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PUEBLA. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) desechó los recursos de apelación de Antorcha Campesina y negó otorgar el registro de partido político a dicha asociación civil, debido a irregularidades cometidas por el representante Elieser Popócatl y otros integrantes en el proceso de formación ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).
También resolvió que el instituto no tenía facultades para suspender la formación del partido a pesar de las ilegalidades, ya que debía imponer otras sanciones, además determinó reportar a la Fiscalía General del Estado (FGE) los supuestos ilícitos como la falsificación de firmas durante la formación del nuevo partido, para que investigue y sancione.
.jpg "Aquiles Córdova, dirigente Antorcha Campesina, foto. Ernesto Muñoz (26).jpg")
Ayer, en sesión a puerta cerrada, los magistrados resolvieron 97 recursos que interpusieron integrantes de la asociación civil Movimiento Antorchista y la representante de la organización Podemos Puebla, Camerina Viveros Domínguez, en la que confirmaron el acuerdo del IEE que el pasado 29 de enero negó el registro como partido a Antorcha. “Se declara como no procedente el otorgamiento del registro como partido político local a Movimiento Antorchista. No cumplió con el requisito que exige la ley de presentar al IEE en tiempo y forma a más tardar el 31 de enero de 2019 la carta de manifestación de intención para constituirse como partido local”, determinaron por unanimidad.
El Movimiento Antorchista tampoco presentó en tiempo y forma los informes de origen y destino de los recursos utilizados en el procedimiento para la constitución de su partido en Puebla. Además el tribunal declaró que no es válida la certificación de las asambleas distritales y la estatal que realizaron los antorchistas, ya que el personal electoral que las verificó no fue designado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.
El magistrado presidente, Gerardo Saravia Rivera, que se encargó de integrar el proyecto, expuso que no fue posible verificar el resto de los requisitos legales, ya que no existe certeza de que las asambleas distritales y la estatal hayan cumplido con los requerimientos.
