La bancada del PT en el Senado solicitó de la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera, un informe detallado de la investigación de los presuntos desvíos de recursos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, relacionados con el otorgamiento de contratos sin licitación por casi 300 mil millones de pesos.
La coordinadora parlamentaria Geovanna Bañuelos de la Torre, dijo que estos contratos fueron otorgados sin licitación y de manera directa a particulares para la administración de al menos ocho penales que se concesionaron entre 2011 y 2012 y que causan un daño al erario.
Por ello, también pidió a la Secretaría de Gobernación informar sobre el estado actual que guardan los centros penitenciarios federales, su cumplimiento en materia de protección de derechos humanos y las cláusulas de los contratos celebrados con particulares para operar cárceles.
La legisladora expreso su malestar ante los desvíos de recursos otorgados en el sexenio de Felipe Calderón, donde se benefició a empresas privadas y servidores públicos en detrimento de la sociedad mexicana”, señaló.
Bañuelos recordó que en diciembre pasado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó una denuncia en contra de Genaro García Luna, por delitos de lavado de dinero y desviación de recursos que implican más de 300 mil millones de pesos.
Hasta el momento, en la investigación de la Fiscalía que podría alcanzar al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se encuentra implicado García Luna y otros exfuncionarios por la administración de los penales varoniles de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Michoacán, Coahuila y el femenil de Morelos.
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El pasado 23 de abril, el Gobierno Federal informó sobre negociación de una reducción de 15% en los pagos de autoridades por el funcionamiento de ocho reclusorios federales, cuyos contratos fueron firmados en el sexenio de Calderón Hinojosa con empresas privadas, seis de las cuales traspasaron los beneficios a otras compañías.
Los penales en favor de las empresas: Pápagos Servicios para la Infraestructura y Sarre Infraestructura y Servicios, firmas que trasladaron los derechos a Exi Quantium; Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca los vendió a GIA, de Hipólito Gerard.
DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria conserva el contrato, al igual que Concesionaria en Infraestructura de Michoacán. Además, Makobil y CRS Morelos pasaron sus derechos a Capital Inbursa, mientras que Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato lo cedió a Black Rock.
La representante por Zacatecas reconoce que el sistema penitenciario es fundamental para cumplir con el mandato constitucional de reinsertar a las personas a la sociedad; sin embargo, a raíz de los contratos celebrados, el costo diario por la atención de cada interno se estima en 3 mil pesos.
“Es decir, al mes se deben pagar 114 mil 588 pesos por cada uno de los reclusos en dos centros penales privados”, comentó.
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De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno federal en 2020, 15 mil 562 millones de pesos fueron utilizados para pagar a las empresas privadas; es decir, el 68.3% del presupuesto ejercido por Prevención y Readaptación Social.
Urgió la senadora a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes y deslindar responsabilidades sobre el posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios involucrados durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa en el desvío de recursos.
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