Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se presentó a comparecer ante diputados de la Comisión de Vigilancia, en el Palacio Legislativo de San Lázaro la tarde de este miércoles y, ahí, aseguró que no hubo dolo al realizar el informe de la auditoría practicada a la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco en la Cuenta Pública 2019
Al inicio de su exposición, el auditor especial, Caso Rapahel afirmó que el área a su cargo “es ajena a la discusión partidista” y manifestó que “no existió dolo o motivación política en el equipo auditor”.
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Es de recordar que el informe realizado por Caso Raphael indicaba que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador gastó 332 mil millones de pesos para cancelar la obra del NAIM Texcoco. Hecho que provocó un escándalo y la indignación del mandatario federal, quien aseguró que la ASF estaba mal informando a sus opositores y demandó que se investigara este resultado, pues aseguró que el monto por extinguir esta obra fue 222 mil millones de pesos menor.
Ante ello, el auditor Caso se retractó de su resultado mediante un comunicado y dijo que había “inconsistencias” en su informe y por esto, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados separó temporalmente de su cargo a este funcionario para investigar estos hechos y lo llamó a comparecer este miércoles, no sin antes, pedir que compareciera el titular del ASF, David Colmenares Páramo, quien expresó la semana pasada que la dependencia a su cargo ya prepara un nuevo informe del NAIM y añadió que la ASF “es apartidista y apolítica” y que, cualquier otra interpretación a sus auditorías sí sería política.
En tanto, Caso Raphael manifestó durante su comparecencia que no acudía ante los legisladores a “defender a capa y espada una cifra”, sino a poner sobre la mesa sus razones por las cuales se presentan con igual validez dos ópticas distintas, las cuales, subrayó “no son verdades excluyentes”.
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Asimismo, anticipó que una vez que termine el pazo que ordena la ley con respecto a la auditoria que realizó, él asumirá sus conclusiones, pues reiteró que es el compromiso al que están obligados todos los servidores públicos.
Durante su exposición, dijo que el propósito de la auditoria que practicó a la cancelación del NAIM, fue analizar los costos que esto tuvo para el Estado, en cuanto a inversión, costos financieros y los legales.
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