Rumbo a los comicios de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) revisará la veracidad del formato 3 de 3 contra la violencia que presenten los candidatos a puesto de elección popular.
En sesión ordinaria del Consejo General del organismo, la consejera Carla Humphrey detalló que se integrará un grupo interdisciplinario que solicitará información durante el mes en curso, a instancias judiciales, para saber si los candidatos dijeron la verdad en su declaración en contra de la violencia contra las mujeres y advirtió que si no lo hicieron, su registro podría ser cancelado.
"Es una medida especial de protección, garantista y progresiva de derecho para proteger a las mujeres que han sido víctimas de violencia política en razón de género", subrayó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación..
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En el debate, la consejera Dania Ravel señaló la importancia de que el éxito de dicho procedimiento dependerá de la colaboración expedita de diversas autoridades, ya que, argumentó, el Instituto no tiene registros sobre los antecedentes penales de las personas relacionados con delitos de violencia familiar o doméstica, cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, así como delitos contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
En ese sentido, dijo que serán muchos los requerimientos que se tendrán que hacer para que, una vez que obtengan la información, se garantice el derecho de audiencia a las personas involucradas, para que durante el mes de mayo el Grupo Interdisciplinario pueda elaborar un informe que dote a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos dé elementos objetivos que en su caso lleven a proponer al Consejo General la cancelación de registros.
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De acuerdo con el proyecto aprobado por unanimidad, el grupo interdisciplinario estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva y será integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, con el apoyo de las juntas locales y distritales.
Durante abril este grupo realizará requerimientos a las autoridades penitenciarias, judiciales y/o de procuración de justicia de las 32 entidades federativas y del Gobierno Federal para solicitar los antecedentes determinados por resolución firme relacionados con delitos de violencia familiar y/o doméstica, cualquier agresión de género y delitos contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
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