/ jueves 11 de julio de 2019

Inician diputados ruta para avalar ley de extinción de dominio

Se prevé que el 25 de julio, el pleno de la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de decreto por el que se expide esta ley

La Cámara de Diputados inicia hoy la ruta legislativa para revisar y en su caso aprobar el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este jueves diputados federales se reunirán con funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de escuchar las observaciones de los burócratas para enriquecer la ley que proviene del Senado.

El proyecto de decreto que se aprobó en la Cámara de Senadores el pasado 1 de julio, perfila que “son cuatro los elementos que motivan la extinción de dominio: la existencia de un hecho ilícito como el secuestro, la existencia de algún bien de origen o destino fuera de la ley, el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular y el destino del bien al hecho ilícito o que sea producto de éste. Este elemento no se tendrá por cumplido cuando se acredite que el titular estaba impedido para conocerlo”.

El pasado mes, en San Lázaro se aprobaron, en lo general, las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución y se avaló el incremento de delitos por los cuales se puede aplicar la ley de extinción de dominio: en hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos y en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, así como encubrimiento, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.

Cabe precisar que la Ley Nacional de Extinción de Dominio es reglamentaria del reformado artículo 22 constitucional en materia de corrupción.

El próximo 25 de julio se prevé que el pleno de la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Del encuentro de hoy, se tiene confirmada la presencia de funcionarios de la FGR como: Óscar Bernache, enlace legislativo de esta dependencia con el Congreso de la Unión, y el maestro Oscar Langlet González, Coordinador de Asesores del Fiscal General, Alejandro Gertz.

La minuta aprobada en el Senado el pasado 1 de julio y que ayer se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, plantea que el fiscal General de la República (FGR) tendrá que elaborar cada año un informe sobre el número de juicios en materia de extinción de dominio que encuentren en trámite, además del número de sentencias emitidas en las que se declaró la pérdida de bienes y en las que no.

Esta minuta también perfila que el fiscal deberá precisar el valor de los bienes sujetos a esta ley, así como los ingresos obtenidos por la aplicación de esta norma, y el destino de los recursos derivados de la venta de estos bienes.

La Cámara de Diputados inicia hoy la ruta legislativa para revisar y en su caso aprobar el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este jueves diputados federales se reunirán con funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de escuchar las observaciones de los burócratas para enriquecer la ley que proviene del Senado.

El proyecto de decreto que se aprobó en la Cámara de Senadores el pasado 1 de julio, perfila que “son cuatro los elementos que motivan la extinción de dominio: la existencia de un hecho ilícito como el secuestro, la existencia de algún bien de origen o destino fuera de la ley, el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular y el destino del bien al hecho ilícito o que sea producto de éste. Este elemento no se tendrá por cumplido cuando se acredite que el titular estaba impedido para conocerlo”.

El pasado mes, en San Lázaro se aprobaron, en lo general, las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución y se avaló el incremento de delitos por los cuales se puede aplicar la ley de extinción de dominio: en hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos y en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, así como encubrimiento, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.

Cabe precisar que la Ley Nacional de Extinción de Dominio es reglamentaria del reformado artículo 22 constitucional en materia de corrupción.

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