Por unanimidad el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó, en su totalidad, los Formatos de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, así como a las Normas e Instructivo para su llenado y presentación.
En estos se aprobó privilegiar el interés superior de la niñez al momento de recabar la información de dependientes económicos de los funcionarios públicos obligados.
En la segunda Sesión Extraordinaria 2019 del Comité Coordinador del SNA, sus integrantes decidieron incorporar en esta parte una redacción que también contemplara un lenguaje inclusivo por lo que se aprobó una redacción propuesta por la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval.
“En el caso del menor de edad se deberán privilegiar el interés de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables. Por tanto, todos sus datos personales no serán susceptibles de publicidad”, señala la nueva redacción aprobada por unanimidad.
En la segunda reunión extraordinaria participaron los cinco ejes recorres del SNA: el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) José Octavio López, el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, la fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos y la titular de la SFP, Sandoval ballesteros.
Es de mencionar que luego de aprobarse el “Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el Formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las Normas e instructivo para su llenado y presentación”, el tramite siguiente será su publicación en el Diario Oficial de la Federación para ser de observancia obligatoria. La fecha no fue determinada por este pleno.
Con ello, se establecen tres formatos de declaración para los servidores públicos, mismos que habrán de ser presentados: al inicio de su encargo, cada año sobre la modificación de su situación patrimonial y al concluir su encargo, cada uno con requerimientos específicos de información, anteriormente se planteaba un formato único.
Cabe destacar que dentro de estos nuevos formatos se modifica la segmentación de los servidores públicos para definir quiénes están obligados a presentar una declaración simplificada o bien aquellos que deberán presentar la declaración en su totalidad, siendo estos últimos aquellos que tengan un nivel igual o superior al de Jefe de Departamento.
Ello, al buscar que aquellos servidores públicos de base o de bajo nivel de responsabilidad que anteriormente no estaban obligados a declarar, ahora lo puedan hacer mediante un formato simplificado.
También incorpora la opción para que el servidor público indique, bajo protesta de decir verdad, que no le aplican ciertos rubros relacionados con datos patrimoniales y de conflicto de intereses, opción que no estaba disponible anteriormente.
En la discusión, los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción también aprobaron por unanimidad que, en el llenado de estos formatos, también se incluyan si los funcionarios implicados tienen un grado de participación en la toma de decisiones o no, dentro de un catálogo de instituciones y organismos como los partidos políticos, en tanto, se excluyó a las instituciones religiosas de este escrutinio, como se había considerado desde un primer momento.
La propuesta fue llevada a la mesa por la fiscal anticorrupción Mijangos Borja.
En otros temas el Comité Coordinador, que preside López Presa, del CPC, desechó cinco propuestas elaboradas por el INAI en las que se buscaba que la información de saldos o activos se manifestaran cabalmente y en términos concretos, es decir en pesos y centavos, no así por apreciación de su variación de un año a otro, como solicitó Acuña Llamas, como portavoz del INAI.
Este punto fue desechado al considerarse que estos preceptos podrían afectar la protección de datos, seguridad y dignidad de las personas obligadas a llenar estos formatos, al considerarse que México con altos d índices de violencia e inseguridad.
Se eliminó del análisis la obligación de indicar a qué sector o industria pertenecen todos los terceros directos e indirectos en estos formatos, como los son cónyuges, familiares y prestadores de servicios bienes e inmuebles.
En este mismo sentido, se votó en contra de que ´se diera mayor publicidad a los terceros y dependientes económicos, pues el INAI acusó que dentro del gobierno federal “hay funcionarios pobres y parientes muy ricos”.
El comisionado presidente del INAI señaló que existen casos en los que la gente ve que el funcionario puede traer un coche muy austero, pero puede ver también que los hijos traen coches de un nivel económico muy distinto”, por lo que señaló la necesidad de incluir esta información, sobre todo para el escrutinio ciudadano y no el especializado a cargo de estas dependencias.
Así mismo, la petición propuesta por el INAI de incluir 110 conceptos más a la lista de campos obligados a rellenar por los funcionarios públicos fue bateada por el pleno del Comité Coordinador del SNA, ya que se ponderó que, si bien se necesita de bastante información por parte de los servidores públicos, ésta debe de ser la necesaria, así como que sea accesible y fácil de implementar para los nuevos sujetos obligados, quienes realizarán esta declaración por vez primera.
En los acuerdos alcanzados se inscribe que serán las autoridades de control interno dentro de cada poder y nivel de gobierno, además de aquellos de los órganos autónomos, quienes tendrán la facultad de interpretación administrativa de los formatos y de las normas e instructivo para su llenado y presentación, lo anterior con el fin de facilitar la aplicación de los formatos y poder dar respuesta a situaciones específicas que podrían no estar contempladas por lo dispuesto por el Comité Coordinador, facultad que anteriormente no se otorgaba a alguna institución de manera expresa.
Ello, luego de que el CJF manifestara la necesidad de formatos más estrictos para los funcionarios operativos y no administrativos del Poder Judicial de la Federación, ya que estos contemplan mayores rubros en los que podrían recaer en un conflicto de interés.
