Con el objetivo de contar con instituciones para el combate al robo de combustibles, en el Senando impulsan la creación de una Fiscalía Especializada en Materia de Hidrocarburos.
A través de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, las senadoras Geovanna Bañuelos, Nancy de la Sierra y Cora Cecilia Pinedo del PT explicaron que la meta es contar con personal capacitado para investigar, prevenir y perseguir delitos de robo de hidrocarburo.
Ello, expresaron ante las más de tres mil carpetas de investigación que se han iniciado por el delito de combustible, por lo que apuntaron que es necesario contar con un instrumento dé un cauce legal a esta problemática.
Además, proponen que el titular Fiscalía General de la República informe mensualmente sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso.
Asimismo, que detalle anualmente al Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.
Al resaltar que el sector energético representa la segunda fuente de ingresos del país al aportar alrededor del 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), las senadoras del PT enfatizaron que este delito ha escalado, desde hace 10 años, hasta resultar en un problema de seguridad y patrimonio nacional, y por el cual Petróleos Mexicanos ha perdido 65 mil millones de pesos en 2018.
En una iniciativa presentada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las legisladoras del PT consideran que dado el impacto negativo que tiene en términos sociales, de seguridad, en las finanzas y patrimonio de Pemex es necesario crear una Fiscalía Especializada en Materia de Hidrocarburos que cuente con el presupuesto y el personal calificado para procesar y castigar a quienes cometen estos ilícitos.
Ello , al resaltar que el ilícito ahora está contemplado en el Artículo 19 Constitucional con lo que amerita prisión preventiva oficiosa, y por lo que se requiere contar con ministerios públicos especializados en la procuración de justicia de este tipo de delitos para evitar una deficiente integración de las carpetas.
Lo anterior, afirmaron permitirá evitar que por falta de argumentos sustentados o del desahogo de pruebas a quienes se les impute su participación o comisión.
