En 2019 el gobierno de Guerrero, que encabeza el priista Héctor Astudillo, no escatimó en recursos para ceremonias, congresos y exposiciones al gastar 53.8 millones de pesos cuando el congreso local sólo le había autorizado 57 mil pesos. Tampoco lo hizo en viajes y viáticos: de 40 millones que tenía presupuestados, terminó devengando casi 373 millones.
En el norte, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, desembolsó 689 millones de pesos en publicidad oficial cuando sólo tenía aprobado un presupuesto de 4.8 millones (un incremento de más de 14 mil por ciento). Y en Jalisco, la administración del emecista Enrique Alfaro casi duplicó su gasto en salarios y prestaciones a sus empleados.
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Los casos enlistados se repiten en una veintena de gobiernos estatales, sin distingo de partidos, de acuerdo con el informe “Gasto burocrático: aumentos y recortes”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El estudio revela que 20 gobiernos estatales gastaron más de lo que se comprometieron a erogar durante el año 2019 para llevar a cabo sus funciones administrativas, esto es, en pago de salarios, prestaciones, papelería, gasolina, viáticos, ceremonias, asesores y publicidad oficial, entre otros conceptos. En 13 de ellos el incremento fue superior a 10 por ciento.
La organización identifica cuatro deficiencias generalizadas en las finanzas de los estados: crecimiento injustificado de partidas del gasto administrativo, diferencias significativas entre los montos aprobados y ejercidos, sobreejercicios sistemáticos en el gasto burocrático y falta de contrapesos en el ejercicio de los recursos públicos estatales.
“A pesar de los discursos y de las buenas intenciones de los gobiernos estatales, éstos no necesariamente gastan como dicen que van a gastar. La falta de candados legales que acoten las modificaciones o adecuaciones presupuestarias, aunado a la falta de contrapesos por parte de los congresos locales en el ejercicio de los recursos públicos, permite que los gobiernos estatales gasten de forma muy distinta a lo que fue inicialmente aprobado por sus legislaturas”, indica.
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Entre el grupo que excedió su gasto burocrático en 2019 —último año del estudio— hay gobernadores de todos los partidos: ocho del PRI, cinco del PAN, dos del PRD, dos de Morena, uno de Movimiento Ciudadano, uno del PES y finalmente Puebla, que ese año tuvo dos gobernadores emanados de distintas fuerzas políticas (PRI y Morena).
En el extremo, el gobierno de Oaxaca, que encabeza el priista Alejandro Murat, gastó 87.8 por ciento más de lo que tenía autorizado: en lugar de seis mil 670 millones de pesos aprobados, terminó erogando 12 mil 528 millones, casi el doble.
Le siguió el ejecutivo de Jalisco, que dirige el emecista Enrique Alfaro. Aunque sólo tenía presupuestado 23 mil 950 millones de pesos, desembolsó al final 42 mil 223 millones.
También sobrepasaron su gasto los gobiernos de Nayarit, Morelos, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Durango, Coahuila, Yucatán, Tabasco, Colima, Puebla y la Ciudad de México.
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Sumando el gasto burocrático de todas las entidades, las 32 administraciones estatales devengaron 687 mil 670 millones de pesos en rubros administrativos durante el año 2019, 6.6 por ciento más que los 645 mil 377 millones aprobados por sus respectivos congresos.
El gasto administrativo, también llamado burocrático u operativo, se compone de los recursos que un gobierno destina a la compra de bienes y servicios que necesita para llevar a cabo sus funciones. Se compone de tres conceptos: servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.
Los servicios personales son las remuneraciones al personal que labora en las dependencias gubernamentales tales como sus sueldos, honorarios, prestaciones, estímulos y seguridad social.
El concepto de materiales y suministros se refiere a todos los insumos que el gobierno requiere para desempeñar sus actividades administrativas. En este rubro entran partidas como alimentos, materiales de limpieza, gasolina para vehículos, materiales de construcción, suministros médicos, papelería, uniformes, entre otros.
Ve aquí el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2020
Finalmente, los servicios generales comprenden desde el pago de servicios básicos (agua, luz, gas, internet, telefonía fija y celular) hasta los servicios contratados para el desempeño de sus actividades como viáticos, publicidad oficial, ceremonias oficiales, entre otros.
Como propuestas para combatir la discrecionalidad con la que los estados manejan sus recursos, el Imco propone establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo. “Si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más de 15 por ciento, debe tener la aprobación del congreso local”.
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Además, considera necesaria una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y la supervisión del ejercicio del gasto. En otras palabras, cumplir su función de contrapeso.
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