Convocadas por el colectivo Unid@s, 51 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a la ciudadanía para que salga a marchar este domingo a las 10:30 de la mañana en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin dar un aproximado de personas que marcharán a favor de que al Instituto Nacional Electoral (INE) no se toque hasta antes del 2024, los colectivos estiman que sea la movilización más cuantiosa durante el gobierno del presidente López Obrador.
“Va a ser una marcha muy importante, va a ser la marcha más grande del sexenio, estoy convencido”, dijo a El Sol de México el exdiputado federal y miembro del Frente Cívico Nacional, Fernando Belaunzarán.
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Ello, aseguró, porque el órgano electoral a cargo de Lorenzo Córdova cuenta con amplio respaldo de la sociedad en general, alcanzando niveles de confianza mayores que el propio presidente López Obrador y sólo por debajo de las fuerzas armadas.
“El INE es una institución muy bien calificada por los mexicanos y hay muchísimos sectores sociales y ciudadanos que no quieren tirar a la basura el legado de tantas luchas que generaron la transición hacia la democracia en México. Entonces ese imponderable que es la fuerza social expresada es lo que puede evitar que avance el retroceso, porque si el presidente no puede pasar la reforma constitucional quizás quiera reformas legales con su mayoría mecánica, que también afectaría la legalidad y certeza de la elección, pero vamos a esperar con la fuerza de los ciudadanos evite el retroceso”, agregó.
En conferencia de prensa desde el Hotel Sevilla Palace de la Ciudad de México, los representantes de organizaciones indígenas, ambientales, religiosas y políticas también pidieron a los partidos de oposición –en particular el PRI y el PRD– sostengan su palabra para defender al INE en el congreso y en la marcha de este domingo, la cual irá del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución en la capital, pero que prevén se celebre en más de 30 ciudades alrededor del país.
Asimismo pidieron a Morena y sus aliados aplazar la discusión de la reforma electoral enviada por el mandatario federal hasta después de las elecciones federales de 2024, ya que, sostienen, de hacerse antes afectaría la legalidad e imparcialidad de los comicios que se celebrarán el próximo año en Coahuila y el Estado de México, además de la propia sucesión presidencial.
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La solicitud se hace, además, en medio del reciente recorte presupuestal que sufrió el INE por más de 4.7 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023 que fue aprobado ayer en lo general por la Cámara de Diputados.
Sobre esto, el senador Emilio Álvarez Icaza, también del Frente Cívico Nacional –agrupación que forma parte de Unid@s– señaló a este diario que el recorte carece de sentido y sólo obedece a una estrategia para vulnerar a los órganos autónomos como sucedió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Es parte de una estrategia del gobierno para debilitar a la autoridad electoral, me parece absolutamente, no sólo insensato, sino peligroso”, subrayó.
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En su reforma, el presidente López Obrador, entre otras cosas, plantea eliminar al INE y los Organismos Públicos Locales Electorales para crear a un órgano único que se encargará de los comicios a nivel local y federal, el cual pasaría a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas en donde los consejeros serán electos mediante el voto popular.
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Al respecto, consideró que los grandes riesgos pasan porque el gobierno regrese a controlar las elecciones, lo que implicaría que éste “meta la mano a la urna” y se incline a favor de sus candidatos como ocurría hace más de 30 años.
“No queremos regresar a la etapa donde el árbitro tira penaltis o donde ya hay goles antes de empezar el partido o donde los muertos votaban, no le tenemos confianza al gobierno para organizar las elecciones y es una regla universal que el árbitro no debe de tener candidatos”, concluyó.