/ viernes 15 de enero de 2021

Iniciativa Mérida: La 4T recibió 320.5 mdd del Gobierno de Trump

El presidente López Obrador ha declarado que desea reorientar estos recursos al desarrollo

En sus dos primeros años, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió 320.5 millones de dólares del gobierno estadounidense a través de la Iniciativa Mérida, un tratado internacional de seguridad entre ambas naciones para combatir el crimen organizado y la violencia asociada. Y este 2021 tiene proyectado recibir 159 millones de dólares más.

Aun cuando el mandatario mexicano declara públicamente que busca desaparecer este Plan que data del sexenio de Felipe Calderón, y reorientar los fondos al desarrollo y creación de empleos, lo cierto es que el dinero de la Iniciativa Mérida sigue fluyendo a México a través de tres cuentas: la del Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés), el Fondo de Apoyo Económico (ESF) y el Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF).

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En contraste, la Iniciativa Mérida no ha destinado recursos para el Programa de Asistencia para el Desarrollo desde 2018, indica un reporte del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS). Organizaciones no gubernamentales también han sido beneficiarias de los recursos del programa.

El informe, que hace un recuento de la relación entre México y su país vecino en los últimos años, revela que el gobierno del presidente López Obrador recibió en 2019 alrededor de 162.5 millones de dólares a través de la Iniciativa Mérida, y en 2020 se le autorizaron otros 158 millones.

“La administración Trump solicitó 63.8 millones para México en el año fiscal 2021, casi 60 por ciento menos que el nivel estimado para el año fiscal 2020. Sus principales prioridades de asistencia externa para México eran disuadir los flujos de migrantes no autorizados a los Estados Unidos y desbaratar las organizaciones criminales transnacionales fortaleciendo el estado de derecho, previniendo el crimen, protegiendo los derechos humanos y promoviendo la transparencia en México”, indica el documento fechado el pasado 7 de enero.

Sin embargo, el Congreso estadounidense decidió proporcionar a nuestro país casi 159 millones de dólares para este año, es decir aproximadamente 95 millones por encima de lo solicitado por Donald Trump.

López Obrador ha declarado que su gobierno quiere desaparecer la Iniciativa Mérida y reorientar estos recursos al desarrollo. La primera vez que hizo mención al tema fue en su conferencia del 7 de mayo de 2019.

Ese día informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores buscaba reorientar los recursos de este acuerdo en acciones de cooperación para el desarrollo del sureste de México y los países de Centroamérica.

“Lo de la Iniciativa Mérida, queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida. La propuesta que estamos haciendo es la del plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos; no queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo”, dijo.

La última vez que el tema salió a relucir en una mañanera fue el pasado 18 de noviembre de 2020, cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que no se ha adquirido “ni un helicóptero” con los fondos de ese Plan.

“La instrucción que nos ha dado el Presidente es de no aplicar esos recursos como se estaba haciendo para comprar armas, helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. El Gobierno de México ha expresado ya en varias ocasiones que esa iniciativa se debe de rehacer, es decir, para nosotros ya la Iniciativa Mérida quedó sin efecto por lo que hace al Gobierno de México”, dijo el Canciller.

Los datos que tiene el Congreso estadounidense indican, sin embargo, otra cosa. Su informe señala que el Departamento de Defensa “supervisó la adquisición y entrega de equipo proporcionado a través de la cuenta FMF (financiamiento militar extranjero), y la cooperación militar bilateral ha aumentado junto con la aplicación de la ley y el intercambio de inteligencia relacionados con la Iniciativa Mérida”.

Solo en 2020, el gobierno mexicano recibió cinco millones de dólares a través de esta cuenta de cooperación militar, además de 1.8 millones de dólares vía fondos de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET). Estos últimos “apoyan programas de entrenamiento para el Ejército mexicano, incluidos cursos en los Estados Unidos”.

Queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa MéridaAndrés Manuel López Obrador

Además del financiamiento de la Iniciativa Mérida, el documento indica que el Departamento de Estado brinda capacitación adicional, equipamiento y otro tipo de apoyo a México.

“La asistencia del Departamento de Defensa, que ascendió a unos 55.3 millones de dólares en el año fiscal 2019, respalda los esfuerzos de México para mejorar la seguridad en áreas de alta criminalidad, rastrear y capturar sospechosos, fortalecer la seguridad fronteriza e interrumpir los flujos ilícitos”, añade el documento.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró ayer que la Iniciativa Mérida ha evolucionado conforme a la estrategia que cada gobierno ha tenido en nuestro país. “Ahora consiste casi totalmente en apoyar el nuevo sistema penal en México para terminar con la impunidad y en programas de capacitación”, dijo.

Pese a algunos indicadores de éxito del programa —que incluyen intercambio de inteligencia y cooperación policial para extraditar delincuentes de alto perfil y estándares internacionales de capacitación de policías, fiscales y jueces —, el informe reconoce que la escalada de violencia en México continúa así como las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Plantea, en consecuencia, que el Congreso americano pueda monitorear la eficacia de los esfuerzos financiados por Estados Unidos, recomendar formas de responder a los desafíos planteados por la evolución de las actividades ilícitas y los cambios en las políticas de México y tratar de influir en la administración de Joe Biden para equilibrar las prioridades de asistencia de ese país a México.




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En sus dos primeros años, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió 320.5 millones de dólares del gobierno estadounidense a través de la Iniciativa Mérida, un tratado internacional de seguridad entre ambas naciones para combatir el crimen organizado y la violencia asociada. Y este 2021 tiene proyectado recibir 159 millones de dólares más.

Aun cuando el mandatario mexicano declara públicamente que busca desaparecer este Plan que data del sexenio de Felipe Calderón, y reorientar los fondos al desarrollo y creación de empleos, lo cierto es que el dinero de la Iniciativa Mérida sigue fluyendo a México a través de tres cuentas: la del Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés), el Fondo de Apoyo Económico (ESF) y el Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF).

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En contraste, la Iniciativa Mérida no ha destinado recursos para el Programa de Asistencia para el Desarrollo desde 2018, indica un reporte del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS). Organizaciones no gubernamentales también han sido beneficiarias de los recursos del programa.

El informe, que hace un recuento de la relación entre México y su país vecino en los últimos años, revela que el gobierno del presidente López Obrador recibió en 2019 alrededor de 162.5 millones de dólares a través de la Iniciativa Mérida, y en 2020 se le autorizaron otros 158 millones.

“La administración Trump solicitó 63.8 millones para México en el año fiscal 2021, casi 60 por ciento menos que el nivel estimado para el año fiscal 2020. Sus principales prioridades de asistencia externa para México eran disuadir los flujos de migrantes no autorizados a los Estados Unidos y desbaratar las organizaciones criminales transnacionales fortaleciendo el estado de derecho, previniendo el crimen, protegiendo los derechos humanos y promoviendo la transparencia en México”, indica el documento fechado el pasado 7 de enero.

Sin embargo, el Congreso estadounidense decidió proporcionar a nuestro país casi 159 millones de dólares para este año, es decir aproximadamente 95 millones por encima de lo solicitado por Donald Trump.

López Obrador ha declarado que su gobierno quiere desaparecer la Iniciativa Mérida y reorientar estos recursos al desarrollo. La primera vez que hizo mención al tema fue en su conferencia del 7 de mayo de 2019.

Ese día informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores buscaba reorientar los recursos de este acuerdo en acciones de cooperación para el desarrollo del sureste de México y los países de Centroamérica.

“Lo de la Iniciativa Mérida, queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida. La propuesta que estamos haciendo es la del plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos; no queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo”, dijo.

La última vez que el tema salió a relucir en una mañanera fue el pasado 18 de noviembre de 2020, cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que no se ha adquirido “ni un helicóptero” con los fondos de ese Plan.

“La instrucción que nos ha dado el Presidente es de no aplicar esos recursos como se estaba haciendo para comprar armas, helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. El Gobierno de México ha expresado ya en varias ocasiones que esa iniciativa se debe de rehacer, es decir, para nosotros ya la Iniciativa Mérida quedó sin efecto por lo que hace al Gobierno de México”, dijo el Canciller.

Los datos que tiene el Congreso estadounidense indican, sin embargo, otra cosa. Su informe señala que el Departamento de Defensa “supervisó la adquisición y entrega de equipo proporcionado a través de la cuenta FMF (financiamiento militar extranjero), y la cooperación militar bilateral ha aumentado junto con la aplicación de la ley y el intercambio de inteligencia relacionados con la Iniciativa Mérida”.

Solo en 2020, el gobierno mexicano recibió cinco millones de dólares a través de esta cuenta de cooperación militar, además de 1.8 millones de dólares vía fondos de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET). Estos últimos “apoyan programas de entrenamiento para el Ejército mexicano, incluidos cursos en los Estados Unidos”.

Queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa MéridaAndrés Manuel López Obrador

Además del financiamiento de la Iniciativa Mérida, el documento indica que el Departamento de Estado brinda capacitación adicional, equipamiento y otro tipo de apoyo a México.

“La asistencia del Departamento de Defensa, que ascendió a unos 55.3 millones de dólares en el año fiscal 2019, respalda los esfuerzos de México para mejorar la seguridad en áreas de alta criminalidad, rastrear y capturar sospechosos, fortalecer la seguridad fronteriza e interrumpir los flujos ilícitos”, añade el documento.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró ayer que la Iniciativa Mérida ha evolucionado conforme a la estrategia que cada gobierno ha tenido en nuestro país. “Ahora consiste casi totalmente en apoyar el nuevo sistema penal en México para terminar con la impunidad y en programas de capacitación”, dijo.

Pese a algunos indicadores de éxito del programa —que incluyen intercambio de inteligencia y cooperación policial para extraditar delincuentes de alto perfil y estándares internacionales de capacitación de policías, fiscales y jueces —, el informe reconoce que la escalada de violencia en México continúa así como las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Plantea, en consecuencia, que el Congreso americano pueda monitorear la eficacia de los esfuerzos financiados por Estados Unidos, recomendar formas de responder a los desafíos planteados por la evolución de las actividades ilícitas y los cambios en las políticas de México y tratar de influir en la administración de Joe Biden para equilibrar las prioridades de asistencia de ese país a México.




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