/ jueves 22 de abril de 2021

Renegocian contratos de administración de centros penitenciarios

Con la renegociación de estos contratos se prevé un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos por año, informó Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC

El Gobierno federal renegoció los pagos a las empresas que poseen los ocho contratos para la administración de centros penitenciarios, lo que permitirá una reducción de 2 mil 390 millones de pesos, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los contratos, signados entre 2010 y 2011, representan un gasto anual de 15 mil 993 millones de pesos y fueron adquiridos por las empresas Exi Quantuim, GIA, Capital Inbursa y Black Rock. Además, con DIP Concesionaria Duranguense de infraestructura penitenciaria y Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, empresas con las que se signaron los contratos originales.

Esas empresas controlan los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) 11 al 18, en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Femenil de Morelos, Michoacán y Coahuila.

La administración de los ocho reclusorios privados en el país supuso 67 por ciento del presupuesto de 2020, consistente en 22 mil 772 millones de pesos, destinado a Readaptación Social, y la renegociación de los contratos que permitió una reducción de costo al gobierno de 15 por ciento -2 mil 390 millones de pesos-, así como la incorporación de las instalaciones al patrimonio de la nación.

"Se trata de un gasto equivalente al hospedaje en un hotel de cinco estrellas, por los gastos de operación y para alimentación de cada interno", expresó.

Rodríguez Velázquez detalló que existen 12 mil personas privadas de la libertad en esos ocho penales y hay casos en los que el porcentaje de ocupación era de 32 por ciento, como el de Morelos, pero se pagaba como si estuviera al 100.

Entre las condiciones de renegociación con las empresas proveedoras del servicio, se encuentra la revisión permanente de las obligaciones del contrato y que se busque siempre el respeto de los derechos humanos.

“Además, hay procesos penales abiertos para los funcionarios que han hecho daño al patrimonio de México", advirtió.

Los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de adquisiciones de la misma dependencia.

Informó que no se pagarán estos servicios hasta que se firmen los contratos, suspendidos de enero a abril, con las nuevas condiciones de trabajo.

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Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que con el dinero que se ahorrará con la renegociación de los contratos de los reclusorios se financiará la construcción de 100 cuarteles de la Guardia Nacional.

Aseveró que con la renegociación de estos contratos se prevé un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos por año.

"En los cuatro años que nos quedan podremos ahorrar 10 mil millones, equivale a que se puedan construir los cuarteles de la Guardia Nacional, cada cuartel cuesta 25 millones de pesos, de calidad, y no hay corrupción".

El Gobierno federal renegoció los pagos a las empresas que poseen los ocho contratos para la administración de centros penitenciarios, lo que permitirá una reducción de 2 mil 390 millones de pesos, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los contratos, signados entre 2010 y 2011, representan un gasto anual de 15 mil 993 millones de pesos y fueron adquiridos por las empresas Exi Quantuim, GIA, Capital Inbursa y Black Rock. Además, con DIP Concesionaria Duranguense de infraestructura penitenciaria y Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, empresas con las que se signaron los contratos originales.

Esas empresas controlan los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) 11 al 18, en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Femenil de Morelos, Michoacán y Coahuila.

La administración de los ocho reclusorios privados en el país supuso 67 por ciento del presupuesto de 2020, consistente en 22 mil 772 millones de pesos, destinado a Readaptación Social, y la renegociación de los contratos que permitió una reducción de costo al gobierno de 15 por ciento -2 mil 390 millones de pesos-, así como la incorporación de las instalaciones al patrimonio de la nación.

"Se trata de un gasto equivalente al hospedaje en un hotel de cinco estrellas, por los gastos de operación y para alimentación de cada interno", expresó.

Rodríguez Velázquez detalló que existen 12 mil personas privadas de la libertad en esos ocho penales y hay casos en los que el porcentaje de ocupación era de 32 por ciento, como el de Morelos, pero se pagaba como si estuviera al 100.

Entre las condiciones de renegociación con las empresas proveedoras del servicio, se encuentra la revisión permanente de las obligaciones del contrato y que se busque siempre el respeto de los derechos humanos.

“Además, hay procesos penales abiertos para los funcionarios que han hecho daño al patrimonio de México", advirtió.

Los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de adquisiciones de la misma dependencia.

Informó que no se pagarán estos servicios hasta que se firmen los contratos, suspendidos de enero a abril, con las nuevas condiciones de trabajo.

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Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que con el dinero que se ahorrará con la renegociación de los contratos de los reclusorios se financiará la construcción de 100 cuarteles de la Guardia Nacional.

Aseveró que con la renegociación de estos contratos se prevé un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos por año.

"En los cuatro años que nos quedan podremos ahorrar 10 mil millones, equivale a que se puedan construir los cuarteles de la Guardia Nacional, cada cuartel cuesta 25 millones de pesos, de calidad, y no hay corrupción".

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