El presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Luis María Aguilar Morales, afirmó que en cualquier Estado de derecho existe un Poder Judicial fuerte e independiente, por lo que sentenció que esta característica es un requisito para que los juzgadores puedan ejercer su función de guardianes del Estado de derecho sin presiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
A unos días de que el ministro José Ramón Cossío deje su cargo el próximo 30 de noviembre, dejando una vacante en la Suprema Corte de la Nación, el también presidente de ésta, detalló que la independencia judicial no es una prerrogativa ni un privilegio en beneficio de los juzgadores, sino una condición que les permita velar por los derechos constitucionales, así como de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
“La independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas”, expuso el ministro presidente.
Durante la entrega de reconocimientos por antigüedad a servidores públicos del Alto Tribunal, Aguilar Morales, admitió que dicha independencia es el resultado del principio democrático de separación de poderes, en el que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial constituyen tres ramas separadas e independientes.
Por ello, exhortó a todos los integrantes del Poder Judicial a trabajar hombro con hombro, para hacer cumplir la Constitución y defenderla en caso de que se violen sus disposiciones, así como los tratados internacionales de los que México forma parte, ya que dijo, esto permitirá juzgadores independientes que gocen de garantías necesarias para su correcta actuación.
Señaló que, en la actualidad, México requiere de seguridad jurídica, misma que deriva no sólo de una impartición de justicia regida por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, sino de la actuación de todos los servidores públicos en apego a la Carta Magna y ello permita que todo el entramado institucional del Estado esté al servicio de la gente.“Como servidores públicos, somos corresponsables de fortalecer la cultura de la legalidad, y eso nos obliga a interiorizar, como punto de partida, los principios fundamentales contenidos en la Constitución”.
