/ jueves 27 de febrero de 2020

Innecesario, llevar concepto de ciberseguridad a la Constitución, afirman

Especialistas en derecho e internet pidieron a los legisladores que en estos momentos desean establecer leyes en torno al tema, se informen y eduquen al respecto

Especialistas en derecho e internet ven innecesario que se incluya el concepto de ciberseguridad en la Carta Magna y que sean las Fuerzas Armadas las encargadas de su control y vigilancia, como lo proponen diversas iniciativas en el Congreso federal, pues señalan que este concepto es dinámico y no hay criterios establecidos para determinar la amplitud de este concepto.

Sobre el control e intervención de la Fuerzas Armadas en internet, los investigadores ven riesgoso que sean las encargadas de vigilar y controlar el tráfico en el internet para prevenir ciberataques, advierten que esto atenta contra las garantías individuales y propiciaría la apertura de una puerta para que se dé la vigilancia ilegal a ciudadanos, defensores de derechos humanos y periodistas.

Por lo anterior, pidieron a los legisladores que en estos momentos desean establecer leyes en torno al tema, se informen y eduquen al respecto para evitar que comenta errores legislativos.

Durante el foro “Retos de la Ciberseguridad en México” organizado por el Partido del Trabajo y realizado en la Cámara de Diputados, los especialistas coinciden que se debe garantizar primero los derechos humanos de los ciudadanos en cuanto al uso del internet.

El doctor Amaury Fierro, especialista en ciberseguridad y director general de la empresa en seguridad tecnológica OSINT para Latinoamérica, señaló que las fuerzas federales desde hace varios años vigilan el tráfico en internet, pero consideró que es un error admitir esto en la Carta Magna y se debe regular el tema para no abrir la puerta accesos gubernamentales.

Sostuvo que “la función de las Fuerzas Armadas debe estar delimitada” al momento de proteger aquellos activos catalogados como de seguridad nacional y agregó que “por eso, mi postura en contra de elevar a rango constitucional la palabra ciberseguridad, porque no la entendemos todavía, y eso es sólo un ejemplo”, expuso a El Sol de México.

Recordó que intentos de robo de información a instituciones gubernamentales o bancos en México conocidas como “hackeos”, han provenido en algunos casos de nuestro propio país, por lo que el tema no tiene que ver tanto con el asunto de fronteras, sino con habilidades y capacidades técnicas que permitan proteger los activos de la Nación.

Por ello, consideró que “no debe ser una labor exclusiva de las Fuerzas Armas, de hecho, la construcción de ciberseguridad es de muchos actores, incluyendo a los usuarios que no son ingenieros ni técnicos”.

Por lo que concluyó que efectivamente se tienen que elaborar marcos de referencia para garantizar la seguridad y adecuaciones legislativas en algunos puntos, pero no a nivel constitucional.

En tanto, Grecia Macías, oficial legal de la R3D, organización defensora de los Derechos Digitales, subrayó que se deben regular las facultades que se le dan a las fuerzas federales “facultades excesivas ni proporcionales que puedan terminar vulnerando la privacidad de las personas”.

A su vez, la diputada petista, Claudia Domínguez Vázquez hizo votos para que las empresas que operan aplicaciones en internet como Google o Facebook fortalezcan sus controles de seguridad para evitar ciberataques y robos de identidad.

Dijo también que los niños han sido las principales víctimas, pues aún no existen las condiciones necesarias para garantizar la ciberseguridad.



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Especialistas en derecho e internet ven innecesario que se incluya el concepto de ciberseguridad en la Carta Magna y que sean las Fuerzas Armadas las encargadas de su control y vigilancia, como lo proponen diversas iniciativas en el Congreso federal, pues señalan que este concepto es dinámico y no hay criterios establecidos para determinar la amplitud de este concepto.

Sobre el control e intervención de la Fuerzas Armadas en internet, los investigadores ven riesgoso que sean las encargadas de vigilar y controlar el tráfico en el internet para prevenir ciberataques, advierten que esto atenta contra las garantías individuales y propiciaría la apertura de una puerta para que se dé la vigilancia ilegal a ciudadanos, defensores de derechos humanos y periodistas.

Por lo anterior, pidieron a los legisladores que en estos momentos desean establecer leyes en torno al tema, se informen y eduquen al respecto para evitar que comenta errores legislativos.

Durante el foro “Retos de la Ciberseguridad en México” organizado por el Partido del Trabajo y realizado en la Cámara de Diputados, los especialistas coinciden que se debe garantizar primero los derechos humanos de los ciudadanos en cuanto al uso del internet.

El doctor Amaury Fierro, especialista en ciberseguridad y director general de la empresa en seguridad tecnológica OSINT para Latinoamérica, señaló que las fuerzas federales desde hace varios años vigilan el tráfico en internet, pero consideró que es un error admitir esto en la Carta Magna y se debe regular el tema para no abrir la puerta accesos gubernamentales.

Sostuvo que “la función de las Fuerzas Armadas debe estar delimitada” al momento de proteger aquellos activos catalogados como de seguridad nacional y agregó que “por eso, mi postura en contra de elevar a rango constitucional la palabra ciberseguridad, porque no la entendemos todavía, y eso es sólo un ejemplo”, expuso a El Sol de México.

Recordó que intentos de robo de información a instituciones gubernamentales o bancos en México conocidas como “hackeos”, han provenido en algunos casos de nuestro propio país, por lo que el tema no tiene que ver tanto con el asunto de fronteras, sino con habilidades y capacidades técnicas que permitan proteger los activos de la Nación.

Por ello, consideró que “no debe ser una labor exclusiva de las Fuerzas Armas, de hecho, la construcción de ciberseguridad es de muchos actores, incluyendo a los usuarios que no son ingenieros ni técnicos”.

Por lo que concluyó que efectivamente se tienen que elaborar marcos de referencia para garantizar la seguridad y adecuaciones legislativas en algunos puntos, pero no a nivel constitucional.

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