/ lunes 18 de mayo de 2020

Propuesta de Ramírez Cuéllar viola garantías y derechos: Rojas Díaz Durán

El también senador suplente afirmó que la actual dirigencia morenista sigue en el infantilismo político haciéndole el trabajo sucio a la ultra derecha golpista

Los partidos de oposición PAN, PRD y PRI, así como al interior de Morena rechazaron la protesta del dirigente actual de este partido, Alfonso Ramírez Cuéllar al considerarla como terrorismo fiscal, en contra de los derechos de los mexicanos y un distractor, ya que propone que el Inegi entre a los hogares, "sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas".

"Que el INEGI tenga facultades de policía investigadora, interventora y de ministerio público, es un paso a un régimen represor, dictatorial y totalitario", aseveró el aspirante a dirigente nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán.

El también senador suplente afirmó que la actual dirigencia morenista sigue en el infantilismo político haciéndole el trabajo sucio a la ultra derecha golpista, lo cual añadió no suma a nadie más y "siembra la desconfianza y nos resta millones de votos para el 2021".

Al coincidir en que la propuesta del dirigente provisional de Morena es inconstitucional y violatoria a los derechos de los mexicanos las fuerzas de oposición coincidieron que esta iniciativa es un distractor para enmascarar los resultados del actual gobierno federal para combatir la pandemia global por Covid-19.

"Morena insiste en crear distractores, como utilizar al Inegi para vigilar los bienes, propiedades e ingresos de los ciudadanos, mientras su falta de actuación frente a la crisis del #Covid19 afecta a miles de mexicanos que siguen contagiándose, perdiendo su trabajo e ingresos", sentenció el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

Por su parte, el integrante de la dirigencia colegiada del PRD, Ángel Ávila Romero acusó que esta propuesta es otro intento desesperado de distracción y debilitamiento a otro organismo autónomo, así como que revisar patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas equivaldría "a ejercer un terrorismo fiscal y ayudar al SAT a exprimir a las clases medias, no a esos grandes contribuyentes".

Ello, añadió, generará desconfianza en la población que le cerrarán la puerta y se la abrirán a los Servidores de la Nación que van predicando que reparten programas sociales, advirtió.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas también se sumó al rechazo de esta propuesta para dar facultades al Inegi de fiscalizar la propiedad privada y apuntó "no se puede usar el Covid-19 para atentar contra derechos protegidos en la Constitución y en Tratados Internacionales".

Propuesta

Cabe recordar que Ramírez Cuéllar propuso que el Inegi debe de dar cuenta, cada dos años, de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano, así como que este organismo debe de tener acceso a todas las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a toda la información financiera y bursátil de la personas.

En este sentido, el actual dirigente morenista defendió que su iniciativa parte de la necesidad de disminuir la brecha social y económica que existe entre los más ricos y los más pobres por lo que "necesitamos datos confiables que nos permitan diseñar políticas públicas adecuadas para el beneficio de la población".

En este sentido, declaró que actualmente existen dos grandes fuentes de información para conocer los datos de desigualdad: las encuestas de ingreso/gasto y las declaraciones fiscales. Sin embargo dijo, "la información plasmada en las encuestas es imprecisa y existen malas prácticas en el pago de impuestos".

"Por ello, proponemos dotar al Inegi (un órgano constitucional autónomo), de mayores facultades para que diseñe una metodología más adecuada para conocer las verdaderas dimensiones de la desigualdad en México", agregó.

Señaló que sería el Inegi la instancia adecuada para esta labor, ya que "busca evitar que la información obtenida esté determinada por ideologías o vaivenes políticos". "Necesitamos datos confiables para erradicar la desigualdad", advirtió.


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Los partidos de oposición PAN, PRD y PRI, así como al interior de Morena rechazaron la protesta del dirigente actual de este partido, Alfonso Ramírez Cuéllar al considerarla como terrorismo fiscal, en contra de los derechos de los mexicanos y un distractor, ya que propone que el Inegi entre a los hogares, "sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas".

"Que el INEGI tenga facultades de policía investigadora, interventora y de ministerio público, es un paso a un régimen represor, dictatorial y totalitario", aseveró el aspirante a dirigente nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán.

El también senador suplente afirmó que la actual dirigencia morenista sigue en el infantilismo político haciéndole el trabajo sucio a la ultra derecha golpista, lo cual añadió no suma a nadie más y "siembra la desconfianza y nos resta millones de votos para el 2021".

Al coincidir en que la propuesta del dirigente provisional de Morena es inconstitucional y violatoria a los derechos de los mexicanos las fuerzas de oposición coincidieron que esta iniciativa es un distractor para enmascarar los resultados del actual gobierno federal para combatir la pandemia global por Covid-19.

"Morena insiste en crear distractores, como utilizar al Inegi para vigilar los bienes, propiedades e ingresos de los ciudadanos, mientras su falta de actuación frente a la crisis del #Covid19 afecta a miles de mexicanos que siguen contagiándose, perdiendo su trabajo e ingresos", sentenció el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

Por su parte, el integrante de la dirigencia colegiada del PRD, Ángel Ávila Romero acusó que esta propuesta es otro intento desesperado de distracción y debilitamiento a otro organismo autónomo, así como que revisar patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas equivaldría "a ejercer un terrorismo fiscal y ayudar al SAT a exprimir a las clases medias, no a esos grandes contribuyentes".

Ello, añadió, generará desconfianza en la población que le cerrarán la puerta y se la abrirán a los Servidores de la Nación que van predicando que reparten programas sociales, advirtió.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas también se sumó al rechazo de esta propuesta para dar facultades al Inegi de fiscalizar la propiedad privada y apuntó "no se puede usar el Covid-19 para atentar contra derechos protegidos en la Constitución y en Tratados Internacionales".

Propuesta

Cabe recordar que Ramírez Cuéllar propuso que el Inegi debe de dar cuenta, cada dos años, de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano, así como que este organismo debe de tener acceso a todas las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a toda la información financiera y bursátil de la personas.

En este sentido, el actual dirigente morenista defendió que su iniciativa parte de la necesidad de disminuir la brecha social y económica que existe entre los más ricos y los más pobres por lo que "necesitamos datos confiables que nos permitan diseñar políticas públicas adecuadas para el beneficio de la población".

En este sentido, declaró que actualmente existen dos grandes fuentes de información para conocer los datos de desigualdad: las encuestas de ingreso/gasto y las declaraciones fiscales. Sin embargo dijo, "la información plasmada en las encuestas es imprecisa y existen malas prácticas en el pago de impuestos".

"Por ello, proponemos dotar al Inegi (un órgano constitucional autónomo), de mayores facultades para que diseñe una metodología más adecuada para conocer las verdaderas dimensiones de la desigualdad en México", agregó.

Señaló que sería el Inegi la instancia adecuada para esta labor, ya que "busca evitar que la información obtenida esté determinada por ideologías o vaivenes políticos". "Necesitamos datos confiables para erradicar la desigualdad", advirtió.


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