¡Insólito! y de “récord’’ legislativo, el senador Víctor Fuentes Solís presentó en un solo paquete 100 iniciativas de leyes y reformas, esto, dijo, el panista frente a los desafíos sociales, políticos y económicos del país.
Fue una marca que nunca nadie lo hizo en tan corto tiempo, con tan poco tiempo, con lo mínimo de asesores y por un solo legislador; cuatro meses (durante el receso de mayo-agosto), con apenas un equipo de cinco personas e intensos recorridos por lugares diversos de su Estado Nuevo León; reuniones con organizaciones de la sociedad civil, con autoridades federales y locales, académicos, especialistas y políticos.
“Si de productividad se trata, estoy haciendo la tarea; ahora viene el difícil proceso de cabildeo, dictaminación y votación. Por ello también estoy proponiendo ampliar los horarios y días de trabajo ordinario no sólo del Senado sino del Congreso de la Unión en su conjunto. Los legisladores debemos ser más eficientes”, declaró.
Fue tanto el volumen y peso de la documentación, que fueron entregados de manera directa en la oficina de la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa.
Explicó que 26 proyectos atienden problemáticas de salud y medio ambiente; 23 de gobernabilidad; 20 en materia de infancia, jóvenes, familia y educación; 20 en el rubro de economía; 8 de corrupción y 3 de vivienda.
“Estoy presentando iniciativas de ley que buscan aportar una solución a los problemas de las y los nuevoleoneses, de las y los mexicanos. De cara a los desafíos, no se trata de preocuparse sino de ocuparse, y de ser parte de una transformación verdadera”, señaló.
Respecto a salud y medio ambiente, entre los 26 proyectos legislativos destacan aquellos para mejorar el manejo de residuos sólidos, como las pilas; fomentar el uso de materiales biodegradables; aumentar las penas para los delitos en contra de la biodiversidad; fomentar energías renovables y combatir el cambio climático, destacó.
Tratándose del combate a la corrupción, en el paquete iniciativas del senador Fuentes resaltan las que buscan recuperar los montos desviados por servidores públicos; sancionar con cárcel y/o multa al funcionario que autorice centros urbanos dentro de las áreas naturales protegidas, y transparentar la información sobre concesiones de minas, entre otras.
