/ jueves 4 de marzo de 2021

Ministros de la Corte serán quienes definirán el rumbo eléctrico del país

La reforma representa el mayor impacto económico en el mediano y largo plazo, coincidieron especialistas del sector energético

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la que decida si el país vive una auténtica cuarta transformación y se convierte en un Estado de Derecho, ya que la contrarreforma eléctrica, recién aprobada por el Congreso, representa el mayor impacto económico en el mediano y largo plazo, coincidieron especialistas del sector energético.

Durante el Foro Electricidad para el Futuro de México, Leonardo Curzio, analista de estudio estratégicos y catedrático de la UNAM e Ibero, señaló que la imagen de México es fundamental para el país, ya que “lo que se paga con dinero siempre sale más barato que aquello que se paga con la chequera de la reputación”.

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Por ello, durante el foro organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que la última instancia en resolver su procedencia, en este caso la Suprema Corte, deberá de ser cuidadosa al determinar la validez o no de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica que pondera la generación de la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad sobre la de privados.

“La Corte será la que decida si este país vive una auténtica cuarta transformación y se convierte en un Estado de Derecho o es el país donde hace negocios quien le cae bien al Presidente y en los términos que el Ejecutivo diga”, sentenció.

Gabino González Santos, secretario de estudio y cuenta de la SCJN, detalló que en los recursos legales como la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional se requieren de ocho votos de los 11 ministros de la Corte para declarar infundada la actual propuesta del despacho de energía en las plantas eléctricas.

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Añadió que “hasta ahora, es la política llevada a la ley que representa el mayor impacto económico directo e indirecto en el mediano y largo plazo”, por lo que recomendó a quienes presentarán acciones para dejar sin efecto la reforma eléctrica, presentar argumentos “suficientemente robustos para buscar acortar la posibilidad de tener una decisión adversa”, ya que la votación en el pleno de los ministros “resulta ser clara”.

Actualmente, al interior de la Suprema Corte, tienen voz y voto cuatro ministros designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien suscribe la actual reforma eléctrica, y los cuales son requeridos para no dejar sin efectos la inminente política energética del país.

“Tocará, en este sentido, al Poder Judicial de la Federación, y en última instancia a la SCJN, resolver si la reforma a la LIE resulta conforme a la constitución y tratados internacionales. Sin embargo, corresponde a la sociedad impulsar estos medios de control”, añadió.

Recordó que las empresas y asociaciones ambientales también podrán ampararse ante este nuevo régimen y que será a través de los tribunales federales donde se comenzará la discusión de su validez, como ocurrió con la última política energética impulsada por la Secretaría de Energía y que fue echada atrás este 4 de febrero de forma definitiva.

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Francisco González de Cossío explicó que, con esta reforma, México se arriesga a juicios internacionales por una probable violación a 41 tratados internacionales de inversión, de los cuales 29 son tratados de inversión y 12 son tratados de libre comercio con un capítulo específico para la inversión.

La senadora y excanciller, Claudia Ruiz Massieu, recordó que, para presentar una controversia constitucional por una presunta violación a facultades, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es el actor predilecto para llevar a cabo esta judicialización por afectar la libre competencia y concurrencia del mercado de generación de electricidad.

Por su parte, indicó que minorías legislativas, como el bloque opositor en el Senado (PAN, PRI, PRD y MC), también pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, donde requieren el aval de una tercera parte de los legisladores, es decir, 33 senadores o 167 diputados federales.

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En el caso del Senado, dijo, cuentan con al menos 46 senadores por lo que procederán a presentar este recurso jurídico en cuanto se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que la oposición en San Lázaro, aclaró, sólo cuenta con 162 diputados, por lo que analizan su presentación ante la SCJN.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la que decida si el país vive una auténtica cuarta transformación y se convierte en un Estado de Derecho, ya que la contrarreforma eléctrica, recién aprobada por el Congreso, representa el mayor impacto económico en el mediano y largo plazo, coincidieron especialistas del sector energético.

Durante el Foro Electricidad para el Futuro de México, Leonardo Curzio, analista de estudio estratégicos y catedrático de la UNAM e Ibero, señaló que la imagen de México es fundamental para el país, ya que “lo que se paga con dinero siempre sale más barato que aquello que se paga con la chequera de la reputación”.

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Por ello, durante el foro organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que la última instancia en resolver su procedencia, en este caso la Suprema Corte, deberá de ser cuidadosa al determinar la validez o no de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica que pondera la generación de la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad sobre la de privados.

“La Corte será la que decida si este país vive una auténtica cuarta transformación y se convierte en un Estado de Derecho o es el país donde hace negocios quien le cae bien al Presidente y en los términos que el Ejecutivo diga”, sentenció.

Gabino González Santos, secretario de estudio y cuenta de la SCJN, detalló que en los recursos legales como la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional se requieren de ocho votos de los 11 ministros de la Corte para declarar infundada la actual propuesta del despacho de energía en las plantas eléctricas.

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Añadió que “hasta ahora, es la política llevada a la ley que representa el mayor impacto económico directo e indirecto en el mediano y largo plazo”, por lo que recomendó a quienes presentarán acciones para dejar sin efecto la reforma eléctrica, presentar argumentos “suficientemente robustos para buscar acortar la posibilidad de tener una decisión adversa”, ya que la votación en el pleno de los ministros “resulta ser clara”.

Actualmente, al interior de la Suprema Corte, tienen voz y voto cuatro ministros designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien suscribe la actual reforma eléctrica, y los cuales son requeridos para no dejar sin efectos la inminente política energética del país.

“Tocará, en este sentido, al Poder Judicial de la Federación, y en última instancia a la SCJN, resolver si la reforma a la LIE resulta conforme a la constitución y tratados internacionales. Sin embargo, corresponde a la sociedad impulsar estos medios de control”, añadió.

Recordó que las empresas y asociaciones ambientales también podrán ampararse ante este nuevo régimen y que será a través de los tribunales federales donde se comenzará la discusión de su validez, como ocurrió con la última política energética impulsada por la Secretaría de Energía y que fue echada atrás este 4 de febrero de forma definitiva.

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Francisco González de Cossío explicó que, con esta reforma, México se arriesga a juicios internacionales por una probable violación a 41 tratados internacionales de inversión, de los cuales 29 son tratados de inversión y 12 son tratados de libre comercio con un capítulo específico para la inversión.

La senadora y excanciller, Claudia Ruiz Massieu, recordó que, para presentar una controversia constitucional por una presunta violación a facultades, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es el actor predilecto para llevar a cabo esta judicialización por afectar la libre competencia y concurrencia del mercado de generación de electricidad.

Por su parte, indicó que minorías legislativas, como el bloque opositor en el Senado (PAN, PRI, PRD y MC), también pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, donde requieren el aval de una tercera parte de los legisladores, es decir, 33 senadores o 167 diputados federales.

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En el caso del Senado, dijo, cuentan con al menos 46 senadores por lo que procederán a presentar este recurso jurídico en cuanto se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que la oposición en San Lázaro, aclaró, sólo cuenta con 162 diputados, por lo que analizan su presentación ante la SCJN.


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