/ jueves 23 de mayo de 2019

Por no ratificar a magistrado, Senado debe pagar 3.5 mdp

Este proceso surgió en 2011 cuando originalmente hubo una propuesta del Ejecutivo y Juan Manuel Terán ya era magistrado

Al no ratificar al magistrado Juan Manuel Terán y Contreras en el cargo por un segundo periodo de 10 años, el Senado de la República debe pagar tres millones y medio de pesos por daños y perjuicios.

Esto a pesar de que el magistrado ha cobrado ordinariamente por ocho años, e incluso goza de una jubilación desde 2017, en el Poder Judicial de la Federación.

Ante ello, la Mesa Directiva de este recinto legislativo, emitió ayer un oficio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su fecha límite para acatar la sentencia del Décimo séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Además, se firmó que se trata de “una injusticia múltiple porque, por un lado, se pone en cuestión la facultad soberana del Senado de decidir sobre ratificar o no nombramientos que envía el Ejecutivo”; mientras que por el otro, dijo su presidente Martí Batres Guadarrama, “se estaría pagando un trabajo no realizado o haciéndose un pago indebido”.

“Se ordena al Senado de la República hacer este pago, en virtud de que se considera que hubo daños y perjuicios que se causaron al magistrado y, es una especie de indemnización calculada sobre la base de sueldos y prestaciones que dejaría de devengar en caso de no haber sido ratificado”, explicó el presidente del Senado.

“Esto ocurre, a pesar de que a lo largo de todo el proceso, el magistrado nunca dejó de cobrar. Estuvo beneficiado por una suspensión que le permitió seguir cobrando como magistrado a lo largo de todo este proceso”, añadió.

En este sentido, abundó que la Cámara alta no cuenta con esos recursos en su presupuesto, pues “esto no es usual”.

Explicó que este proceso surgió en 2011 cuando originalmente hubo una propuesta del Ejecutivo para que fuera ratificado el magistrado Juan Manuel Terán y Contreras por un periodo de 10 años, cuando ya era magistrado.

Posteriormente, el Senado “en ejercicio de sus facultades” decidió no ratificarlo, éste inconforme promovió un amparo, que ha pasado por diversos procesos judiciales y legislativos desde la segunda legislatura en el sexenio de Felipe Calderón y hasta la 64 Legislatura.

Dentro de éstos, se han repuesto dos veces el proceso. El magistrado no asistió en dos ocasiones a comparecer ante comisiones, y se vio una reducción de un millón en una primera sentencia, en donde “el Senado obviamente estuvo defendiendo su postura. El Senado actuó de manera correcta y estuvo defendiendo su postura a lo largo de estos litigios”.

Es de mencionar que Terán y Contreras, emitió un recurso por el cual se le otorgó una suspensión para evitar que dejara de pagársele en este cargo, hasta que en 2017, renunció a su suspensión y alistó su jubilación.

Igualmente, Juan Manuel promueve un incidente dentro del juicio que se lleva a cabo y por el cual logra esta indemnización que tendrá que pagar el Senado de la República y que consta de un monto de 3 millones 446 mil 77 pesos con 17 centavos.

Al no ratificar al magistrado Juan Manuel Terán y Contreras en el cargo por un segundo periodo de 10 años, el Senado de la República debe pagar tres millones y medio de pesos por daños y perjuicios.

Esto a pesar de que el magistrado ha cobrado ordinariamente por ocho años, e incluso goza de una jubilación desde 2017, en el Poder Judicial de la Federación.

Ante ello, la Mesa Directiva de este recinto legislativo, emitió ayer un oficio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su fecha límite para acatar la sentencia del Décimo séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Además, se firmó que se trata de “una injusticia múltiple porque, por un lado, se pone en cuestión la facultad soberana del Senado de decidir sobre ratificar o no nombramientos que envía el Ejecutivo”; mientras que por el otro, dijo su presidente Martí Batres Guadarrama, “se estaría pagando un trabajo no realizado o haciéndose un pago indebido”.

“Se ordena al Senado de la República hacer este pago, en virtud de que se considera que hubo daños y perjuicios que se causaron al magistrado y, es una especie de indemnización calculada sobre la base de sueldos y prestaciones que dejaría de devengar en caso de no haber sido ratificado”, explicó el presidente del Senado.

“Esto ocurre, a pesar de que a lo largo de todo el proceso, el magistrado nunca dejó de cobrar. Estuvo beneficiado por una suspensión que le permitió seguir cobrando como magistrado a lo largo de todo este proceso”, añadió.

En este sentido, abundó que la Cámara alta no cuenta con esos recursos en su presupuesto, pues “esto no es usual”.

Explicó que este proceso surgió en 2011 cuando originalmente hubo una propuesta del Ejecutivo para que fuera ratificado el magistrado Juan Manuel Terán y Contreras por un periodo de 10 años, cuando ya era magistrado.

Posteriormente, el Senado “en ejercicio de sus facultades” decidió no ratificarlo, éste inconforme promovió un amparo, que ha pasado por diversos procesos judiciales y legislativos desde la segunda legislatura en el sexenio de Felipe Calderón y hasta la 64 Legislatura.

Dentro de éstos, se han repuesto dos veces el proceso. El magistrado no asistió en dos ocasiones a comparecer ante comisiones, y se vio una reducción de un millón en una primera sentencia, en donde “el Senado obviamente estuvo defendiendo su postura. El Senado actuó de manera correcta y estuvo defendiendo su postura a lo largo de estos litigios”.

Es de mencionar que Terán y Contreras, emitió un recurso por el cual se le otorgó una suspensión para evitar que dejara de pagársele en este cargo, hasta que en 2017, renunció a su suspensión y alistó su jubilación.

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