Luego que el Tribunal Electoral determinó que hubo uso de recursos de la Procuraduría General de la República (PGR) en perjuicio del ex candidato pianista Ricardo Anaya Cortés durante la pasada contienda electoral presidencial de 2018, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió que también se limpie el nombre de Josefina Vázquez Mota, ex candidata albiazul a la gubernatura del Estado de México durante el 2017.
El PAN consideró que el caso del ex candidato presidencial Ricardo Anaya no es el único que sufren y Anaya “no es la primera víctima de la extinta Procuraduría General de la República”, sino que también la ex candidata al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota y su familia sufrieron el acoso y desprestigio de la PGR en 2017, “al ser acusados de manera facciosa”.
Por esto, ante la resolución unánime emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la elección presidencial de 2018 con respecto a Ricardo Anaya, el PAN asegura que la PGR actuó de manera dolosa, y también exige “que se castiguen los actos ominosos de dicha institución contra Josefina Vázquez Mota”.
Durante la contienda electoral de 2017, la PGR aseguró que investigaba al padre de Vazquez Mota y a 6 hermanos de la entonces candidata, por haber recibido 17 millones de pesos en 2013 de empresas que habían sido denunciadas por la Secretaría de Hacienda de haber recibido dinero de origen ilícito.
Pero, a unas hora de realizarse la elección, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz Sacal, dijo que el padre y hermanos de Vázquez Mota fueron exculpados y los oficios donde se reconoció que nunca hubo falta o delito alguno.
En este sentido, el PAN destacó que a su ex candidata jamás se le relacionó con delito alguno, y dijo que “en aquel caso, la facciosa y burda actuación de la PGR no solo afectó severamente a la campaña de Josefina Vázquez Mota, sino que ensució y desacreditó públicamente su imagen y la de su familia”.
Asimismo, Acción Nacional reiteró su demanda al gobierno federal para que nunca más se permitan en México el uso de las instituciones del Estado para fines políticos y electorales, concluyó.
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