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Una jueza en materia civil y de trabajo con residencia en Nuevo León otorgó suspensión provisional a la empresa Mary Kay contra la reforma en materia laboral con la que se regula el outsourcing, que entró en vigor el pasado 24 de abril, mediante la cual el gobierno federal establece las nuevas regulaciones para la contratación de servicios u obras especializadas, incluyendo un padrón de contratistas.
La juez María del Carmen Leticia Hernández Guerrero, titular del Juzgado Primero de Distrito en materias Civil y de Trabajo con residencia en Nuevo León, otorgó la protección de la justicia federal a la empresa estadounidense Mary Kay, la mayor comercializadora de productos de belleza en México a través de una red de más de 300 mil vendedoras directas.
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El mandato judicial permite que la firma pueda continuar con la subcontratación laboral de conformidad con las disposiciones que estaban vigentes antes de la reforma.
En el expediente 736/2021 la juez otorgó el beneficio jurídico a la empresa quien interpuso la demanda el pasado 7 de junio, reclamando el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley de Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Así como la Ley al Impuesto al Valor Agregado, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Subcontratación Laboral.
La suspensión provisional es contra el decreto que regula el outsourcing con cambios a siete leyes, que establecen una nueva regulación para la contratación de servicios u obras especializadas, incluyendo un padrón de contratistas.
El decreto publicado el pasado 24 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), prohíbe la actividad de suministro de personal, es decir, cuando una empresa pone a sus trabajadores a disposición de otra para su beneficio.
Contra estas reformas, cientos de empresas promovieron amparos bajo el argumento que es inconstitucional por incumplir acuerdos internacionales, pero otros jueces señalaron incompetencia por razón de materia y los envió a los de trabajo.
La juez Hernández Guerrero programó la audiencia incidental para el 18 de junio, fecha en la que resolverá si le concede la suspensión definitiva, a la empresa Mary Kay.
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A partir de la publicación de las reformas las empresas que presten servicios de subcontratación deberán obtener el registro ante la STPS en un plazo de 90 días naturales.
El mismo plazo aplica a compañías para regularizar a su personal y eliminar los esquemas de outsourcing e insourcing.
La empresa podrá, por el momento, continuar con la subcontratación con las reglas vigentes antes de la reforma.
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