/ martes 10 de septiembre de 2019

Senado va contra empresas fantasmas y facturas falsas

El Pleno del Senado discutirá este martes la prisión preventiva oficiosa para castigar la creación de empresas fantasma y facturas falsas

El Pleno del Senado enlistó para este martes la discusión de la prisión preventiva oficiosa para castigar la creación de empresas fantasma y facturas falsas, que busca poner freno al saqueo y abuso que desde el propio Gobierno Federal y estatal se hizo y que tuvo como complicidad a las cámaras y al Poder Judicial, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta Mier.

Destacó que son alrededor de nueve millones de facturas falsas, emitidas entre 2014-2019 por más de ocho mil empresas, en su mayoría empresas creadas por funcionarios públicos del Gobierno federal y de gobiernos estatales, con una evasión fiscal de 350 mil millones de pesos en 1.6 billones de operaciones inexistentes.

Igualmente, el senador Samuel García Sepúlveda coincidió que se va en serio contra factureros, empresas fantasmas y el outsourcing, que evaden 1 billón de pesos.

Mientras el PAN advierte que cualquier persona estaría en riesgo de ir a prisión si es que no se modifica el dictamen.

El documento que fue avalado previamente por las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera, de Justicia y de Hacienda, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Partido del Trabajo, se pronunció a favor del documento al considerar que es un ataque frontal a la corrupción y que el gobierno obtenga mayores impuestos que se fugan por las empresas fantasma y las facturas falsas.

El dictamen establece como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a las empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito de contrabando y su equiparable.

El texto señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Se impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.

La senadora panista Minerva Hernández acusó que “estamos asumiendo que todos los contribuyentes son delincuentes organizados, que la evasión fiscal es deporte nacional, y lo que va a suceder es que con estas medidas van a poner a contribuyentes responsables y cumplidos entre la espada y la pared’’.

“Por supuesto que queremos atacar frontalmente la defraudación fiscal y por supuesto que queremos que México deje de ser el paraíso de las factureras, pero no podemos hacerlo en franca violación a la Constitución y a los derechos fundamentales de los contribuyentes’’, enfatizó.

El Pleno del Senado enlistó para este martes la discusión de la prisión preventiva oficiosa para castigar la creación de empresas fantasma y facturas falsas, que busca poner freno al saqueo y abuso que desde el propio Gobierno Federal y estatal se hizo y que tuvo como complicidad a las cámaras y al Poder Judicial, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta Mier.

Destacó que son alrededor de nueve millones de facturas falsas, emitidas entre 2014-2019 por más de ocho mil empresas, en su mayoría empresas creadas por funcionarios públicos del Gobierno federal y de gobiernos estatales, con una evasión fiscal de 350 mil millones de pesos en 1.6 billones de operaciones inexistentes.

Igualmente, el senador Samuel García Sepúlveda coincidió que se va en serio contra factureros, empresas fantasmas y el outsourcing, que evaden 1 billón de pesos.

Mientras el PAN advierte que cualquier persona estaría en riesgo de ir a prisión si es que no se modifica el dictamen.

El documento que fue avalado previamente por las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera, de Justicia y de Hacienda, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Partido del Trabajo, se pronunció a favor del documento al considerar que es un ataque frontal a la corrupción y que el gobierno obtenga mayores impuestos que se fugan por las empresas fantasma y las facturas falsas.

El dictamen establece como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a las empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito de contrabando y su equiparable.

El texto señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Se impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.

La senadora panista Minerva Hernández acusó que “estamos asumiendo que todos los contribuyentes son delincuentes organizados, que la evasión fiscal es deporte nacional, y lo que va a suceder es que con estas medidas van a poner a contribuyentes responsables y cumplidos entre la espada y la pared’’.

“Por supuesto que queremos atacar frontalmente la defraudación fiscal y por supuesto que queremos que México deje de ser el paraíso de las factureras, pero no podemos hacerlo en franca violación a la Constitución y a los derechos fundamentales de los contribuyentes’’, enfatizó.

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