antes de que Mexicana de Recipientes a Presión ganara la adjudicación para participar en la construcción de Dos Bocas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) había sancionado a Citapia y a otras tres empresas como parte de las investigaciones por el caso Odebrecht.

La dependencia a cargo entonces de Irma Eréndira Sandoval le impuso una multa de 206 millones 658 mil de pesos y la inhabilitación para participar en contratos de la administración pública durante dos años por presuntamente haber falseado información a Pemex con el propósito de obtener un beneficio o ventaja. Sin embargo, la empresa ganó un amparo que dejó sin efecto la sanción.

Vinculada a Proesa, antes Mexicana de Recipientes a Presión, está la empresa Grupo Constructor Industrial Oil & Gas (GCI), subcontratada por ICA y Techint para realizar también trabajos en Dos Bocas.

En su portal de internet, GCI describe que trabaja en el proyecto Rack de Integración Refinería Olmeca, en Dos Bocas, con sus clientes IDINSA y Proyecta.

GCI se creó en Tula, Hidalgo, el 13 de diciembre de 2017, con Abel Vargas Rosales, Yosimar Moreno Constantino y Selene Martínez Abarca como accionistas, todos también tenedores de partes en Proesa (aunque en 2019 decidieron vender sus acciones).

LOS ESCÁNDALOS DE CITAPIA

Entre 2015 y 2017 Construcciones Industriales Tapia fue subcontratista de Odebrecht para llevar a cabo obras en la refinería de Tula, Hidalgo.

En 2017, una investigación del laboratorio Quinto Elemento Lab, con base en declaraciones juramentadas de tres altos ejecutivos de Odebrecht ante la justicia brasileña, reveló que Citapia estuvo implicada en la red de corrupción de la constructora en México.

Según las declaraciones de Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, Emilio Lozoya Austin, entonces coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, director de Citapia.

De Meneses hizo caso a Lozoya y se asoció con la empresa hidalguense con la perspectiva de ganar contratos no sólo en Pemex, sino también en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Conagua.

Luis Alberto de Meneses afirmó que, por el apoyo para vincularse con Juan Carlos Tapia, Emilio Lozoya les solicitó un “donativo” para la campaña presidencial de Peña Nieto.

Citapia rechazó su implicación en los sobornos, pero las declaraciones que hizo Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República (FGR), tres años después, volvieron a poner a la empresa bajo la lupa.

Según el exdirector de Pemex, Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos y finada en 2014, fue pieza clave en el envío de dinero de Odebrecht para sobornar a legisladores federales, recursos que supuestamente eran llevados por el personal que laboraba con ella y entregados a José Velasco Herrera, jefe de ayudantes del exdirector de Pemex, quien también ya falleció.

Citapia también estuvo involucrada en una investigación penal por robo de hidrocarburo luego de que la Policía Federal descubriera una manguera clandestina que conectaba un ducto de Pemex a un terreno baldío dentro del Parque Industrial de Atitalaquia, propiedad de la empresa hidalguense. Citapia logró librar la acusación argumentando que el lugar se encontraba bajo arrendamiento de un particular.



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Aunque su nombre y compañía aparecen ligados a Emilio Lozoya y al caso Odebrecht y en investigaciones sobre robo de hidrocarburos, Juan Carlos Tapia Vargas, dueño de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), ahora es contratista de la refinería Olmeca, uno de los proyectos estrella de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No ganó sus nuevos contratos bajo la razón social de Citapia, empresa que aparece en las investigaciones, sino a través de otras firmas de reciente creación o que se constituyeron tiempo atrás, pero se les cambió el nombre. En todas aparecen como accionistas el empresario hidalguense, su familia y otros asociados.

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El 26 de julio de 2019, PTI Infraestructura de Desarrollo, filial de Pemex Transformación Industrial, adjudicó a la empresa Mexicana de Recipientes a Presión S.A. de C.V. –en asociación con Kellogg Brown & Root, LLC y Constructora Hostotipaquillo, S.A. de C.V.– el contrato PTI-ID-S-007/2019 para el “Desarrollo del Paquete 6 de la Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”.

El monto del contrato fue de 78 millones 430 mil dólares (mil 495 millones de pesos al tipo de cambio de ese día), sin incluir IVA, según se lee en el acta de fallo.

Mexicana de Recipientes a Presión se constituyó el 22 de enero de 2007 por Juan Carlos Tapia Vargas, Selene Martínez Abarca y Gilberto Juan Tapia Vargas. También figura como accionista Carlos Morín Montes, quien se ha identificado como director jurídico de Citapia.

El 20 de noviembre de 2020, la compañía cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos, S.A. de C.V. (Proesa), según actas del Registro Público de Comercio en poder de El Sol de México.

El 6 de junio de 2019, casi dos meses antes de que Mexicana de Recipientes a Presión ganara la adjudicación para participar en la construcción de Dos Bocas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) había sancionado a Citapia y a otras tres empresas como parte de las investigaciones por el caso Odebrecht.

La dependencia a cargo entonces de Irma Eréndira Sandoval le impuso una multa de 206 millones 658 mil de pesos y la inhabilitación para participar en contratos de la administración pública durante dos años por presuntamente haber falseado información a Pemex con el propósito de obtener un beneficio o ventaja. Sin embargo, la empresa ganó un amparo que dejó sin efecto la sanción.

Vinculada a Proesa, antes Mexicana de Recipientes a Presión, está la empresa Grupo Constructor Industrial Oil & Gas (GCI), subcontratada por ICA y Techint para realizar también trabajos en Dos Bocas.

En su portal de internet, GCI describe que trabaja en el proyecto Rack de Integración Refinería Olmeca, en Dos Bocas, con sus clientes IDINSA y Proyecta.

GCI se creó en Tula, Hidalgo, el 13 de diciembre de 2017, con Abel Vargas Rosales, Yosimar Moreno Constantino y Selene Martínez Abarca como accionistas, todos también tenedores de partes en Proesa (aunque en 2019 decidieron vender sus acciones).

LOS ESCÁNDALOS DE CITAPIA

Entre 2015 y 2017 Construcciones Industriales Tapia fue subcontratista de Odebrecht para llevar a cabo obras en la refinería de Tula, Hidalgo.

En 2017, una investigación del laboratorio Quinto Elemento Lab, con base en declaraciones juramentadas de tres altos ejecutivos de Odebrecht ante la justicia brasileña, reveló que Citapia estuvo implicada en la red de corrupción de la constructora en México.

Según las declaraciones de Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, Emilio Lozoya Austin, entonces coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, director de Citapia.

De Meneses hizo caso a Lozoya y se asoció con la empresa hidalguense con la perspectiva de ganar contratos no sólo en Pemex, sino también en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Conagua.

Luis Alberto de Meneses afirmó que, por el apoyo para vincularse con Juan Carlos Tapia, Emilio Lozoya les solicitó un “donativo” para la campaña presidencial de Peña Nieto.

Citapia rechazó su implicación en los sobornos, pero las declaraciones que hizo Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República (FGR), tres años después, volvieron a poner a la empresa bajo la lupa.

Según el exdirector de Pemex, Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos y finada en 2014, fue pieza clave en el envío de dinero de Odebrecht para sobornar a legisladores federales, recursos que supuestamente eran llevados por el personal que laboraba con ella y entregados a José Velasco Herrera, jefe de ayudantes del exdirector de Pemex, quien también ya falleció.

Citapia también estuvo involucrada en una investigación penal por robo de hidrocarburo luego de que la Policía Federal descubriera una manguera clandestina que conectaba un ducto de Pemex a un terreno baldío dentro del Parque Industrial de Atitalaquia, propiedad de la empresa hidalguense. Citapia logró librar la acusación argumentando que el lugar se encontraba bajo arrendamiento de un particular.



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