Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, propone que los partidos políticos, el Congreso de la Unión y los Congresos Locales destinan 2 mil millones de pesos de su presupuesto para hacerle frente a los requerimientos financieros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“De manera puntual se propone una reducción del 50 por ciento de las prerrogativas que se otorgan a los institutos políticos, una reducción del presupuesto del H. Congreso de la Unión y a los Congresos Locales”, dice el diputado con licencia de dice el diputado con licencia de Morena en su propuesta de Acuerdo de Unidad Nacional y Solidaridad.
El presupuesto asignado al Congreso de la Unión, Congresos Locales y partidos Políticos es de más de 27 mil millones de pesos, por lo que “en un esfuerzo de austeridad y eficiencia se podrían destinar 2 mil millones de pesos”, agrega el ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Debido a la magnitud y profundidad de la crisis, la primera tarea es elaborar un diagnóstico común sobre la economía y las finanzas nacionales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros, han mostrado sus proyecciones.
“Son pronósticos y valoraciones realizadas en un escenario de gran volatilidad e incertidumbre. Quizá pueden ser la base para abrir una gran conversación nacional y para que el día 15 de abril el país pudiera establecer con mayor claridad los principales desafíos que tenemos que enfrentar”, dice.
Hoy debe quedar claro es una cosa: “La magnitud de los recursos financieros para enfrentar los estragos sociales y productivos que provocará la crisis, son inmensamente mayores que los montos establecidos en el gasto programado para 2020”.
La movilización urgente de acciones y recursos adicionales tiene el propósito de evitar una destrucción económica mayor y representa la oportunidad de levantar con mayor celeridad y consistencia la recuperación de nuestra economía. Para las nuevas acciones y medidas que debemos de tomar no puede haber recetas inamovibles. Mucho está por construirse día con día.
“Lo fundamental y lo irrenunciable es proteger a las personas más vulnerables y sostener el funcionamiento de la planta productiva y el empleo, la dotación de alimentos y, sobre todo, la vigencia de los servicios públicos, en primer lugar, los servicios de salud”.
El ex líder del Barzón también propone una serie de medidas como posponer cuotas obrero-patronales, dar créditos de la banca comercial a las empresas, la devolución inmediata del IVA, el pago a proveedores, así como apoyo de mil 500 a trabajadores desempleados y las personas en situación de pobreza.
“La izquierda debe de constituirse como la columna vertebral de un Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional con el que enfrentemos la emergencia económica y sanitaria, en unidad y solidaridad entre todos los mexicanos y mexicanas”,
“La crisis deberá abrir la nueva etapa de construcción de un verdadero Estado de Bienestar, así como México tiene que convertirse en uno de los sujetos principales para construir las nuevas relaciones financieras y comerciales, migratorias y de derechos humanos, de cambio climático y de desarrollo sustentable; de equidad, justicia y democracia”, comenta el ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
“Nuestro gobierno está actuando con la más absoluta responsabilidad, ya que ha determinado acciones para salvar vidas, atender a los enfermos y para evitar mayores contagios”, dice.
El ex líder del Barzón delinea un análisis de 14 páginas que es indispensable preservar la capacidad productiva a través de mecanismos de liquidez para las empresas, para contar con la capacidad de reactivar la actividad economía del país.
El gobierno debe posponer las aportaciones obrero-patronales para evitar el cierre de las empresas y con ello mantener la planta productiva para que, una vez que se supere la contingencia sanitaria, facilitar el regreso paulatino a sus actividades y la reactivación de la economía, señala.
“La suspensión de las aportaciones obrero patronales deberá estar sujeta a que no haya ningún despido en la empresa, esta medida fortalecerá al sector empresarial al igual que a los trabajadores”.
Las autoridades federales cubrirán la caída de los ingresos de las aportaciones obrero-patronales, los cuales representan un costo de 168 mil 097 millones de pesos o (0.64 por ciento del PIB).
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