/ domingo 8 de marzo de 2020

Proponen al Senado cárcel para funcionarios que den falsas declaraciones

La iniciativa propone que se tipifique la falsedad de declaraciones por parte de servidores públicos imponiendo penas de dos a siete años de prisión

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado busca castigar con cárcel a todos aquellos funcionarios “mentirosos’’, que falsean sus declaraciones y no dicen la verdad aun cuando juramentan.

La senadora panista Gina Andrea Cruz Blackledge expone que a pesar de la previsión de la protesta de decir verdad por parte de los funcionarios o el titular del Ejecutivo, el orden jurídico no sanciona la falsedad en su declaración, mientras que en el caso de declaraciones de particulares ante la autoridad ministerial, sí se castiga esta acción: "observamos una asimetría preocupante en nuestras leyes”, apunta.

Debido a esto, la proponente plantea adicionar una fracción séptima al Código Penal Federal, en la que se tipifique la falsedad de declaraciones por parte de los servidores públicos imponiéndose una pena de dos a siete años de prisión y de 30 a 150 días multa.

Cruz Blackledge presentó la iniciativa para adicionar como delito de ejercicio ilícito de cualquier servidor público, que, bajo protesta de decir verdad, incurra en falsedad de declaraciones cuando comparezca ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o sus Comisiones.

El documento informa que, de acuerdo con la Constitución, cualquier servidor público está obligado a hablar con la verdad cuando informa o comparece ante cualquiera de las dos Cámaras. El mandato constitucional se concreta en los reglamentos de ambos órganos, los cuales prevén la obligación de los funcionarios de hablar con la verdad.

Foto: @GinaCruz2018

El texto considera que si las autoridades que informan al Poder Legislativo sobre sus acciones y políticas no están obligadas a decir la verdad, la entrega de informes y las comparecencias pierden credibilidad y se convierten en meros ejercicios retóricos.

La panista asegura que ante la falta de tipificación del perjurio en nuestro orden jurídico, ha provocado que los obligados se conduzcan con falsedad al momento de ser cuestionados a falta de consecuencias jurídicas. “Es necesario que exista un mecanismo eficaz, eficiente, legal y coercitivo, que sancione directamente a los servidores públicos que mientan ante el Congreso”, sentencia.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y VI, Y se adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal, fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado busca castigar con cárcel a todos aquellos funcionarios “mentirosos’’, que falsean sus declaraciones y no dicen la verdad aun cuando juramentan.

La senadora panista Gina Andrea Cruz Blackledge expone que a pesar de la previsión de la protesta de decir verdad por parte de los funcionarios o el titular del Ejecutivo, el orden jurídico no sanciona la falsedad en su declaración, mientras que en el caso de declaraciones de particulares ante la autoridad ministerial, sí se castiga esta acción: "observamos una asimetría preocupante en nuestras leyes”, apunta.

Debido a esto, la proponente plantea adicionar una fracción séptima al Código Penal Federal, en la que se tipifique la falsedad de declaraciones por parte de los servidores públicos imponiéndose una pena de dos a siete años de prisión y de 30 a 150 días multa.

Cruz Blackledge presentó la iniciativa para adicionar como delito de ejercicio ilícito de cualquier servidor público, que, bajo protesta de decir verdad, incurra en falsedad de declaraciones cuando comparezca ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o sus Comisiones.

El documento informa que, de acuerdo con la Constitución, cualquier servidor público está obligado a hablar con la verdad cuando informa o comparece ante cualquiera de las dos Cámaras. El mandato constitucional se concreta en los reglamentos de ambos órganos, los cuales prevén la obligación de los funcionarios de hablar con la verdad.

Foto: @GinaCruz2018

El texto considera que si las autoridades que informan al Poder Legislativo sobre sus acciones y políticas no están obligadas a decir la verdad, la entrega de informes y las comparecencias pierden credibilidad y se convierten en meros ejercicios retóricos.

La panista asegura que ante la falta de tipificación del perjurio en nuestro orden jurídico, ha provocado que los obligados se conduzcan con falsedad al momento de ser cuestionados a falta de consecuencias jurídicas. “Es necesario que exista un mecanismo eficaz, eficiente, legal y coercitivo, que sancione directamente a los servidores públicos que mientan ante el Congreso”, sentencia.

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