/ viernes 25 de octubre de 2019

Inicia batalla legal contra Ley Bonilla

La Corte admite las impugnaciones de los partidos políticos, pero no dicta la suspensión de la norma

Comenzó la batalla legal para echar abajo la Ley Bonilla. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos en contra de la ampliación de la próxima gubernatura de Baja California, el Instituto Nacional Electoral pidió al Tribunal Electoral aclare cuánto durara el gobierno de Jaime Bonilla.

Ante este panorama, Amador Rodríguez, quien se perfila como secretario de Gobierno de Baja California, arremetió contra Lorenzo Córdova Vianello al afirmar que el consejero presidente del INE quiere impedir la toma de protesta de Bonilla.

De acuerdo con la SCJN, el ministro Fernando González Salas será el encargado de analizar estos recursos, ya que consideró que existen elementos jurídicos necesarios para ser atendidas, además de que fueron presentados conforme a la ley. Sin embargo, queda firme que Bonilla deberá tomar posesión el 1 de noviembre.

Dichas acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la revolución Democrática y el Revolucionario Institucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de analizar la constitucionalidad de las modificaciones que se han realizado a constitución de Baja California para ampliar el periodo de mandato de dos a cuatro años.

El Ministro Fernando González refirió que el hecho de que el gobernador entre en funciones el próximo primero de noviembre del presente año, “no significa que se hayan consumado los efectos de la norma”.

“Dado su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas”.

Ayer, el INE presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una acción declarativa en el caso Bonilla, para que sea el órgano jurisdiccional el que defina que la gubernatura de Jaime Bonilla es del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

De acuerdo con el órgano electoral, a través del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, se presentó esta acción para efecto de que la Sala Superior disipe "la incertidumbre jurídica derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California que pretende ampliar el mandato hasta 2024".

Al respecto, Amador Rodríguez, virtual Secretario de Gobierno de Baja California, aseguró que las declaraciones del consejero Córdova son para obstruir la toma de protesta del gobernador electo.

“Sin precedente alguno, amagó a los Ministros de la Corte con la futura presentación de una controversia constitucional en contra de la reforma a la Constitución de Baja California, en ambos casos llama la atención, que el Instituto Nacional Electoral no goza, para el caso particular, de atribuciones ni legitimidad procesal para la presentación de dichos recursos, por lo que podría estar incurriendo en ilegalidades constitucionales. La mejor defensa de la democracia, es el respeto a la legalidad”, puso en sus redes sociales Amador Rodríguez.

Comenzó la batalla legal para echar abajo la Ley Bonilla. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos en contra de la ampliación de la próxima gubernatura de Baja California, el Instituto Nacional Electoral pidió al Tribunal Electoral aclare cuánto durara el gobierno de Jaime Bonilla.

Ante este panorama, Amador Rodríguez, quien se perfila como secretario de Gobierno de Baja California, arremetió contra Lorenzo Córdova Vianello al afirmar que el consejero presidente del INE quiere impedir la toma de protesta de Bonilla.

De acuerdo con la SCJN, el ministro Fernando González Salas será el encargado de analizar estos recursos, ya que consideró que existen elementos jurídicos necesarios para ser atendidas, además de que fueron presentados conforme a la ley. Sin embargo, queda firme que Bonilla deberá tomar posesión el 1 de noviembre.

Dichas acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la revolución Democrática y el Revolucionario Institucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de analizar la constitucionalidad de las modificaciones que se han realizado a constitución de Baja California para ampliar el periodo de mandato de dos a cuatro años.

El Ministro Fernando González refirió que el hecho de que el gobernador entre en funciones el próximo primero de noviembre del presente año, “no significa que se hayan consumado los efectos de la norma”.

“Dado su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas”.

Ayer, el INE presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una acción declarativa en el caso Bonilla, para que sea el órgano jurisdiccional el que defina que la gubernatura de Jaime Bonilla es del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

De acuerdo con el órgano electoral, a través del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, se presentó esta acción para efecto de que la Sala Superior disipe "la incertidumbre jurídica derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California que pretende ampliar el mandato hasta 2024".

Al respecto, Amador Rodríguez, virtual Secretario de Gobierno de Baja California, aseguró que las declaraciones del consejero Córdova son para obstruir la toma de protesta del gobernador electo.

“Sin precedente alguno, amagó a los Ministros de la Corte con la futura presentación de una controversia constitucional en contra de la reforma a la Constitución de Baja California, en ambos casos llama la atención, que el Instituto Nacional Electoral no goza, para el caso particular, de atribuciones ni legitimidad procesal para la presentación de dichos recursos, por lo que podría estar incurriendo en ilegalidades constitucionales. La mejor defensa de la democracia, es el respeto a la legalidad”, puso en sus redes sociales Amador Rodríguez.

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