/ lunes 1 de junio de 2020

Impugnan ante el TEPJF a 14 líderes provisionales de Morena

El aspirante a dirigente nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, criticó que este acuerdo violenta la norma interna

El aspirante a dirigente nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán impugnó ante el Tribunal Electoral federal (TEPJF) el nombramiento de 14 secretarios estatales designados para “buscar propuestas para integrar las Comisiones en los Estados en los que no se cuente con dirigencia estatal, y/o que no cuenten con presidente del Comité Ejecutivo Nacional”.

“El trabajo de los secretarios designados es (…) organizar el trabajo territorial y reactivar los comités de protagonistas del cambio, bajo el principio de fortalecer las estructuras de defensa del voto y promoción del voto, en virtud de que está en puerta el proceso electoral 2021”, añade el acuerdo aprobado en sesión virtual del CEN de Morena.

Como dio a conocer la OEM el pasado 26 de mayo, producto de estos acuerdos se designó a Yeidckol Polevnsky como secretaria en Jalisco, a Xóchitl Nashielly Zagal en Tlaxcala, Adolfo Villareal en Durango, Felipe Rodríguez en Michoacán, entre otros 10 nombramientos más.

Díaz Durán criticó que este acuerdo violenta la norma interna, debido a que el CEN de Morena, encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, no tiene facultades para exceder el Estatuto y menos para crear figuras inexistentes dentro de su estructura y “cuanti menos, asignarles tareas para defender el voto en el 2021, pues esa será tarea y responsabilidad será del nuevo Comité Ejecutivo Nacional”

“Durante este proceso llamamos a toda la militancia a hacerles el vacío a estos “supersecretarios” y exigirles que mejor se pongan a trabajar en el mandato que les dio el tribunal de reponer el procedimiento y elegir a nuestros dirigentes mediante encuestas abiertas”, arremetió.

Insistió en que la única obligación del actual dirigente nacional de Morena es la realización de elecciones para designar a todos los dirigentes municipales, estatales y nacionales, a través de tres encuestas abiertas a todos sus militantes y simpatizantes, la cual le fue concedida por el Congreso Nacional Extraordinario, la resolución del Tribunal Electoral.

Bajo el expediente SUP-JDC-714/2020, Alejandro Rojas también impugnó la realización de las sesiones virtuales del CEN de Morena, pues afirmó se hacen “a espaldas de la militancia, realizan sesiones secretas, no difunden las convocatorias y las firma únicamente Ramírez Cuéllar, lo que es ilegal”.

“Se conducen con total desorden y desenfado y no sabemos cómo ni quiénes hacen las actas de los acuerdos que ahí se toman”, agregó.

El también senador suplente añadió que a las sesiones virtuales asisten hasta 25 personas, entre ellas Bertha Luján y su sobrino, Fernando Tiscareño Luján, quien sostuvo “ha asistido en su representación, de tal forma, que personas ajenas participan en las reuniones virtuales del CEN, lo que refleja el grado de deterioro interno”.

Por último, mencionó que el conteo de los votos no es conocido, y se disfrazan acuerdos de unánimes, mientras que “se conducen con un inaudito desapego a los principios constitucionales de certeza, transparencia, legalidad y la seguridad jurídica indispensables para cumplir con la norma estatutaria”.

El aspirante a dirigente nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán impugnó ante el Tribunal Electoral federal (TEPJF) el nombramiento de 14 secretarios estatales designados para “buscar propuestas para integrar las Comisiones en los Estados en los que no se cuente con dirigencia estatal, y/o que no cuenten con presidente del Comité Ejecutivo Nacional”.

“El trabajo de los secretarios designados es (…) organizar el trabajo territorial y reactivar los comités de protagonistas del cambio, bajo el principio de fortalecer las estructuras de defensa del voto y promoción del voto, en virtud de que está en puerta el proceso electoral 2021”, añade el acuerdo aprobado en sesión virtual del CEN de Morena.

Como dio a conocer la OEM el pasado 26 de mayo, producto de estos acuerdos se designó a Yeidckol Polevnsky como secretaria en Jalisco, a Xóchitl Nashielly Zagal en Tlaxcala, Adolfo Villareal en Durango, Felipe Rodríguez en Michoacán, entre otros 10 nombramientos más.

Díaz Durán criticó que este acuerdo violenta la norma interna, debido a que el CEN de Morena, encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, no tiene facultades para exceder el Estatuto y menos para crear figuras inexistentes dentro de su estructura y “cuanti menos, asignarles tareas para defender el voto en el 2021, pues esa será tarea y responsabilidad será del nuevo Comité Ejecutivo Nacional”

“Durante este proceso llamamos a toda la militancia a hacerles el vacío a estos “supersecretarios” y exigirles que mejor se pongan a trabajar en el mandato que les dio el tribunal de reponer el procedimiento y elegir a nuestros dirigentes mediante encuestas abiertas”, arremetió.

Insistió en que la única obligación del actual dirigente nacional de Morena es la realización de elecciones para designar a todos los dirigentes municipales, estatales y nacionales, a través de tres encuestas abiertas a todos sus militantes y simpatizantes, la cual le fue concedida por el Congreso Nacional Extraordinario, la resolución del Tribunal Electoral.

Bajo el expediente SUP-JDC-714/2020, Alejandro Rojas también impugnó la realización de las sesiones virtuales del CEN de Morena, pues afirmó se hacen “a espaldas de la militancia, realizan sesiones secretas, no difunden las convocatorias y las firma únicamente Ramírez Cuéllar, lo que es ilegal”.

“Se conducen con total desorden y desenfado y no sabemos cómo ni quiénes hacen las actas de los acuerdos que ahí se toman”, agregó.

El también senador suplente añadió que a las sesiones virtuales asisten hasta 25 personas, entre ellas Bertha Luján y su sobrino, Fernando Tiscareño Luján, quien sostuvo “ha asistido en su representación, de tal forma, que personas ajenas participan en las reuniones virtuales del CEN, lo que refleja el grado de deterioro interno”.

Por último, mencionó que el conteo de los votos no es conocido, y se disfrazan acuerdos de unánimes, mientras que “se conducen con un inaudito desapego a los principios constitucionales de certeza, transparencia, legalidad y la seguridad jurídica indispensables para cumplir con la norma estatutaria”.

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