La ONU urgió a México a investigar de manera exhaustiva y bajo la clasificación de graves violaciones a los derechos humanos, las masacres de migrantes en Tamaulipas y Nuevo León entre 2010 y 2012, y criticó que tantos años después "no haya aún personas sancionadas".
El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares expresa en un informe su "profunda preocupación sobre las graves irregularidades en las investigaciones para identificar a los responsables y las víctimas de las masacres".
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reconoció en junio que la masacre en Tamaulipas debe ser calificada como una "grave violación de derechos humanos".
En los sucesos de San Fernando, Tamaulipas, 72 migrantes centroamericanos fueron asesinados el 22 de agosto de 2010 por miembros del crimen organizado -presuntamente del cártel de los Zeta- con la aparente complicidad de policías locales.
Los cadáveres de otros 193 migrantes fueron encontrados entre abril y mayo de 2011 en ese mismo municipio, a los que se sumaron 49 cuerpos hallados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012.
En su informe sobre la situación en México de los migrantes y trabajadores inmigrantes, el Comité de la ONU observa que el Estado se enfrenta a "numerosos e importantes desafíos" para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios, al ser país de origen, tránsito, destino y retorno.
En este sentido manifiesta su preocupación por el "impacto extremadamente grave de la desaparición forzada de personas migrantes y mexicanos en tránsito, así como por los "altos niveles de violencia de género, especialmente en la frontera sur".
Igualmente apunta a las "alegaciones sobre la participación de autoridades públicas, particularmente policías federales, estatales y municipales" en delitos relacionados con los migrantes y a "la alta impunidad".
Para los expertos de la ONU es además lamentable el aumento "significativo" de expulsiones de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, y le inquieta que el llamado "retorno voluntario y asistido" se aplique mientras las personas están privados de su libertad, sin asistencia jurídica ni información adecuada, y sin alternativas para su regularización.
En cuanto a las detenciones, la ONU denuncia el elevado número de personas privadas de libertad en 58 Estaciones Migratorias, a menudo sin las debidas garantías procesales y en ocasiones sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Al Comité le inquieta especialmente el incremento en un 900 % entre 2011 y 2016 de niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos no acompañados o de muy baja edad.
Señala asimismo la falta de oportunidades para la participación amplia y sistemática de las ONG y defensores de los migrantes en la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y en el diseño de políticas públicas y su evaluación.
De ahí que pide institucionalizar el diálogo con las ONG y activistas y ampliar la participación a organizaciones mexicanas en el exterior, especialmente en EU, y a comités de familiares de migrantes de Centroamérica.
A la ONU le preocupa además la vulneración de los derechos de los defensores de los migrantes, dado que son objeto de violencia y amenazas por parte del crimen organizado y redes de tráfico de personas, "incluso en connivencia con las autoridades".
El Comité maneja además información sobre procedimientos de control y verificación migratoria "en base al perfil étnico" de las personas.
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