Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para crear una Ley de Amnistía que podría representar un recurso extra, en caso de que no proceda la consulta popular que está en vía de ser mostrada en el Senado para juzgar a los presidentes de 1988 a 2018.
La intención de fondo no es la Ley que presenta el diputado morenista Pablo Gómez; sino usarla de salida para discutir el perdón a los expresidentes que hayan cometido actos de corrupción y que la ciudadanía determine mediante este recurso si deben ser perdonados.
Se trata de una propuesta del diputado Pablo Gómez que podría conformar una argucia legislativa en la que plantea reformar el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello, constituir un plan alternativo a la consulta popular para juzgar a los expresidentes.
La iniciativa traza en su justificación que “los expresidentes de la República cargan a cuestas la responsabilidad de ser líderes de la corrupción nacional”, por lo que considera que en el pasado “no pudo haber Estado corrupto sin la persistente conducción del presidente en turno”.
Por ello, sostiene que “es conveniente perseguir y sancionar a quienes desde los cargos públicos de mayor jerarquía han incurrido en delitos, como un aporte al esfuerzo de abatir la impunidad y como instrumento para desarticular los remanentes de redes de complicidad”.
En este sentido, cuestiona “¿qué ofensas del pasado puede olvidar el pueblo de México?” y si el pueblo está dispuesto a perdonar a los expresidentes los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato.
Señala que, por ello, es necesario trazar un método para resolver ese punto y que con la consulta popular incluida como derecho ciudadano en el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El legislador Gómez Álvarez expone que, si las disposiciones constitucionales formales del derecho a la consulta popular podrían ser encausadas mediante una consulta sobre un proyecto de ley en trámite en el Congreso, las reglas constitucionales permitirán preguntar si se está de acuerdo con que se apruebe un proyecto de ley.
“Si la decisión mayoritaria fuera el Sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera No, la Cámara de origen tendría que desechar la iniciativa”.
Ante esto, Gómez explica que el asunto se debe dirimir mediante el dictado popular con un No al olvido de facto que se ha impuesto debido a la tradición de impunidad de los presidentes.
“Si la mayoría ciudadana dijera No, tendríamos una especie de ley de no olvido, aunque ésta no estaría escrita sino consagrada mediante el rechazo popular de la amnistía, es decir, del olvido penal, y el consecuente desechamiento del proyecto por parte de la Cámara de Diputados”, concluye el legislador.
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