/ jueves 19 de abril de 2018

Sin acuerdo, comisiones atoran Ley General de Comunicación Social y Propaganda

Empatados los votos por la conocida "Ley Chayote" tras una discusión de casi 3 horas en las comisiones, se espera nueva sesión este viernes

Tras una discusión de casi 3 horas en las comisiones unidas de Gobernación, Estudios Legislativos, Primera y Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, esta tarde, empataron en la aprobación del dictamen a la minuta que expide la Ley General de Comunicación Social, reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 Constitucional.

Con 14 votos a favor y 14 votos en contra en dos rondas de votaciones estas comisiones entraron en un “impasse” en espera de citar a una nueva sesión que podría ser hasta mañana para volver a votar este dictamen.

Cabe recordar que este nuevo ordenamiento debe ser aprobado por el Congreso de la Unión antes el 30 de abril por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el senador Raúl Pozos Lanz (PRI), determinó en consenso con sus pares de Estudios Legislativos Primera y Radio, Televisión y Cinematografía, cerrar la sesión y convocar a una nueva, de acuerdo al Reglamento.

Dolores Padierna (PT) argumentó: “No podemos estar de acuerdo con la minuta de la Cámara de Diputados porque incumple con la sentencia de la Suprema Corte y además, es un marco legal que no frena la discrecionalidad en el otorgamiento de publicidad oficial a los medios de comunicación".

Y el senador Héctor Larios (PAN), habló de los excesos en el gasto publicitario del gobierno federal. En esta administración andan por el orden de los 60 mil millones de pesos. Y en los estados y municipios más o menos en la misma cantidad.

Estamos hablando de 120 mil millones de pesos que se ejercen en 6 años y que significarían el presupuesto de todas las universidades del país en un solo año incluyendo a la UNAM. Esto es lo que tenemos que reflexionar.

CNDH pide considerar estándares internacionales

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las comisiones considerar los estándares internacionales y el Informe Especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial, durante el análisis para la aprobación de la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental, con el fin de fortalecer la libertad de expresión y la democracia en el país.

La CNDH advierte de la gran responsabilidad que tienen los legisladores en la emisión de la citada Ley, ya que deberán tomar en cuenta los estándares sobre publicidad oficial aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionados con el establecimiento de leyes claras y precisas.

Es decir, -señala- objetivos legítimos de la publicidad oficial; criterios claros de distribución de la pauta estatal; planificación adecuada; mecanismos de contratación; transparencia y acceso a la información; control externo de la asignación publicitaria, así como garantizar el pluralismo informativo.

Refiere que una demanda de la sociedad, es que los recursos públicos destinados a publicidad oficial se asignen de manera eficaz y clara; así como propiciar la mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo y destino de los recursos públicos en materia de publicidad gubernamental, sin violentar derechos de terceros o inhibir la vigencia y ejercicio de los derechos humanos, en particular los relativos a la información y a la libertad de expresión.

“El Informe Especial elaborado por la CNDH tiene su origen en las recomendaciones emitidas por el Organismo Nacional y dirigidas a autoridades federales por no contar con criterios objetivos de asignación sobre esta materia, así como en diversas solicitudes de información dirigidas a todas las entidades federativas sobre la manera en que se regula, controla y asigna la publicidad oficial", recalcó.


Tras una discusión de casi 3 horas en las comisiones unidas de Gobernación, Estudios Legislativos, Primera y Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, esta tarde, empataron en la aprobación del dictamen a la minuta que expide la Ley General de Comunicación Social, reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 Constitucional.

Con 14 votos a favor y 14 votos en contra en dos rondas de votaciones estas comisiones entraron en un “impasse” en espera de citar a una nueva sesión que podría ser hasta mañana para volver a votar este dictamen.

Cabe recordar que este nuevo ordenamiento debe ser aprobado por el Congreso de la Unión antes el 30 de abril por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el senador Raúl Pozos Lanz (PRI), determinó en consenso con sus pares de Estudios Legislativos Primera y Radio, Televisión y Cinematografía, cerrar la sesión y convocar a una nueva, de acuerdo al Reglamento.

Dolores Padierna (PT) argumentó: “No podemos estar de acuerdo con la minuta de la Cámara de Diputados porque incumple con la sentencia de la Suprema Corte y además, es un marco legal que no frena la discrecionalidad en el otorgamiento de publicidad oficial a los medios de comunicación".

Y el senador Héctor Larios (PAN), habló de los excesos en el gasto publicitario del gobierno federal. En esta administración andan por el orden de los 60 mil millones de pesos. Y en los estados y municipios más o menos en la misma cantidad.

Estamos hablando de 120 mil millones de pesos que se ejercen en 6 años y que significarían el presupuesto de todas las universidades del país en un solo año incluyendo a la UNAM. Esto es lo que tenemos que reflexionar.

CNDH pide considerar estándares internacionales

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las comisiones considerar los estándares internacionales y el Informe Especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial, durante el análisis para la aprobación de la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental, con el fin de fortalecer la libertad de expresión y la democracia en el país.

La CNDH advierte de la gran responsabilidad que tienen los legisladores en la emisión de la citada Ley, ya que deberán tomar en cuenta los estándares sobre publicidad oficial aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionados con el establecimiento de leyes claras y precisas.

Es decir, -señala- objetivos legítimos de la publicidad oficial; criterios claros de distribución de la pauta estatal; planificación adecuada; mecanismos de contratación; transparencia y acceso a la información; control externo de la asignación publicitaria, así como garantizar el pluralismo informativo.

Refiere que una demanda de la sociedad, es que los recursos públicos destinados a publicidad oficial se asignen de manera eficaz y clara; así como propiciar la mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo y destino de los recursos públicos en materia de publicidad gubernamental, sin violentar derechos de terceros o inhibir la vigencia y ejercicio de los derechos humanos, en particular los relativos a la información y a la libertad de expresión.

“El Informe Especial elaborado por la CNDH tiene su origen en las recomendaciones emitidas por el Organismo Nacional y dirigidas a autoridades federales por no contar con criterios objetivos de asignación sobre esta materia, así como en diversas solicitudes de información dirigidas a todas las entidades federativas sobre la manera en que se regula, controla y asigna la publicidad oficial", recalcó.


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