/ domingo 16 de febrero de 2020

PRI busca reforma al sistema de justicia para garantizar DH

Senadores priistas buscarán consolidar el nuevo sistema acusatorio aprobado en 2008, garantizando el respeto a derechos humanos y la presunción de inocencia

Los senadores priistas rechazaron aquellas reformas que únicamente responden a intereses de un grupo o partido político, y dejan de lado la salvaguarda de derechos de las y los mexicanos.

Por eso, señala los priistas, analizarán a fondo las iniciativas en materia de justicia y de reformas al Poder Judicial del Ejecutivo federal.

En ese sentido, explican en un comunicado, buscarán consolidar el nuevo sistema acusatorio aprobado en 2008, garantizando el respeto a los derechos humanos y a la presunción de inocencia.

Para ello, proponen reformas encaminadas a generar mejores resultados en el combate a la violencia e inseguridad, luego que el gobierno federal propusiera iniciativas en ese sentido, mismas que han sido notablemente insuficientes.

Al respecto, presentarán iniciativas de reformas en materia de seguridad y justicia para modificar la Ley de la Guardia Nacional y garantizar su carácter civil, definir con mayor claridad sus áreas de actuación y establecer los criterios de la distribución de sus efectivos en el territorio nacional.

Durante el actual periodo ordinario de sesiones presentarán propuestas para transformar los cuerpos policiacos a nivel estatal y analizar la pertinencia de las policías municipales, así como fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, los senadores priistas informaron que están dispuestos a legislar en materia de cannabis, para despenalizar su consumo y trabajar su reglamentación de uso médico y terapéutico, para que los pacientes que lo requieren puedan acceder a tratamientos y derivados.

Igualmente, abrirán espacios de discusión y trabajo con especialistas, colectivos y grupos de mujeres que combaten la violencia de género y presentarán iniciativas que obliguen a todos los niveles de gobierno a proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, y garanticen la suficiencia presupuestal de sus respectivos mecanismos.

Se comprometen a que cualquier reforma electoral que pase por el Senado garantice la plena autonomía de las instituciones electorales y proteja los procesos de la intervención gubernamental.

Los senadores priistas rechazaron aquellas reformas que únicamente responden a intereses de un grupo o partido político, y dejan de lado la salvaguarda de derechos de las y los mexicanos.

Por eso, señala los priistas, analizarán a fondo las iniciativas en materia de justicia y de reformas al Poder Judicial del Ejecutivo federal.

En ese sentido, explican en un comunicado, buscarán consolidar el nuevo sistema acusatorio aprobado en 2008, garantizando el respeto a los derechos humanos y a la presunción de inocencia.

Para ello, proponen reformas encaminadas a generar mejores resultados en el combate a la violencia e inseguridad, luego que el gobierno federal propusiera iniciativas en ese sentido, mismas que han sido notablemente insuficientes.

Al respecto, presentarán iniciativas de reformas en materia de seguridad y justicia para modificar la Ley de la Guardia Nacional y garantizar su carácter civil, definir con mayor claridad sus áreas de actuación y establecer los criterios de la distribución de sus efectivos en el territorio nacional.

Durante el actual periodo ordinario de sesiones presentarán propuestas para transformar los cuerpos policiacos a nivel estatal y analizar la pertinencia de las policías municipales, así como fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, los senadores priistas informaron que están dispuestos a legislar en materia de cannabis, para despenalizar su consumo y trabajar su reglamentación de uso médico y terapéutico, para que los pacientes que lo requieren puedan acceder a tratamientos y derivados.

Igualmente, abrirán espacios de discusión y trabajo con especialistas, colectivos y grupos de mujeres que combaten la violencia de género y presentarán iniciativas que obliguen a todos los niveles de gobierno a proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, y garanticen la suficiencia presupuestal de sus respectivos mecanismos.

Se comprometen a que cualquier reforma electoral que pase por el Senado garantice la plena autonomía de las instituciones electorales y proteja los procesos de la intervención gubernamental.

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