Después de que las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores se vieron afectadas por las modificaciones que se pretenden hacer a la Ley de Minera, el senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, lamentó que por protagonismos se planteen regulaciones en sectores en los que ya se cuenta con instrumentos legales y se genere incertidumbre en los mercados.
“Necesitamos que las ansias de novilleros, tanto los legisladores diputados como los legisladores senadores, piensen una, dos y tres veces lo que van a llevar a la tribuna porque impactan en la actividad económica del país e impactan en las inversiones tanto mexicanas como extranjeras”, acotó.
Así mismo, refrendó que es necesario evaluar los impactos de lo que se propone ante el Pleno del Senado, ya que dijo “el mercado es muy sensible” y “los inversionistas, la mayor parte, son muy miedosos”, por lo que cuando ven que las acciones se balancean, sobre todo en una actividad primaria como la minería “se ponen nerviosos”.
“Hago un llamado a todos los legisladores, que tenemos que tener cuidado con los temas que tocamos, tanto en el campo minero, en el campo económico, en cualquier tema sobre nuestra constitución política o las leyes reglamentarias”, exhortó.
Armando Guadiana, señaló que ya prepara su argumentación para defender que la iniciativa de su compañera de bancada Angélica García no tiene objeto de ser, ya que lo que plantea ya está expreso en los lineamientos de la Secretaria de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al momento de otorgar concesiones para la exploración y explotación de minas.
“No tenemos que andar cambiando leyes y reglamentos por cambiar”, acusó el senador de Morena, quien añadió que tanto el impacto ambiental como el social y a los derechos humanos en las comunidades en donde se llevan a cabo actividades de minería, ya cuentan con mecanismos que los regulan.
Por una parte, dijo que con la Semarnat, quienes pretenden obtener una concesión, deben cumplir con el Manifiesto de Impacto Ambiental; mientras que desde hace dos años se implementó, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), un programa en el que el 7 por ciento sobre el valor de producción de cada mina en el país se otorga a las comunidades donde se realizan las actividades mineras.
En este sentido, apuntó que tan solo en 2016 se juntaron 4 mil 500 millones de pesos de la actividad de todas las empresas en México, de donde la mitad de este monto se otorgó a las comunidades donde se realizan actividades primarias, mientras que el resto se repartió entre los gobiernos federal y estatales.
