Al enviar al Senado la solicitud de consulta popular a realizarse durante las elecciones intermedias de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició formalmente el proceso para decidir si se enjuicia a sus cinco antecesores.
De acuerdo con lo expuesto por el Presidente, a Salinas se le podría juzgar por la entrega de bienes públicos y a Zedillo por el Fobaproa, ambos con daños a la hacienda pública; a Fox por delitos electorales cometidos en las elecciones de 2006; a Calderón por su complicidad con el crimen organizado; y a Peña por la corrupción asociada a la red de Odebrecht en México.
➡️ La consulta de AMLO con la que pretende enjuiciar a expresidentes
En primera instancia la consulta popular choca directamente con lo formulado por el presidente López Obrador durante su campaña en el sentido de que su presidencia sólo se apegaría al ejercicio de la ley ya promulgada pues ya en México no está permitido robar.
Bajo esta línea de pensamiento, si existiesen delitos adjudicables a los expresidentes bastaría la voluntad del Gobierno federal para comenzar un proceso legal para investigar, juzgar y finalmente castigarlos, como ya lo ha hecho con otros políticos del peñismo.
➡️ Tres claves de la consulta de López Obrador para enjuiciar a expresidentes
Aquí es cuando se cuela, no sin algo de razón, la acusación de que todo esto es un circo; sin embargo, una reacción visceral así se queda corta en sus alcances.
La idea de someter a votación popular el enjuiciamiento a expresidentes puede ser también un acto justo de reconciliación histórica con el pasado.
Como ha sucedido con los procesos de justicia transicional en las exdictaduras latinoamericanas, traer a cuenta los hechos pasados, reconocerlos, juzgarlos y aprender de ellos para finalmente cerrar las heridas son un paso para la construcción de democracias más robustas.
Asimismo, cuando se desecha por descontado la propuesta también se pone al descubierto nuestro desconocimiento de los mecanismos de autogestión política y deliberación popular que acompañan a los sistemas electorales.
➡️ Consulta para aplicar la ley es populismo: Miguel Carbonell
De esta manera una consulta bien hecha nos da la posibilidad de deshacernos de una vez por todas del mito de Salinas como ese ratero máximo e indemne de la Nación, o del de Calderón como el general responsable de la guerra contra el narco y sus consecuencias.
Es así que la consulta popular puede ser un ejercicio civil rico en enseñanzas pero también un acto de populismo judicial al servicio del régimen lopezobradorista. Todo está en la forma.
El problema es que el Gobierno tiene malos antecedentes a la hora de armar consultas populares, llámense Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto o la planta cervecera en Mexicali, en las que su seriedad, disposición de argumentos serios y representatividad fueron una mala broma.
Si el presidente López Obrador quiere que esta nueva consulta tenga legitimidad debe desandar su tacañería habitual y dedicarle recursos: espacios de discusión histórica y legal, elementos educativos para las generaciones más jóvenes y por supuesto mucho dinero para su difusión.
Eso, sin siquiera meternos en profundidades legales de cómo juzgar eventos pasados de difusa culpabilidad y la disponibilidad de elementos probatorios.
Tiene un año para hacerlo.
➡️ Firma AMLO solicitud de consulta para juicio a expresidentes
No acabo de entender el afán del Presidente al armar la consulta y al mismo tiempo llamar a sus seguidores para decir que no. Es así como los resultados de la consulta con estas señales cruzadas revelarán el verdadero alcance de la popularidad de López Obrador.
La postal de este 15 de septiembre con un zócalo capitalino vacío y el presidente López Obrador dando el Grito de Independencia es la metáfora de la posibilidad: el Presidente puede elegir si es el hombre que reconfiguró el protocolo para dejar enseñanzas de responsabilidad y memoria histórica o si es el poderoso que creyó hablarle a la Nación cuando sólo le contestó el eco de su voz.
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