/ miércoles 14 de abril de 2021

En lo general, diputados aprueban reforma a la Ley de Hidrocarburos

Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, que dictaminó la propuesta, aseguró que los cambios de AMLO están plenamente fundados

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Hidrocarburos.

Con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, los diputados procederán a su votación en lo particular, previo a ser enviada a la Cámara de Senadores para el mismo trámite.

Al presentar el dictamen, Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, que elaboró el dictamen, aseguró que los cambios del presidente Andrés Manuel López Obrador esta plenamente fundada y motivada en los esfuerzos por superar nuestra dependencia energética.

"Reflejada en la importación de 70 por ciento de combustibles que nos convierte en el país petrolero qué más gasolina importa en el mundo esto es producto de una disminución de una disminución del 50 por ciento de la producción de algodón d e hidrocarburos de 2004 a 2018 así como del robo y contrabando de combustibles en las últimas décadas afectando la economía de los hogares y las finanzas nacionales", señaló desde tribuna.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador permitirá al Gobierno de México suspender permisos y llevar a cabo ocupaciones temporales e intervenciones, “a fin de garantizar los intereses de la nación”.

El dictamen sufrió una modificación de último momento para brindar mayor certeza jurídica y cambia el mecanismo por el cual la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán llevar a cabo las suspensiones de permisos que se emiten para operar en el sector hidrocarburos.

Con esta adenda, los diputados aprobaron que cuando se suspenda un permiso por preverse "un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional", las autoridades deberán de informar oportunamente las razones fundadas por las que se lleva a cabo dicha determinación.

Además, integra que se deberá informar con antelación al permisionario al que le quiera suspender, quien tendrá 15 días para exponer las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido este lapso de tiempo la autoridad tendrá otros 15 días para resolver, "considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el permisionario".

"La determinación de suspender o no el permiso deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al permisionario, sin perjuicio de las infracciones y responsabilidades en las que, en su caso, este último incurra", enfatiza.

También se adicionó un artículo transitorio en el que se menciona que al entrar en vigor, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo los actos conducentes para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

El dictamen aprobado en lo general conserva que las autoridades puedan llevar a cabo ocupaciones temporales, intervenciones o suspensiones, “a fin de garantizar los intereses de la nación”, donde podrán contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.

En este proceso faculta al permisionario para solicitar la terminación de la medida “cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicadas”, al tiempo que preserva la negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos y la capacidad de almacenamiento como requisito para otorgarlos.

El 12 de abril pasado, la Cofece recomendó al Congreso de la Unión no aprobar sin cambios la reforma a la Ley de Hidrocarburos, enviada por el Presidente de México el pasado 26 de marzo.

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En opinión de la Cofece, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador afectaría la competencia y libre concurrencia en toda la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo cual incrementaría el precio que pagan las familias y empresas mexicanas por productos como las gasolinas y el diésel.

El diputado Pablo Gómez de Morena criticó al organismo autónomo de no estar facultado constitucionalmente como consultor del Congreso de la Unión.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Hidrocarburos.

Con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, los diputados procederán a su votación en lo particular, previo a ser enviada a la Cámara de Senadores para el mismo trámite.

Al presentar el dictamen, Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, que elaboró el dictamen, aseguró que los cambios del presidente Andrés Manuel López Obrador esta plenamente fundada y motivada en los esfuerzos por superar nuestra dependencia energética.

"Reflejada en la importación de 70 por ciento de combustibles que nos convierte en el país petrolero qué más gasolina importa en el mundo esto es producto de una disminución de una disminución del 50 por ciento de la producción de algodón d e hidrocarburos de 2004 a 2018 así como del robo y contrabando de combustibles en las últimas décadas afectando la economía de los hogares y las finanzas nacionales", señaló desde tribuna.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador permitirá al Gobierno de México suspender permisos y llevar a cabo ocupaciones temporales e intervenciones, “a fin de garantizar los intereses de la nación”.

El dictamen sufrió una modificación de último momento para brindar mayor certeza jurídica y cambia el mecanismo por el cual la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán llevar a cabo las suspensiones de permisos que se emiten para operar en el sector hidrocarburos.

Con esta adenda, los diputados aprobaron que cuando se suspenda un permiso por preverse "un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional", las autoridades deberán de informar oportunamente las razones fundadas por las que se lleva a cabo dicha determinación.

Además, integra que se deberá informar con antelación al permisionario al que le quiera suspender, quien tendrá 15 días para exponer las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido este lapso de tiempo la autoridad tendrá otros 15 días para resolver, "considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el permisionario".

"La determinación de suspender o no el permiso deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al permisionario, sin perjuicio de las infracciones y responsabilidades en las que, en su caso, este último incurra", enfatiza.

También se adicionó un artículo transitorio en el que se menciona que al entrar en vigor, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo los actos conducentes para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

El dictamen aprobado en lo general conserva que las autoridades puedan llevar a cabo ocupaciones temporales, intervenciones o suspensiones, “a fin de garantizar los intereses de la nación”, donde podrán contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.

En este proceso faculta al permisionario para solicitar la terminación de la medida “cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicadas”, al tiempo que preserva la negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos y la capacidad de almacenamiento como requisito para otorgarlos.

El 12 de abril pasado, la Cofece recomendó al Congreso de la Unión no aprobar sin cambios la reforma a la Ley de Hidrocarburos, enviada por el Presidente de México el pasado 26 de marzo.

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En opinión de la Cofece, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador afectaría la competencia y libre concurrencia en toda la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo cual incrementaría el precio que pagan las familias y empresas mexicanas por productos como las gasolinas y el diésel.

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