El ministro Javier Laynez Potisek ha propuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inválido lo que se conoce como la segunda parte del plan B de la reforma electoral al considerar que la Cámara de Diputados y el Senado incurrieron en "múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo", de cara a su aprobación.
En marzo pasado el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas a la legislación en materia electoral relacionadas principalmente con la estructura, la organización y los procedimientos del Instituto Nacional Electoral (INE), así como con las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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El proyecto de sentencia encabezado por el ministro Laynez Potisek considera que ambas cámaras incurrieron en una serie de violaciones al proceso legislativo, entre las que está la acusación de que los respectivos grupos parlamentarios de Morena no pudieron sustentar la "condición de urgencia" convocada por ellos mismos para votar una versión del decreto que finalmente fue aprobado sin que fuera debidamente analizada por el resto de legisladores.
El documento que aún no ha sido votado por el pleno de la SCJN sostiene que adicionalmente a dicha acusación, también se puede demostrar que las Cámaras modificaron artículos del proyecto de decreto del llamado "Plan B" que ya habían sido aprobados por ellas en sesiones anteriores.
Esto en una clara violación al artículo 72 de la Constitución que prohíbe tajantemente que se revisen los preceptos ya aprobados por ambas Cámaras.
El proyecto concluye que todas estas violaciones en su conjunto mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, son suficientes para "invalidar la totalidad del decreto impugnado".
Además sostiene que de conseguir el respaldo del resto de ministros y fallar según lo propuesto el máximo tribunal del país estaría siendo "congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de treinta asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido".
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En mayo la Corte invalidó la primera parte de este Plan B electoral. En ese sentido, Laynez asegura que esta segunda parte también debe ser declarada inválida luego de que ambos decretos compartieron en términos generales el mismo proceso legislativo desaseado.
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