/ viernes 19 de agosto de 2022

¿Quién es Jesús Murillo Karam, el autor de la "verdad histórica" en el caso Ayotzinapa?

Murillo Karam es mayormente reconocido por su participación en la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014

Este viernes el exporcurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue detenido en la Ciudad de México, un día después de que la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentara su más reciente informe por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”, en Guerrero.

Murillo Karam, quien fue gobernador de Hidalgo en la década de los noventa, es mayormente reconocido por su participación en la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Lee también: Caso Ayotzinapa: policía de Iguala y Guerreros Unidos conversaron sobre los 43

Junto a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece en Israel acusado por el gobierno mexicano de tortura en el caso Ayotzinapa, el exprocurador fue uno de los dos funcionarios con más injerencia en el caso.

En enero de 2015, a más de tres meses de la desaparición de los jóvenes, el exprocurador ofreció una conferencia de prensa en la que anunció los hallazgos que la dependencia a su cargo había realizado sobre el caso. Ahí, por primera vez, acuñó la llamada “verdad histórica” sobre los hechos, basada en las declaraciones de presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.

En ésta, el procurador aseguró que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales de Cocula para después ser entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, presuntamente liderada por el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa y Sindonio Casarrubias.

Una vez que fueron sometidos, señaló Karam en su conferencia de prensa, los normalistas fueron privados de la libertad, asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula para posteriormente arrojar sus restos al Río San Juan, lugar donde posteriormente se extrajeron varias bolsas de basura con los supuestos restos de los jóvenes, ya sin poder identificar debido a que fueron quemados.

“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, aseguró.

El extitular de la extinta PGR también señaló que, según la información con la dependencia a su cargo, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) no tuvo ninguna participación en los hechos ocurridos esa noche, versión que fue desmentida ayer por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien aseguró que todos los niveles de gobierno sabían lo que estaba pasando.

De tal importancia fue la participación del Ejército en los hechos acontecidos en septiembre de 2014, que Encinas señaló que la Sedena contaba con el solado Julio César López Patolzin como infiltrado en la normal de Ayotzinapa para realizar labores de inteligencia, pero lo abandonó a él y a los demás jóvenes ya que no los buscó la noche de su desaparición.

“Este soldado, López Patolzin estaba bajo el mando del teniente de Infantería Marcos Macías Barbosa, del 27 Batallón, y su último reporte fue al filo de las 10:00 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como establece el protocolo para militares desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, aseveró.

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El subsecretario, como lo ha hecho en otras ocasiones, reiteró en señalar que la “verdad histórica” que dio a conocer el exprocurador nunca se sustentó en pruebas contundentes y, por el contrario, fue una acción que se orquestó desde las más altas esferas del Estado mexicano ocultar los hechos y entorpecer la correcta investigación de lo ocurrido.

Este viernes el exporcurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue detenido en la Ciudad de México, un día después de que la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentara su más reciente informe por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”, en Guerrero.

Murillo Karam, quien fue gobernador de Hidalgo en la década de los noventa, es mayormente reconocido por su participación en la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Lee también: Caso Ayotzinapa: policía de Iguala y Guerreros Unidos conversaron sobre los 43

Junto a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece en Israel acusado por el gobierno mexicano de tortura en el caso Ayotzinapa, el exprocurador fue uno de los dos funcionarios con más injerencia en el caso.

En enero de 2015, a más de tres meses de la desaparición de los jóvenes, el exprocurador ofreció una conferencia de prensa en la que anunció los hallazgos que la dependencia a su cargo había realizado sobre el caso. Ahí, por primera vez, acuñó la llamada “verdad histórica” sobre los hechos, basada en las declaraciones de presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.

En ésta, el procurador aseguró que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales de Cocula para después ser entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, presuntamente liderada por el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa y Sindonio Casarrubias.

Una vez que fueron sometidos, señaló Karam en su conferencia de prensa, los normalistas fueron privados de la libertad, asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula para posteriormente arrojar sus restos al Río San Juan, lugar donde posteriormente se extrajeron varias bolsas de basura con los supuestos restos de los jóvenes, ya sin poder identificar debido a que fueron quemados.

“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, aseguró.

El extitular de la extinta PGR también señaló que, según la información con la dependencia a su cargo, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) no tuvo ninguna participación en los hechos ocurridos esa noche, versión que fue desmentida ayer por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien aseguró que todos los niveles de gobierno sabían lo que estaba pasando.

De tal importancia fue la participación del Ejército en los hechos acontecidos en septiembre de 2014, que Encinas señaló que la Sedena contaba con el solado Julio César López Patolzin como infiltrado en la normal de Ayotzinapa para realizar labores de inteligencia, pero lo abandonó a él y a los demás jóvenes ya que no los buscó la noche de su desaparición.

“Este soldado, López Patolzin estaba bajo el mando del teniente de Infantería Marcos Macías Barbosa, del 27 Batallón, y su último reporte fue al filo de las 10:00 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como establece el protocolo para militares desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, aseveró.

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El subsecretario, como lo ha hecho en otras ocasiones, reiteró en señalar que la “verdad histórica” que dio a conocer el exprocurador nunca se sustentó en pruebas contundentes y, por el contrario, fue una acción que se orquestó desde las más altas esferas del Estado mexicano ocultar los hechos y entorpecer la correcta investigación de lo ocurrido.

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