En México son alrededor de 310 mil 527 personas desplazadas -entre niñas, niños, mujeres, ancianos, campesinos e indígenas- que se encuentran en extrema vulnerabilidad.
En abril de 2019 el Estado mexicano reconoció oficialmente la presencia del fenómeno en su territorio, pero no se han implementado leyes, programas o políticas públicas para atender, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni para prevenir nuevos desplazamientos, señalan la senadora Nestora Salgado y Ricardo Monreal.
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Las razones por las cuales abandonaron su lugar de origen tienen que ver con conflictos armados, situaciones de violencia, violaciones de los derechos humanos, desastres naturales o humanos y consecuencia de proyectos de desarrollo (también conocidos como megaproyectos), entre otros.
Guerrero registró en 2018, cinco mil 56 personas desplazadas, lo que corresponde aproximadamente al 44 por ciento de la población que enfrenta esta problemática. En segundo lugar se ubicó Chiapas con 35%, que representa el 43.82 por ciento; y Sinaloa ocupó el tercer lugar con 860 víctimas, es decir, el 7.48 por ciento. Con menos casos están Michoacán y Oaxaca.
Los municipios de Guerrero afectados son San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y la Unión de Isidoro Montes de Oca.
El episodio con mayor número de víctimas de desplazamiento masivo ocurrido en Chiapas, fue el municipio de Aldama, en el cual 2 mil 36 indígenas tzotziles fueron obligados a desplazarse de diversas localidades.
La senadora Nestora Salgado y el senador Ricardo Monreal, suscribieron una iniciativa que busca expedir la Ley General para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno, pues estos ocurren por la violencia generalizada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que el desplazamiento no ha sido documentado y analizado de forma integral por el Estado, lo cual constituye el principal obstáculo para dar una respuesta integral que México debe darle a este fenómeno.
Actualmente, señalan la senadora y el senador, el país carece de un diagnóstico oficial sobre la situación de las personas internamente desplazadas.
En este contexto, el proyecto de los legisladores de Morena considera los derechos y medidas de prevención, protección y asistencia en todas las fases que comprenden el ciclo del desplazamiento; la creación de un registro único de víctimas; la conformación de un Sistema Nacional para la Prevención y Atención Integral.
La propuesta establece los derechos de las personas a una investigación pronta y exhaustiva, que permita la identificación y enjuiciamiento de las personas responsables de los hechos que generaron el desplazamiento forzado interno, así como a no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y posesiones y a que las autoridades realicen las acciones necesarias para protegerlas.
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