/ lunes 10 de diciembre de 2018

Ministros exigen al Ejecutivo respetar a la Corte

El Sol de México revisó los proyectos con los cuales cuatro ministros buscan la presidencia de la SCJN

Los cuatro ministros que contienden por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtieron que el momento político que se vive es urgente proteger el papel de contrapeso y la autonomía del máximo tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal.

Los proyectos para encarar al nuevo gobierno, liderado por Andrés Manuel López Obrador, están listos y sus aspirantes: los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena coinciden en que se deben atender las críticas más profundas de la sociedad hacia el Poder Judicial de la Federación: la austeridad, independencia y nepotismo.

“Ante este panorama, el principal desafío del próximo Presidente de la SCJN y del CJF será el de llevar a cabo la defensa de la independencia judicial sin entrar en una confrontación entre poderes o un choque de trenes”, expone en su proyecto el ministro Arturo Zaldívar, que es la segunda vez que participa en la contienda.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo precisa que quien ocupe la presidencia de este recinto jurídico en el periodo 2019- 2022 “estará obligado a dirigir con gran liderazgo a la institución, que es piedra angular en el equilibrio de poderes, cualidad que caracteriza a la democracia”.

Alberto Pérez Dayán, por su parte, señaló que como presidente del Alto Tribunal buscará garantizar un “sistema de pesos y contrapesos de la democracia mexicana y a defender la Constitución”, mientras que como presidente del Consejo de la Judicatura dijo que impulsará “la independencia e imparcialidad de los Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación”.

Para el ministro Arturo Zaldívar, la independencia judicial comprende dos facetas: una referida a la institución y otra en la que el juez determina sus decisiones frente a un proyecto; y resaltó “la dimensión institucional garantiza una esfera de operación independiente de las otras ramas de gobierno, una autonomía organizacional que permita al poder judicial cumplir con su función de contrapeso”.

Lo dijo, porque considera que estos aspectos son indispensables “para que la impartición de justicia cumpla con los estándares constitucionales que la definen; para que exista certidumbre, previsibilidad y Estado de derecho; para evitar que el ejercicio del poder erosione los derechos humanos; para dar salida a conflictos sociales, y para que la sociedad tenga confianza en que las disputas se resuelven segun la Constitución y las leyes”.

Los ministros indican que la sociedad exige austeridad, por lo que el Pardo Rebolledo consideró que el PJF “puede esforzarse más para reordenar, redistribuir y, si es necesario, recortar el gasto”.

Gutiérrez Mena apunta que el Poder Judicial “pone en riesgo su legitimidad cuando cede a las presiones externas irrazonables, pero también cuando se resiste a acoger las demandas razonables de una sociedad que desea abatir un régimen poco republicano de lo que percibe como desmesura y privilegios”, por lo que sugiere una “sincera autocritica”, así como a la “adopción de una Constitución liberal igualitaria”, donde se abata la disparidad.

Para el ministro Arturo Zaldívar la percepción de falta de independencia, corrupción y derroche en el PJF, “no necesariamente corresponde con la realidad, sino que es el producto en gran parte de una debilidad sistémica derivada de las deficiencias en materia de transparencia, comunicación y apertura”.

A su vez, el ministro Zaldívar consideró que el “nepotismo es uno de los que más ha dañado la imagen del PJF”, y en ello coincidieron los cuatro ministros que buscan la presidencia de la Suprema corte, por lo que perfilaron garantizar un perfil de juzgador acorde a necesidades en derechos humanos, así como a una reestructuración de fondo al interior en la que se midan las capacidades y los méritos sobre las redes familiar que se tengan dentro del PJF. En este sentido, el ministro Pérez Dayán propone crear nuevos mecanismos para la realización de exámenes para secretarios, jueces y magistrados.

Los cuatro ministros que contienden por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtieron que el momento político que se vive es urgente proteger el papel de contrapeso y la autonomía del máximo tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal.

Los proyectos para encarar al nuevo gobierno, liderado por Andrés Manuel López Obrador, están listos y sus aspirantes: los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena coinciden en que se deben atender las críticas más profundas de la sociedad hacia el Poder Judicial de la Federación: la austeridad, independencia y nepotismo.

“Ante este panorama, el principal desafío del próximo Presidente de la SCJN y del CJF será el de llevar a cabo la defensa de la independencia judicial sin entrar en una confrontación entre poderes o un choque de trenes”, expone en su proyecto el ministro Arturo Zaldívar, que es la segunda vez que participa en la contienda.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo precisa que quien ocupe la presidencia de este recinto jurídico en el periodo 2019- 2022 “estará obligado a dirigir con gran liderazgo a la institución, que es piedra angular en el equilibrio de poderes, cualidad que caracteriza a la democracia”.

Alberto Pérez Dayán, por su parte, señaló que como presidente del Alto Tribunal buscará garantizar un “sistema de pesos y contrapesos de la democracia mexicana y a defender la Constitución”, mientras que como presidente del Consejo de la Judicatura dijo que impulsará “la independencia e imparcialidad de los Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación”.

Para el ministro Arturo Zaldívar, la independencia judicial comprende dos facetas: una referida a la institución y otra en la que el juez determina sus decisiones frente a un proyecto; y resaltó “la dimensión institucional garantiza una esfera de operación independiente de las otras ramas de gobierno, una autonomía organizacional que permita al poder judicial cumplir con su función de contrapeso”.

Lo dijo, porque considera que estos aspectos son indispensables “para que la impartición de justicia cumpla con los estándares constitucionales que la definen; para que exista certidumbre, previsibilidad y Estado de derecho; para evitar que el ejercicio del poder erosione los derechos humanos; para dar salida a conflictos sociales, y para que la sociedad tenga confianza en que las disputas se resuelven segun la Constitución y las leyes”.

Los ministros indican que la sociedad exige austeridad, por lo que el Pardo Rebolledo consideró que el PJF “puede esforzarse más para reordenar, redistribuir y, si es necesario, recortar el gasto”.

Gutiérrez Mena apunta que el Poder Judicial “pone en riesgo su legitimidad cuando cede a las presiones externas irrazonables, pero también cuando se resiste a acoger las demandas razonables de una sociedad que desea abatir un régimen poco republicano de lo que percibe como desmesura y privilegios”, por lo que sugiere una “sincera autocritica”, así como a la “adopción de una Constitución liberal igualitaria”, donde se abata la disparidad.

Para el ministro Arturo Zaldívar la percepción de falta de independencia, corrupción y derroche en el PJF, “no necesariamente corresponde con la realidad, sino que es el producto en gran parte de una debilidad sistémica derivada de las deficiencias en materia de transparencia, comunicación y apertura”.

A su vez, el ministro Zaldívar consideró que el “nepotismo es uno de los que más ha dañado la imagen del PJF”, y en ello coincidieron los cuatro ministros que buscan la presidencia de la Suprema corte, por lo que perfilaron garantizar un perfil de juzgador acorde a necesidades en derechos humanos, así como a una reestructuración de fondo al interior en la que se midan las capacidades y los méritos sobre las redes familiar que se tengan dentro del PJF. En este sentido, el ministro Pérez Dayán propone crear nuevos mecanismos para la realización de exámenes para secretarios, jueces y magistrados.

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