Con una puntuación de 47.4 por ciento, México obtuvo una calificación reprobatoria en materia de transparencia legislativa, según la quinta edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2020 (ILTL).
“Esta evaluación se debe, entre otros elementos, a la falta de regulación exhaustiva aplicable al Cabildeo que se manifiesta en la falta completa de registros de las actividades del lobby; y la no adopción de una política de datos abiertos y de normas que garanticen la calidad de la información de los órganos legislativos y su reutilización”, señaló la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.
De acuerdo con esta organización, que reúne a 32 organizaciones de la sociedad civil de 15 países de la región y que fue la encargada de la evaluación, la información presupuestaria del propio Congreso mexicano, conformado por la Cámara de Diputados y la de Senadores, es donde se obtuvo los niveles más bajos de transparencia, con una calificación de 29.2 por ciento.
Esto debido a que si bien se conoce el monto de las asignaciones a los grupos parlamentarios, “no se publica el gasto desagregado ni las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal. Tampoco es posible acceder a un informe de gasto de cada legislador o legisladora”.
Además, “existen limitaciones en la información disponible en ámbitos como la contratación de bienes y servicios y de personal, ejecución del gasto de las fracciones parlamentarias, listado de asesores y sus curriculums, y estados financieros de los viajes de las y los legisladores”.
Otra de las dimensiones peor evaluadas del Congreso es la que hace referencia a la dimensión normativa del país, que evalúa la existencia de leyes o reglamentos respecto a temas de transparencia y participación ciudadana, misma en la que obtuvo una calificación de 49.8 debido principalmente a que “el marco normativo aplicable al cabildeo o lobby es insuficiente”.
“Esto se manifiesta principalmente en la falta completa de registros de estas actividades, sin que -en todos los casos exista conocimiento de antecedentes básicos como los asistentes a reuniones y las materias tratadas. Tampoco se evidenció la existencia de políticas públicas de género y grupos vulnerables”, entre otras.
En ese mismo sentido, otros de los mayores retos a los que se enfrenta el Congreso es que se observó una participación ciudadana con muy poco impacto en la toma de decisiones, con una calificación de 53.5, principalmente porque no existe reglamentación alguna que establezca una política de parlamento abierto en el país; además de que no se cuenta con un marco para la protección de los denunciantes.
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Por ejemplo, “en 2020, se llevaron a cabo foros de discusión bajo el nombre de “Parlamento Abierto” para escuchar a la ciudadanía sobre algunas leyes que se discutían, sin embargo, sus opiniones y contribuciones -en su mayoría- no fueron incluidas ni tomadas en cuenta en lo aprobado”, señaló el informe.
Por lo anterior, Sebastián Sánchez, coordinador de la Red, hizo un llamado a los países evaluados para trabajar en mejorar “la transparencia y la apertura parlamentaria, (pues esto) permitirá que podamos acercarnos de manera más efectiva hacia las necesidades ciudadanas dentro de la región”.
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