Los diez gobernadores de la Alianza Federalista rechazaron las acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la conferencia mañanera les dijo que defienden la corrupción con los fideicomisos.
Al Ejecutivo le preguntaron su opinión de los mandatarios estatales que integran la Alianza Federalista, que acordaron controversias constitucionales y amparos por eliminar 109 fideicomisos, a lo que el Presidente respondió: “los que están defendiendo a los fideicomisos están defendiendo a la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control’’.
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Por eso, “la Alianza Federalista categóricamente niega defender la corrupción que pudiera presentarse en cualquier fideicomiso y que, de haberla, debe ser acreditada bajo el debido proceso de ley’’, respondieron los mandatarios de Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, en un comunicado oficial.
“La mayoría de los fidecomisos bajo asechanza son responsabilidad de la rectoría del gobierno federal desde diciembre del 2018 y, de existir conductas punibles, la acción legal no le es optativa, sino obligada’’.
El Presidente niega que el gobierno confisque, sólo “recoge” lo que “es el mismo dinero del pueblo”, pero en los hechos los efectos son los mismos: se priva de los bienes y derechos afectos a los objetos y beneficiarios de 109 fideicomisos y de ellos se apropia el Estado, dicen los mandatarios
“Llámese como se llame, recoger o confiscar, el Estado se apropia de la totalidad del patrimonio de 109 personas jurídicas; cuando nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin juicio con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme leyes expedidas con anterioridad al hecho’’, señala el documento.
Indica que el presidente reconoce que se busca “recoger” el dinero de los fideicomisos antes de su extinción, la cual queda sujeta a que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública dicten las reglas a aplicarse en un futuro indefinido, cuando la propia ley de la materia prevé -y la lógica aconseja- que la disposición de los bienes o derechos del fideicomiso sea consecuencia de su extinción, no previa.
Llamaron al Senado de la República “y lo extendemos a todos los posibles e innúmeros afectados con la posible extinción legislativa de los fideicomisos y el “recogimiento” de sus bienes y derechos, para que impidamos que esta reforma se convierta en daño irreversible’’.
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