/ martes 24 de noviembre de 2020

Improbable, discusión del outsourcing para el jueves en San Lázaro

"Es altamente improbable’’, debido al diálogo que sostiene la cúpula empresarial en Palacio Nacional", coincidieron la presidencia de la Mesa Directiva y las bancadas del PRI y PRD

En la Cámara de Diputados no hay certeza que la iniciativa presidencial del outsourcing se discute este jueves en tribuna; “es altamente improbable’’, debido al diálogo que sostiene la cúpula empresarial en Palacio Nacional y a las conclusiones del parlamento abierto, coincidieron la presidencia de la Mesa Directiva y las bancadas del PRI y PRD.

Mientras en el parlamento abierto se pidió que la reforma entre en vigor hasta el 2022 y no tenga el calificativo de delito.

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La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, calificó de positivo que el Gobierno federal se reúna con empresarios. “Estaré pendiente cuando las comisiones dictaminadoras digan que ya están listas. Ellas están trabajando en todo lo relacionado con el Parlamento Abierto’’.

“Y considero positivo, que se abra ese espacio de interlocución, y se programará al momento en que estén listas las comisiones’’, dijo la diputada.

¿Será el jueves?

“Es altamente improbable’’.

El coordinador priista René Juárez Cisneros destacó que están las propuestas del parlamento abierto y el acercamiento entre el Gobierno federal y los empresarios, aunque señaló “no sabemos el alcance de este acuerdo’’.

Se dijo partidario de la regulación, “pero queremos una regulación equilibrada, no estar en ninguno de los extremos, sino una regulación que le sirva al país, que le sirva a la economía, que defienda los intereses de las y los trabajadores, que se garanticen sus derechos, pero que no paralice’’.

“Estamos analizando el tema y no hay certeza de que se discuta el jueves. En principio hay un acuerdo para que se discutiera en el Pleno; sin embargo, “vamos a esperar y hacer un esfuerzo porque se puede enriquecer la minuta y se puedan, digamos, hacer coincidir los puntos de vista de todos para corregirla, en todo caso mejorarla’’.

“Con frecuencia vemos que a finales del año hay una serie de despidos masivos para eludir responsabilidades laborales, por parte de algunos, no de todos, y luego, en enero vuelven a recontratarse. Ese tipo de prácticas tienen que regularse y corregirse’’, subrayó Juárez Cisneros.

Celebró que haya este acercamiento, este intercambio de puntos de vista entre el Gobierno y los empresarios, a final de cuentas aquí vamos a tomar la decisión.

Por separado, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, se pronunció porque la Cámara de Diputados aplace para la siguiente semana la reforma al outsourcing, para dar tiempo a la recepción, análisis y, en su caso, integración de otras propuestas.

Recordó que la Junta de Coordinación Política decidió agendar la discusión del dictamen para este jueves 26 de noviembre, lo que consideró prematuro.

Inclusive, destacó que en Palacio Nacional apenas instaló una mesa de trabajo para recibir propuestas de empresarios, aunque ya envió su iniciativa a esta Cámara y las comisiones involucradas de la misma ya alistan un dictamen para el jueves siguiente.

Mil 200 empresas en la ilegalidad

En tanto, durante el segundo día del parlamento abierto, el Procurador Fiscal de la Federación, Juan Carlos Romero, explicó que la evasión implica una distorsión del sistema tributario; por ello, se busca terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación, que es el caso de la subcontratación de personal, y la simulación de prestaciones de servicios especializados.

“Esto trastoca los derechos fundamentales de los trabajadores y simultáneamente ocasiona graves perjuicios al fisco”, subrayó.

Dijo que más de 6 mil empresas de subcontratación ilegal evaden al fisco por 21 mil millones de pesos al año. Mil 200 empresas manejan el esquema de subcontratación ilegal y concentran a 862 mil 489 trabajadores que son afectados en sus derechos laborales.

Es por eso, explicó, que con esta propuesta legislativa no se combate la auténtica y verdadera profesionalización de servicios especializados, ni el sano desarrollo del mercado; enfrenta a quienes ilegalmente ponen en desventaja a los verdaderos oferentes de servicios especializados.

Mientras especialistas, académicos, organizaciones, cámaras empresariales e investigadores formularon comentarios sobre la iniciativa e hicieron sus aportaciones de modificación.

Representantes de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Comisión Fiscal del propio organismo y de la Comisión de Enlace Legislativo de este Consejo, manifestaron que entre sus preocupaciones están los temas de vigencia y registro, lo que causaría inseguridad jurídica. Pidieron que la reforma entre en vigor hasta el 2022 y no tenga el calificativo de delito.

El director de consultas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Jesús García Piedra, explicó que la iniciativa obedeció al resultado de operativos de distintas instancias que encontraron esquemas de subcontratación agresivos y abusivos; “no busca prohibir la subcontratación por completo, simplemente se establece qué tipo va a estar prohibida”.

Representantes de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales consideraron que en la iniciativa debe prevalecer la competitividad y la productividad, además de erradicar las malas prácticas.

La Confederación Patronal de la República Mexicana lamentó que no se haya presentado con anticipación la iniciativa, por lo que no logrará su propósito de combatir las malas prácticas; por el contrario, provocará merma en las arcas públicas y en los derechos laborales.





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En la Cámara de Diputados no hay certeza que la iniciativa presidencial del outsourcing se discute este jueves en tribuna; “es altamente improbable’’, debido al diálogo que sostiene la cúpula empresarial en Palacio Nacional y a las conclusiones del parlamento abierto, coincidieron la presidencia de la Mesa Directiva y las bancadas del PRI y PRD.

Mientras en el parlamento abierto se pidió que la reforma entre en vigor hasta el 2022 y no tenga el calificativo de delito.

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La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, calificó de positivo que el Gobierno federal se reúna con empresarios. “Estaré pendiente cuando las comisiones dictaminadoras digan que ya están listas. Ellas están trabajando en todo lo relacionado con el Parlamento Abierto’’.

“Y considero positivo, que se abra ese espacio de interlocución, y se programará al momento en que estén listas las comisiones’’, dijo la diputada.

¿Será el jueves?

“Es altamente improbable’’.

El coordinador priista René Juárez Cisneros destacó que están las propuestas del parlamento abierto y el acercamiento entre el Gobierno federal y los empresarios, aunque señaló “no sabemos el alcance de este acuerdo’’.

Se dijo partidario de la regulación, “pero queremos una regulación equilibrada, no estar en ninguno de los extremos, sino una regulación que le sirva al país, que le sirva a la economía, que defienda los intereses de las y los trabajadores, que se garanticen sus derechos, pero que no paralice’’.

“Estamos analizando el tema y no hay certeza de que se discuta el jueves. En principio hay un acuerdo para que se discutiera en el Pleno; sin embargo, “vamos a esperar y hacer un esfuerzo porque se puede enriquecer la minuta y se puedan, digamos, hacer coincidir los puntos de vista de todos para corregirla, en todo caso mejorarla’’.

“Con frecuencia vemos que a finales del año hay una serie de despidos masivos para eludir responsabilidades laborales, por parte de algunos, no de todos, y luego, en enero vuelven a recontratarse. Ese tipo de prácticas tienen que regularse y corregirse’’, subrayó Juárez Cisneros.

Celebró que haya este acercamiento, este intercambio de puntos de vista entre el Gobierno y los empresarios, a final de cuentas aquí vamos a tomar la decisión.

Por separado, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, se pronunció porque la Cámara de Diputados aplace para la siguiente semana la reforma al outsourcing, para dar tiempo a la recepción, análisis y, en su caso, integración de otras propuestas.

Recordó que la Junta de Coordinación Política decidió agendar la discusión del dictamen para este jueves 26 de noviembre, lo que consideró prematuro.

Inclusive, destacó que en Palacio Nacional apenas instaló una mesa de trabajo para recibir propuestas de empresarios, aunque ya envió su iniciativa a esta Cámara y las comisiones involucradas de la misma ya alistan un dictamen para el jueves siguiente.

Mil 200 empresas en la ilegalidad

En tanto, durante el segundo día del parlamento abierto, el Procurador Fiscal de la Federación, Juan Carlos Romero, explicó que la evasión implica una distorsión del sistema tributario; por ello, se busca terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación, que es el caso de la subcontratación de personal, y la simulación de prestaciones de servicios especializados.

“Esto trastoca los derechos fundamentales de los trabajadores y simultáneamente ocasiona graves perjuicios al fisco”, subrayó.

Dijo que más de 6 mil empresas de subcontratación ilegal evaden al fisco por 21 mil millones de pesos al año. Mil 200 empresas manejan el esquema de subcontratación ilegal y concentran a 862 mil 489 trabajadores que son afectados en sus derechos laborales.

Es por eso, explicó, que con esta propuesta legislativa no se combate la auténtica y verdadera profesionalización de servicios especializados, ni el sano desarrollo del mercado; enfrenta a quienes ilegalmente ponen en desventaja a los verdaderos oferentes de servicios especializados.

Mientras especialistas, académicos, organizaciones, cámaras empresariales e investigadores formularon comentarios sobre la iniciativa e hicieron sus aportaciones de modificación.

Representantes de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Comisión Fiscal del propio organismo y de la Comisión de Enlace Legislativo de este Consejo, manifestaron que entre sus preocupaciones están los temas de vigencia y registro, lo que causaría inseguridad jurídica. Pidieron que la reforma entre en vigor hasta el 2022 y no tenga el calificativo de delito.

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