/ jueves 24 de junio de 2021

Gobiernos de la 4T encabezarán estados y municipios violentos

Según la consultora Integralia, los territorios donde hubo mayor violencia superaron el promedio nacional de participación durante las pasadas elecciones

El Partido Morena gobernará en seis de los diez estados con la tasa de homicidio doloso más alta del país: Colima (77.8 víctimas por cada 100 mil habitantes), Baja California (77.3), Zacatecas (61.1), Sonora (50.0), Michoacán (49.2) y Guerrero (38.5).

Por su parte, el PAN encabezará tres de esas diez entidades, que son los casos de Chihuahua (69.5), Guanajuato (69.0) y Quintana Roo (37.0). El PES, con Cuauhtémoc Blanco, encabeza la última de esas entidades, Morelos, con una tasa de 44.3 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, Morena y sus aliados obtuvieron el triunfo en 22 de los 50 municipios con las tasas de incidencia delictiva totales más altas del país, incluyendo Tulum (Quintana Roo), Rosarito (Baja Californa), Oaxaca (Oaxaca), Manzanillo (Colima), Cuautla (Morelos) y Zacatecas (Zacatecas).

En un informe a detalle sobre las elecciones del 6 de junio, la empresa consultora Integralia señala que de los 28 municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos, Morena obtuvo el triunfo en ocho, el PAN gobernará en siete, MC en cinco, el PRI en cuatro, el PVEM en tres y Unidad Ciudadana en uno.

➡️ Guardia Nacional brindó protección a 113 candidatos en jornada electoral

En 54% de los municipios en donde hubo asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de elección en los ayuntamientos, se registró un porcentaje de participación ciudadana superior al promedio nacional. Esto podría indicar que los incidentes de violencia no desincentivaron la participación ciudadana en el proceso o, por el contrario, que los habitantes de esos municipios salieron a votar en mayores proporciones como resultado de las amenazas o el acarreo por parte de grupos criminales.

Durante el proceso electoral, Morena perdió el control de la Cámara de Diputados al no obtener la mayoría simple, ni con sus aliados la mayoría calificada, Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. De éstos, 64 por ciento aspiraban ocupar presidencias municipales.


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Los márgenes de victoria en 64% de los municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos, fueron más altos que el promedio nacional. Además, sólo en diez de esos municipios ganó el partido de la víctima.

Según Integralia, de la que es su director general Luis Carlos Ugalde, que en su momento fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral y ahora INE, señala que el crimen organizado busca controlar gobiernos locales para acceder a información privilegiada, obtener el resguardo de las policías municipales y acceder a recursos públicos.

Por ello interfiere en procesos electorales a través de actos de violencia política, financiamiento de campañas, injerencia en procesos de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos.

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Con un número creciente de pequeños, medianos y grandes grupos delincuenciales que operan en el territorio nacional, el control de gobiernos municipales ofrece a estas agrupaciones: acceso a información privilegiada, sobre las estrategias de seguridad pública en su contra o contra adversarios, resguardo y protección de policías municipales, que amplía su margen de maniobra para el dominio sobre los mercados ilícitos; y acceso a recursos públicos, la asignación directa de contratos para la construcción de obras de infraestructura para lavar dinero.

El Partido Morena gobernará en seis de los diez estados con la tasa de homicidio doloso más alta del país: Colima (77.8 víctimas por cada 100 mil habitantes), Baja California (77.3), Zacatecas (61.1), Sonora (50.0), Michoacán (49.2) y Guerrero (38.5).

Por su parte, el PAN encabezará tres de esas diez entidades, que son los casos de Chihuahua (69.5), Guanajuato (69.0) y Quintana Roo (37.0). El PES, con Cuauhtémoc Blanco, encabeza la última de esas entidades, Morelos, con una tasa de 44.3 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, Morena y sus aliados obtuvieron el triunfo en 22 de los 50 municipios con las tasas de incidencia delictiva totales más altas del país, incluyendo Tulum (Quintana Roo), Rosarito (Baja Californa), Oaxaca (Oaxaca), Manzanillo (Colima), Cuautla (Morelos) y Zacatecas (Zacatecas).

En un informe a detalle sobre las elecciones del 6 de junio, la empresa consultora Integralia señala que de los 28 municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos, Morena obtuvo el triunfo en ocho, el PAN gobernará en siete, MC en cinco, el PRI en cuatro, el PVEM en tres y Unidad Ciudadana en uno.

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En 54% de los municipios en donde hubo asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de elección en los ayuntamientos, se registró un porcentaje de participación ciudadana superior al promedio nacional. Esto podría indicar que los incidentes de violencia no desincentivaron la participación ciudadana en el proceso o, por el contrario, que los habitantes de esos municipios salieron a votar en mayores proporciones como resultado de las amenazas o el acarreo por parte de grupos criminales.

Durante el proceso electoral, Morena perdió el control de la Cámara de Diputados al no obtener la mayoría simple, ni con sus aliados la mayoría calificada, Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. De éstos, 64 por ciento aspiraban ocupar presidencias municipales.


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Los márgenes de victoria en 64% de los municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos, fueron más altos que el promedio nacional. Además, sólo en diez de esos municipios ganó el partido de la víctima.

Según Integralia, de la que es su director general Luis Carlos Ugalde, que en su momento fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral y ahora INE, señala que el crimen organizado busca controlar gobiernos locales para acceder a información privilegiada, obtener el resguardo de las policías municipales y acceder a recursos públicos.

Por ello interfiere en procesos electorales a través de actos de violencia política, financiamiento de campañas, injerencia en procesos de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos.

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Con un número creciente de pequeños, medianos y grandes grupos delincuenciales que operan en el territorio nacional, el control de gobiernos municipales ofrece a estas agrupaciones: acceso a información privilegiada, sobre las estrategias de seguridad pública en su contra o contra adversarios, resguardo y protección de policías municipales, que amplía su margen de maniobra para el dominio sobre los mercados ilícitos; y acceso a recursos públicos, la asignación directa de contratos para la construcción de obras de infraestructura para lavar dinero.

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