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Este martes, Presidencia publicó la reforma a la Industria Eléctrica, por la cual entra en vigor el nuevo modelo de despacho de energía eléctrica en el país a partir de este 10 de marzo.
Su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se da en su edición vespertina, tras 36 días de que la reforma a la industria eléctrica fuera enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión como preferente y tras un proceso en fast track y sin cambios por las Cámaras de Diputados y Senadores, a quienes pidió previamente no moverle ni una coma.
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Con su entrada en vigor se beneficia en el despacho de electricidad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales solares, eólicas y de ciclo combinado privadas.
Organismos de la sociedad civil, la iniciativa privada, académicos y especialistas del sector energético han advertido que los cambios que se materializarán este 10 de marzo provocarán incrementos en la tarifa eléctrica, mayores subsidios vía impuestos de los contribuyentes, demandas nacionales y arbitrajes internacionales, daños medioambientales, así como el encarecimiento de bienes, productos y servicios, incluidos los alimentos, afectando la competitividad de México en los mercados.
De acuerdo con la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el nuevo modelo de despacho costará 60 mil millones de pesos más cada año a los bolsillos de los mexicanos, ya sea por incrementos en los reciben que pagan de luz o bien, a través de subsidios que tratarán de absorber el impacto de los incrementos en el costo de la electricidad.
Esta cantidad es equiparable al gasto social del gobierno federal en 2020, principalmente destinado a programas sociales emblema de esta administración, así como a la compra de 150 millones de vacunas, suficientes para cubrir a la mayoría de la población mexicana.
En sus artículos transitorios establece que los permisos de autoabastecimiento, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos y que hayan sido "obtenidos en fraude a la ley", deberán ser revocados por la CRE mediante el procedimiento administrativo correspondiente.
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"En su caso, los permisionarios podrán tramitar un permiso de generación, conforme a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica", aclara.
La propuesta del presidente Andrés Manuel establece que los autoabastecimientos han generado un mercado paralelo al amparo de la ley y en detrimento de las finanzas de la CFE.
También estipula que los contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con Productores Independientes de Energía (PIE) generan pérdidas a la CFE por más de 412 mil millones de pesos vía subsidios y compras garantizadas a particulares.
Por lo que establece que todos estos contratos "deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad".
"En su caso, dichos contratos deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada", se lee en el DOF.
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Así mismo, plantea eliminar la obligación que tiene la CFE de comprar por subastas de cobertura eléctrica energía a privados que ofertan energía más barata, “a fin de evitar una imposición normativa”.
A partir de este 10 de marzo, la Sener, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), también tendrán un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir del miércoles, para realizar las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas y criterios, a fin de alinearlos a la nueva regulación del mercado eléctrico.
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